Isidro Baldenegro hizo historia en México, al ser un indígena que dedicó su vida a la lucha contra la tala ilegal de árboles en la zona habitada por los tarahumaras, en la Sierra Madre Occidental.

Su esfuerzo fue reconocido a nivel internacional con el Premio Goldman en 2005 (conocido como el Oscar para los ambientalistas). Todo es doblegó su valor para sus asesinos, quienes el 15 de enero de 2017 cumplieron su amenaza de ir por él si no abandonada la defensa de los bosques.

Su padre, Julio, había sido asesinado por un grupo de sicarios en 1986, también por oponerse a los depredadores que querían la codiciada madera de los bosques en la región.

La historia de los Baldenegro ejemplifica por qué México se convirtió en uno de los países donde más empeoró la situación para los ambientalistas en 2017, según el ultimo informe de la organización ecologista Global Witness quien señala que el país es uno de los escenarios perfectos para que los asesinatos de activistas queden en la impunidad.

“México fue uno de los países donde más ha empeorado la situación: en 2017 fueron asesinadas 15 personas, en comparación con los tres casos registrados el año anterior”, según el documento.

La organización encontró las razones principales por las que México es ahora uno de los países más peligrosos para los ambientalistas, además de la impunidad: el crimen organizado, la falta de protección a personas en riesgo, y la falta de consulta en las comunidades sobre los megaproyectos.

“El crimen organizado se fortalece en un contexto de impunidad, lo que genera mayor violencia contra las personas defensoras, particularmente en aquellas áreas donde tienen presencia las pandillas vinculadas al narcotráfico”, destacó el documento.

El derecho al agua

La defensa del medio ambiente se ha intensificado en el actual sexenio con la explosión de concesiones mineras y los llamados megaproyectos que empezaron a surgir por todo el país, principalmente construcciones de carreteras, plazas comerciales y desarrollos habitacionales que ponen en riesgo los recursos naturales, el abastecimiento de agua y las áreas nativas de pobladores que terminan por ser desplazados de sus tierras.

“El gran tema que dentro de poco será transversal para el país es el tema del agua, los conflictos más cruentos en lugares como el Estado de México están relacionados con el agua“, dijo a Infobae Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organización que ha realizado la defensa de 25 ambientalistas, principalmente indígenas, que han sido enviados a prisión o acusados legalmente.

Uno de estos casos es el de seis indígenas nahuas de la comunidad de Tlanixco, en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México, que en 2003 encabezaban la defensa del agua de su comunidad, cuyo abastecimiento estaba en peligro por una concesión que se había entregado a grupos empresariales de floricultores.

En un enfrentamiento con el empresario Alejandro Isaak Basso, líder de los floricultores de un municipio contiguo, y un grupo que lo acompañaba reinó la confusión.

Los seis indígenas fueron condenados a 50 años de cárcel, acusados de haber linchado a Basso, mientras ellos sostienen que en medio de la confusión, él cayó a un barranco.

Lara Duque aseguró que como este ejemplo existen muchos, porque la ley es más estricta cuando se trata de defensores indígenas.

“La prioridad es ‘hay que hacer a un lado las casas de los indígenas’ y por eso terminan asesinados, criminalizados, despojados o sometidos”, afirmó.

 

La lucha contra un gigante

La lucha por el agua fue la que también llevó a la cárcel León Fierro en mayo de este año.

León es parte de un movimiento llamado Mexicali Resiste, que nació en respuesta a la construcción de una planta cervecera de la empresa Constellation Brands en el Valle de Mexicali, en la frontera con Estados Unidos, que además de poner en riesgo el abasto para consumo humano también pone en riesgo la supervivencia de 800 hectáreas abiertas de cultivo.

Según la manifestación de impacto ambiental que sirvió para que las autoridades estatales aprobaran el proyecto, la cervecera necesitará 15 millones de metros cúbicos de agua de pozos del acuífero del Valle de Mexicali, en Baja California, y 5 millones de metros cúbicos de agua superficial, que suman 20 millones de metros cúbicos de agua al año para su producción de cerveza.

Según los activistas de cada tres litros de agua en el valle, la empresa convertirá uno en cerveza.

