La fiscal Manuela Villar, especializada en casos de lavado de activos, solicitó el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil del congresista Mauricio Mulder, investigado por ese delito como parte de las pesquisas al Partido Aprista Peruano (Apra) en relación a presuntos aportes de origen ilícito para financiar actividades de campaña en 2011, según documentos obtenidos por Convoca.pe.

“Es necesario corroborar si las aportaciones o ganancias obtenidas por las presuntas actividades ilícitas habrían sido insertos al sistema financiero a través de la adquisición de bienes o efectuando las aportaciones con el fin de que se realicen gastos para las elecciones de 2011”, se lee en el escrito en poder de este medio digital, fechado el 6 de junio reciente.

El Apra fue incluido en las investigaciones en diciembre de 2015, luego de que un informe técnico de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) revelara que el origen de los donaciones de dinero de 14 de sus postulantes al Legislativo (S/ 43,450) era “desconocido”, las cuales no figuraban en su totalidad en la información financiera presentada ante la entidad estatal.

Al proceso indagatorio inicial se sumaron indicios de otros casos, como de los denominados “Narcoindultos”; la contribución de 5 mil dólares al Apra en 2006 por parte de Alfredo Sánchez Miranda —hijo de Orlando Sánchez Paredes, procesado en el más grande juicio por blanqueo de capitales en el país—; y una serie de acusaciones de la “Megacomisión”.

Al igual que Mulder, el exsecretario general del Apra, Omar Quezada, fue comprendido en la investigación de la fiscal Villar el pasado 19 de diciembre de 2017, de acuerdo con la documentación revisada por este medio digital. También fueron incluidos Rosa Álvarez y Franklin Chávez, la contadora y el tesorero de la agrupación política.

 

‘Gestores identificados’

Villar sostiene que el parlamentario aprista, al haber ejercido entre el 2004 y 2010 la titularidad de la Secretaría General colegiada del partido, que presidió Alan García, conocía del supuesto dinero negro que se movía entre las cuentas de la organización política que se encuentra en los radares del subsistema antilavado.

“Después de haber desarrollado los primeros actos de investigación por medio del acopio de información relevante, como también la recolección de declaraciones testimoniales, se advirtió que el periodo de la campaña de elecciones generales de 2011 contó con gestores identificables (que se registraron como responsables de la marcha administrativa del Apra)”, se lee en la disposición fiscal.

De esa forma, la magistrada se refirió a los “que aparecen legalmente como representantes, a los únicos autorizados al acceso de las cuentas abiertas en el sistema financiero, y a los responsables de la recepción y el gasto de los fondos partidarios”.

A razón de ello, el pasado 5 de abril la Fiscalía contra el Lavado de Activos amplió por 180 días las investigaciones a Mulder y Quezada, “a fin de que se agoten las diligencias pendientes y las que resulten  pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos, disponiéndose actuar en sede fiscal”.

“Para mayor abundamiento la importancia del requerimiento de levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil estriba en la necesidad de conocer sobre las operaciones bancarias, financieras y otras que pudieran haber tenido las personas naturales y jurídicas investigadas”, añadió Villar.

La fiscal Manuela Villar explicó en su escrito que dichos gastos de campaña, como es de uso común en el delito de lavado de activos por parte de asociaciones criminales, podrían constituir actos de conversión, transferencia y ocultamiento de dinero “con la finalidad de evitar su identificación o vinculación con dicho origen ilícito, su incautación o decomiso”.

El Ministerio Público busca determinar si Mulder y Quezada, por medio del Apra, se hicieron de activos provenientes de actividades ilícitas o si tenían conocimiento total de la procedencia de fondos irregulares provenientes de acciones criminales, “teniendo en consideración la labor gerencial y de representación con la que cuentan en el partido”.

 

Parlamentario responde

Consultado por Convoca.pe sobre las medidas de la Fiscalía, Humberto Abanto, quien dirige el equipo de abogados que asumieron la defensa del partido aprista, indicó que la serie de ampliaciones que ha dispuesto la fiscal Villar para realizar su investigación preliminar es “inaudito”, tomando en cuenta que estas comenzaron en diciembre de 2015.

Por ello, Abanto presentará un recurso de control de plazo, cuya finalidad consiste en exigirle al Ministerio Público que se pronuncie en torno al destino del expediente; es decir, que habiéndose “excedido” el plazo para evaluar el caso, la fiscal debe decidir si el caso debe avanzar a la siguiente fase o pasar al archivo por falta de pruebas.

Además, el abogado penalista sostuvo que el pedido de levantamiento del secreto bancario a Mulder, Quezada y otros apristas se encuentra fuera del marco temporal de la investigación, por lo que bajo su óptica no sería viable. “Aun así la fiscal Manuela Villar decidió ratificar su intención de acceder al secreto de las cuentas del congresista y los demás implicados”, agregó.

Este portal también recogió la versión del legislador Mauricio Mulder, quien consideró que las acciones requeridas por la representante de la Fiscalía de Lavado de Activos son “ilegales” y que durante todo el periodo de investigación no se encontró irregularidad alguna en torno a él ni contra el Partido Aprista Peruano.

“Que pretendan levantar mi secreto bancario, sin haberme citado durante todos estos años como mínimo, me resulta sumamente irregular; además, yo tengo inmunidad parlamentaria de acuerdo a ley. Esta investigación se está desarrollando de forma ilegal a modo de ‘pesca’, porque la fiscal Villar está buscando a ver qué encuentra y nada más”, dijo el aprista.

 

Por Eduardo Alonso García

Fuente: convoca.pe