Se cierra en falso la inverosímil investigación con la que se intentó destapar una cuenta de Facebook que puso en jaque a Imbroda. Por primera vez, los imputados hablan del caso

Xavi y su mujer acababan de llegar a casa con la compra de la semana cuando alguien tocó a la puerta. Eran dos agentes de la Guardia Civil y una secretaria judicial. “Nos dijeron que estábamos detenidos por pertenencia a una organización criminal, por injurias, calumnias y revelación de secretos”. Mientras los agentes procedían a registrar el domicilio, el hijo adolescente de la pareja no paraba de llorar. “Todavía no había llegado el abogado de oficio y revolvieron la casa entera: abrieron los cajones, miraron debajo de los colchones, se llevaron todos los dispositivos, los móviles, los ordenadores portátiles, el módem de casa y todos los papeles”. Era el 19 de diciembre de 2014.

Xavi y su mujer pasaron todo el día detenidos, desde las tres de la tarde hasta las once de la noche, a pesar de que en el auto ponía explícitamente que no se contemplaba la detención. En algún momento de esas ocho horas, les confirmaron el motivo de su arresto: estaban acusados de ser Lisbeth Salander. En las novelas de Stieg Larsson, Salander es una ‘hacker’ pequeña y delgada, con un dragón tatuado en la espalda, aficionada al boxeo, alcohólica y bisexual, que ejerce de justiciera en los márgenes de la legalidad y que ha sido descrita incluso como icono del nuevo feminismo. En Melilla, Salander es el perfil de una cuenta de Facebook que ha convulsionado la vida pública de la ciudad autónoma desde su aparición a mediados de 2012.

Con acceso a información privilegiada, incluídos sumarios policiales enteros, la Salander de Melilla llegó a convertirse en el gran azote del gobierno de Juan José Imbroda, intercalando documentos comprometedores con insultos y acusaciones veladas en cientos de interacciones en redes sociales. Con los meses, acabó cargando también contra empresas influyentes y partidos de la oposición. Los melillenses aseguran que no ha habido ningún periodista, político o activista tan influyente como esta cuenta anónima, en la que se llegaron a publicar exclusivas como el auto judicial de las operaciones Tosca y Ópera, una ofensiva anticorrupción llevada a cabo en la ciudad autónoma en la que se imputó a la mitad de los consejeros del Imbroda. Tosca y Ópera: quédense con esos nombres porque son parte importante de la historia.

Varias horas antes de que llamasen a la puerta de Xavi, la prensa local ya estaba informado de su arresto. Las crónicas de aquel día explicaban que la Guardia Civil había identificado a cinco personas responsables de controlar la célebre cuenta de Facebook del ‘whistleblower’ local. Por fin se iba a saber quién era Salander, perfil tras el cual, decían, se ocultaba una red con intereses políticos organizada y liderada por Xavi, exempleado de una compañía que encadena contratos públicos en Melilla (Eulen), un hombre a quien se retrataba como cargado de rencor contra su antigua empresa.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOJP), correspondiente a la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, llevaba desde finales de 2012 investigando a Salander, después sumar demandas de consejeros del gobierno autónomo, políticos, empresarios y representantes de Eulen, hasta llegar a la conclusión de que el principal objetivo era desprestigiar al gobierno de Imbroda. Fuentes conocedoras del caso aseguran que “se decidió que había llegado la hora de silenciar una cuenta que estaba haciendo mucho daño a gente muy importante al publicar muchos escándalos que eran ciertos”.

Ocho tomos de sumario

La caza de Salander se bautizó como ‘Operación Montecristo’ y es probablemente la mayor acción policial llevada a cabo nunca en España para destapar una identidad escondida tras un perfil de redes sociales. El sumario -un tocho de ocho tomos y miles de páginas- se documentó durante meses y los detalles acabaron desplazando la atención de la opinión pública de las dos grandes operaciones anticorrupción en curso, de Tosca y Ópera, a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Melilla. En definitiva, cuanto más se hablaba de la Salander de Melilla, menos eco tenía la trama que denunciaba en su cuenta anónima.

“Una cosa tapó la otra y a nosotros simplemente nos ha arruinado la vida”, explica Xavi, hoy desplazado a la península y temeroso de volver a Melilla, donde dice sentirse amenazado. La misma noche de la dentención, recuerda, su mujer acudió a trabajar al turno de noche en la oficina. A los pocos minutos de entrar entendió que ya estaba al tanto todo el mundo. “Fue despedida menos de dos meses después. Aquello era una pesadilla. El editor de un periódico que se llama ‘Melilla Hoy‘ empezó a publicar día sí y día también nuestras fotos y nombres, aún estando la operación bajo secreto de sumario. Nos acusaban de revelar secretos de sumario en la misma noticia donde ellos revelaban secretos de sumario”.

Xavi describe los días que siguieron como un ‘thriller’: miradas por la calle, cuchicheos, gente señalando, insultos en redes sociales, amenazas de muerte… “Se publicó información personal e íntima sacada de nuestros ordenadores. Por ejemplo fotos de mi padre, una deuda con American Express, una noticia diciendo que me estaba buscando Hacienda. Denunciamos cuatro veces a la Guardia Civil y nunca nos hicieron caso”, abunda, aportando un sinfín de pruebas documentales.

