“El día de la verdad”, así tituló Enrique Sacco la conferencia en el salón Montevideo de la Legislatura porteña, donde él y su abogado, Diego Pirota, presentaron este miércoles los resultados del último informe de la autopsia a Débora Pérez Volpin.

Con las voz entrecortada y los ojos vidriosos, el hombre que era pareja de la legisladora y periodista habló tres minutos, antes de dejarle la palabra a su representante.

“Sostengo en nombre de la familia que no tenemos rencores, que no tenemos sed de venganza, que sólo queremos la verdad, y la tenemos, y queremos que esto no pase nunca más, a nadie”, puntualizó Sacco, con la voz temblorosa.

Así dio paso a Pirota, quien dio más detalles sobre los datos que reveló el estudio histopatológico, que eran los que faltaban para completar las conclusiones finales de la autopsia y este jueves serán adjuntadas a las conclusiones de la causa.

“La muerte de Débora se produjo por una perforación instrumental del esófago: no tenía ni una úlcera ni una hepatitis. Nada de lo que dijo la clínica, ni en on ni en off, es verdad. Acá está la verdad. De esto murió Débora”, dijo el abogado. Y agregó que la conclusión del estudio es que se trató de una “muerte violenta”.

El informe explica que la lesión se produjo a cinco centímetros del hueso hioides y hubo lesiones en el estómago. También que durante la endoscopía se insufló una cantidad excesiva de aire, como en la reanimación, que llegó al tórax y esto habría causado un paro cardiorespiratorio.

Pirota también criticó duramente a la clínica La Trinidad, donde se realizó la intervención el 6 de febrero. Señaló que el sanatorio mintió al decir que la legisladora sufría de un “cuadro de hepatitis importante” y de una úlcera en el estómago. “Además -aseguró el abogado- la clínica violó una norma penal al hablar de una historia clínica, que es un secreto profesional”.

Fuentes del caso señalaron, por otro lado, que ahora se deberá investigar una posible “cadena de errores médicos” que podrían haberse iniciado incluso antes de que la periodista quedara internada en clínica de Palermo, cuyas autoridades podrían ser denuncias por parte de la familia en una nueva demanda, bajo la sospecha de haber intentado entorpecer la investigación.

“Los únicos cuatro profesionales -tres instrumentadoras y una técnica en anestesia- que vinieron a declarar a la causa, dijeron que fueron convocados por el presidente de la Clínica, el doctor Eduardo Cavallo, a su despacho a solas, a hablar de lo que había sucedido. Eso no se hace, no puede pasar en una causa penal”, sostuvo Pirota.

El abogado contó además que, al iniciarse la investigación, tuvieron que ir personalmente a la clínica a buscar información para la causa. “Tuvimos que pedirle a la clínica los listados del personal que intervino, de los registros de distintos equipos que quedan en enfermería, de todo lo que pasa en el quirófano”, y explicó que “como no se allanó, se pidió casi por favor a la clínica”.

El representante de la familia de Pérez Volpin también criticó al juez de la causa, Gabriel Omar Ghirlanda, a quien acusó de entorpecer deliberadamente el proceso.

Advirtió además que “hay muchísimos elementos” como para sospechar que hubo un “entorpecimiento de la investigación”. “Tuvieron plena conciencia, por ser médicos, sobre qué fue lo que pasó para que se produzca semejante desastre. Primero les dijeron que había incertidumbre, con una serie de conjeturas que se hicieron a ‘Quique’ y a los profesionales médicos a los que obviamente no les cerraba la explicación, porque ellos entienden del tema”.

Y agregó: “El juez tenía que allanar y llevarse el endoscopio, pero lo hizo tres días más tarde y nos encontramos con un equipo viejo, obsoleto”, sostuvo. En esa línea, culpó al juez de permitir que “se pierdan pruebas concluyentes”.

Tras la polémica, y reiteradas denuncias en su contra, Ghirlanda finalmente renunció el martes pasado a su cargo como juez subrogante al frente del juzgado Criminal y Correccional N° 57. Aparentemente, para concentrarse en un juicio oral pendiente. El candidato a reemplazarlo sería el doctor Carlos Manuel Bruniard, actual juez del juzgado correccional N° 50, quien este jueves ya estaría a cargo del caso.

“Este informe nos va a permitir a la familia abrazarnos y conseguir un poco de paz. A partir de ahora será la justicia, del nuevo juez, que tendrá la posibilidad de ver un montón de situaciones. Le rogamos que tenga la inspiración, la personalidad, la sabiduría, la experiencia y el compromiso para resolver esto de acuerdo a lo que Débora hubiese querido”, sostuvo, por su parte, Sacco.

Otro de los puntos importantes de este miércoles fue la responsabilidad en la muerte de la legisladora que le cabe a los dos médicos imputados en la causa, la anestesista Nélida Inés Puente y el endoscopista Diego Ariel Bialolenkier.

Sobre ellos, Pirota dijo que “no tenemos elementos para pedir las detenciones del endoscopista o el anestesista: no hay elementos para creer que pueden entorpecer la investigación. No así con las autoridades de la clínica”. Y cuestionó severamente la actuación.

Sobre el endoscopista, aseguró que “no vio el momento en que se produjo la lesión, que fue muy grave, y siguió el procedimiento”, explicó el letrado.

También criticó a la anestesista, quien en un escrito presentado a la fiscal, Nancy Olivieri, días atrás, dijo que la periodista “tenía hinchada la cara” en el momento de empezar la reanimación. Ella “agravó el cuadro mandando más aire por la boca”, señaló Perota. Los abogados de ambos especialistas los defendieron de las acusaciones.

Ahora, resta realizar la interpretación médica de los datos, la cual puede demorar un mes y medio más, en la que los médicos del Cuerpo Forense, junto a los peritos de partes, analizarán los resultados del informe, para definir cómo se produjo la perforación.

 

Fuente: clarin.com

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