Parte del proyecto era la construcción de un acueducto que llevaría a la planta 10 millones de metros cúbicos de agua, pero ante las protestas, esta parte del proyecto está detenida.

Pero para Fierro “ha sido muy grande el hostigamiento y la represión”.

“El hecho de vivir en México ya es un riesgo por la cantidad de muertes violentas que es comparable a un país en guerra, pero si nos vamos al ámbito de la exigencia de justicia esto ya te pone en riesgo y si nos vamos al ámbito de la justicia ambiental y lo sumamos a contraponernos a los grandes intereses capitalistas de empresas transnacionales como Constellation Brands, las mineras, empresas extractivistas, agorindustriales… te pone en las peores alertas a nivel internacional“, dijo Fierro a Infobae.

Este año fue acusado de haber abordado un auto con la intención de atropellar a unos policías durante una protesta, gracias a la presión social salió libre a los 20 días de haber sido detenido. En julio se le incluyó en un mecanismo especial de protección del Ministerio del Interior.

Desde enero de 2017 ha tenido que pagar el precio de defender el agua: “empezamos muchos del movimiento a recibir amenazas, hostigamientos, represión, estigmatización social, se nos ha puesto en periódicos y pantallas como criminales, se nos han perseguido física y jurídicamente“.

“He tenido amenazas de todo tipo, ha habido amenazas de muerte, estuvieron fotografiando a mis hijos, en la casa y en la escuela, he sido víctima de persecuciones en carros, mensajes por teléfono, mensajes hirientes”, relató.

Recordó que ya preso, “de manera muy sutil”, una funcionaria municipal le sugirió que “moderara mi lengua”.

 

El precio de conservar el bosque

Desde hace más de cinco años, Moctezuma Madrigal, vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, realiza una campaña para defender el último pulmón natural de su ciudad, Morelia, en el Estado de Michoacán.

Él y su movimiento se oponen a la construcción de un libramiento vial que, según estudios realizados por académicos, pone en riesgo la vida de 14.000 personas, especies animales y vegetales en peligro de extinción y quita casi 200 hectáreas de zona verde a la ciudad. También pone en riesgo la principal fuente de abastecimiento de agua de la capital, el Río Chiquito, que suministra el 40% de agua potable a Morelia.

Hasta ahora ha librado la cárcel, pero “he sido hostigado por años. Han hecho circular volantes con mi cara, han mandado grupos de choque a ‘reventar’ (interrumpir de manera violenta) conferencias de prensa, en las protestas nos han golpeado, a la gente que colabora en el movimiento la han despedido de sus empleos, a los académicos que nos han ayudado con los estudios técnicos les han dicho en sus universidades que si siguen colaborando les van a reducir el presupuesto para sus investigaciones”.

Cuando se le cuestiona por qué se mantiene en un movimiento que le ha traído tantos problemas, simplemente responde: “la necesidad de vivir”, pues de concretarse la obra que a lo largo de los años ha presentado pausas para luego continuar, no sólo se acabaría el último bosque de Morelia sino también un estimado de 300 especies, entre flora y fauna, y al cortar el suministro de agua, la ciudad entraría en un proceso de hundimiento generalizado.

Lo han tratado de implicar en ataques a las vías federales de comunicación, portación de arma blanca y el año pasado en el asesinato de dos personas.

“Me hablaron dos reporteros que tenemos muy bien identificados con la línea del gobierno, me tenían en altavoz para preguntarme qué pensaba de que me implicaran en el asesinato de dos de mis guardaespaldas, ¡pero yo no tengo un carro, menos guardaespaldas!”, relató a Infobae.

Inmediatamente recurrió a Amnistía Internacional donde le advirtieron que se trataba de una especie de amenaza. Gracias a que el caso lo ventiló públicamente y a que su movimiento tiene resonancia a nivel local, se logró aclarar que las dos personas de las que se hablaba habían sido detenidas por un intento de asalto en un centro comercial y que en el camino a la Fiscalía habían “tratado de saltar de la patrulla” y fue así como murieron.

Desde hace años está a la espera de una respuesta por dos denuncias que interpuso después de ser atacado o amenazado.

 

Por Juliana Fregoso

Fuente: infobae.com

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