El Fiscal Víctor Raúl Rodríguez Monteza amenaza a periodistas “por delito de desobediencia a la autoridad”. Exige, además de una copia del material, revelar quién se los entregó, dónde y cuándo.

Periodistas son exigidos a entregar material, bajo apercibimiento por delito de desobediencia a la autoridad. Créditos: Foto: La República

 

La Fiscalía Suprema de Control Interno remitió oficios a IDL-Reporteros y Panorama para que no solo le entreguen los audios que implican a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y algunos magistrados, sino también para que estos medios revelen sus fuentes.

El fiscal Víctor Raúl Rodríguez Monteza exige, “bajo apercibimiento de remitirse copias por delito de desobediencia a la autoridad”, que los medios entreguen su material y la información indicada en un plazo no mayor a tres días.

En los documentos revelados este jueves por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que condenó los mismos, se enfatiza que el portal IDL y el programa televisivo Panorama deben señalar “quién fue la persona que les entregó los audios, dónde, cuándo y a través de qué medio (correo electrónico), red social, dispositivo portátil, etc.)”.

“El IPYS advierte en el Congreso y en un sector del Ministerio Público actuaciones contra los informadores que benefician a  los corruptos”, aseveró el gremio periodístico.

Cabe precisar que el fiscal Rodríguez Monteza fue nombrado por el CNM presidido por Guido Águila, uno de los mencionados en las grabaciones.

Estas notificaciones salen a la luz en el mismo día en el que Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, y Rosana Cueva, directora de Panorama, no acudieron a la citación de la comisión de Fiscalización del Congreso, donde el fujimorismo también exigió que revelaran sus fuentes de investigación.

El accionar de la Fiscalía y del Congreso fue condenado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que recordó que cualquier medida tendiente a incautar material periodístico, que requiera relevar fuentes o citar a periodistas en calidad de testigos, tiene un efecto restrictivo sobre la libertad de expresión.

El organismo enfatizó que el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

 

Fuente: larepublica.pe

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