El sumario de ‘Montecristo’ trató de demostrar la conexión entre Salander y los nueve imputados, todos relacionados con un pequeño partido político extinto llamado PPL, una escisión del PP liderada por el expresidente de Melilla,Ignacio Velázquez. Él y su hija, Paz Velázquez, actual vicepresidenta de Melilla tras hacer las paces con el PP local, empezaron como denunciantes y acabaron siendo imputados por filtrar información a la cuenta de Salander.

Después de todo el ruido mediático, de páginas y páginas en la prensa local, de rogatorias internacionales para conseguir información de los servidores de Facebook y Microsoft, la causa acabó disolviéndose. La verdadera identidad de Salander nunca ha sido desvelada y, de hecho, la cuenta continúa abierta en Facebook, aunque silente. Tanto la juez encargada del caso como la Fiscalía decidieron archivar el caso a principios de este año, asegurando que no había ninguna prueba de que Xavi, su mujer, así como ninguno de los otros imputados, estuviese detrás de la cuenta anónima. Sobre el matrimonio, en concreto, la Fiscalía concluyó que “no hay elemento ni indicio alguno para atribuirle un delito de descubrimiento y revelación de secretos. No se ha intervenido material a ambos en el que se hayan encontrado elementos o conductas que tengan encaje en el delito anteriormente descrito”.

La pareja insiste en el que el daño es ya irreversible y que ha arruinado la vida de al menos siete personas. Cuando la mujer de Xavi perdió su empleo, el domicilio familiar dejó de percibir ingresos y tuvieron que recurrir a amigos y familiares para pagar los gastos básicos, incluso para comer. Arrastran deudas y amenazas de embargo.

¿Persecución de testigos?

Xavi dice que es imposible entender su detención sin hablar de su último trabajo en Melilla, el que se vio obligado a abandonar en 2012. “Yo era supervisor provincial de Eulen y gestionaba todos los contratos de la compañía, una cuenta de entre tres y cuatro millones, con 200 personas a mi cargo”. Los problemas, relata, empezaron cuando se enfrentó con sus superiores, alertado por “el trasiego de pliegos, de cómo contraban gente a petición del gobierno de Imbroda, de cómo se decidían los salarios por órdenes políticas, de los contratos a cambio de favores políticos, de todos los delitos que se cometieron”. La situación desembocó, abunda, en una bronca con el director de la empresa, con Juan Antonio Morales. “Le dije que no estaba dispuesto a seguir firmando y hacer las cosas que estaban haciendo. Me respondió que si le buscaba las cosquillas no iba a trabajar en mi puta vida en Melilla. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió”.

La madeja de corruptelas, que Xavi describe, fueron parte fundamental de las investigaciones abiertas en Tosca y Ópera, en cuya instrucción él declaró como testigo. “Estoy seguro de que me acusaron de estar detrás de Lisbeth Salander para acallar las investigaciones, en las que estaban imputados el propio Juan Antonio Morales, Victor Manuel Ramírez, que eran mis superiores, así como otras tres personas de la oficina. Con la excusa de Lisbeth Salander consiguieron convertir a los testigos en imputados. No es casualidad que los instructores tienen familiares trabajando en Eulen”, alega.

Su versión es secundada por casi todos los imputados, incluído otro matrimonio: el formado por un policía nacional (suspendido durante 14 meses en empleo y sueldo y que ahora espera a que le ingresen todas las nóminas sin cobrar un vez archivado el caso); y por una simpatizante del PPL que trabajaba en una juguetería y que asegura que perdió su empleo cuando la ‘Operación Montecristo’ empezó a salpicar las portadas de la prensa local.

Acusados en 2015, en una segunda fase de la Montecristo, decidieron poner una querella contra los responsables de su arresto, una acción judicial que fue admitida a trámite en febrero de 2017 y por la que varios agentes de la Guardia Civil están siendo ahora citados a declarar en calidad de investigados por detención ilegal. Al policía nacional acusado de formar parte de la ‘red Salander’, le cruzaron un coche en mitad de la carretera cuando iba camino del fisioterapeuta y se lo llevaron detenido. Desde las diez de la mañana hasta las 14:20 permaneció en comisaría. La querella que ha puesto plantea presuntas irregularidades y, más en general, se queja de una “injusticia” que ha perjudicado gravemente su vida personal y profesional.

Seis años después de la creación de la cuenta anónima, la identidad de Lisbeth Salander sigue siendo un misterio en Melilla, la Operación Montecristo está archivada y las investigaciones de Tosca y Ópera cogen polvo en un archivo a la espera de que los juzgados decidan qué hacer. En Melilla hay un viejo dicho que sale a relucir en todas las conversaciones con quienes aseguran ser víctimas del caso: el Estado de derecho nunca cruza el Estrecho.

 

Por Angel Villarino

Fuente: elconfidencial.com

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