La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó este jueves la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner que había archivado el ex juez Norberto Oyarbide al hacer un planteo de cosa juzgada írrita o ilegal como consecuencia de la causa de los cuadernos de las coimas.

En una presentación la UIF, que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico, pidieron a la Cámara Federal porteña que desarchive esa causa que Oyarbide había sobreseído en el 2009 en tiempo récord, porque ahora admitió que actuó bajos presiones de los ex presidentes; del ex director de la SIDE, Antonio Stiuso, y del operador judicial K Javier Fernández.

Néstor y Cristina habían sido denunciados por el abogado Ricardo Monner Sans y otros porque en el 2008 habían registrado un aumento del 158 por ciento en el patrimonio que declararon en sus declaraciones juradas.

Los peritos de la Corte señalaron que el aumento de los bienes de Néstor “no se justificaba” con sus ingresos, pero Oyarbide se basó en un informe del contador K, Víctor Manzanares, y archivó la causa. Y el fiscal Eduardo Taiano no apeló luego de que su hijo sufrió un secuestro exprés.

El concepto de cosa juzgada írrita es nuevo y se basa en la idea de que si en el pasado una causa fue cerrada en forma ilegal, el beneficiado pierde el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo caso.

En su presentación, la UIF señaló que “dicho archivo motivó una serie de críticas y reacciones que culminaron en denuncias varias y en pedidos de juicio político para el Dr. Oyarbide que –en líneas generales– daban cuenta de la falta de independencia del mismo respecto del Poder Ejecutivo en franca violación con el artículo 109 de la Constitución Nacional”.

“Sin embargo, un marco de impunidad cubrió a aquella resolución y al juez que la había tomado, quien finalmente renunció a su cargo en abril de 2016”, agregó el escrito.

Y continuó: “La investigación llevada a cabo por el Dr. Claudio Bonadio en el marco de la causa N° 9608/20171 que ha tomado trascendencia pública en los últimos días daría cuenta de entregas de dinero por parte de los aquí imputados al juez a cargo de la causa, razón por la cual el mismo fue citado a prestar declaración indagatoria”.

“Se trataría nada menos que de una asociación ilícita cuya máxima autoridad habría sido el matrimonio Kirchner y que incluiría al juez que tantas veces los benefició con resoluciones favorables a sus intereses entre las que se cuentan los sobreseimientos dictados en esta causa”, señaló el pedido de la UIF.

Por otra parte, el fiscal Gerardo Pollicita había impulsado a principios de año diversas medidas sobre lo que se conoció en su momento –cuando la causa Hotesur quedó en manos del juez Julián Ercolini–, como “hecho tres” vinculado a los bienes de la ex Presidenta en el período 2009-2015.

En los primeros análisis se encontraron diferencias en las declaraciones de participaciones accionarias, inconsistenciasrespecto a algunos inmuebles y el movimiento de los plazos fijoses uno de los puntos centrales.

Cuando el matrimonio llegó a la Casa Rosada en 2003, consignó un patrimonio de $6.851.810. En la primera declaración jurada como jefa de Estado, reconoció bienes por $17.824.941. Las primeras denuncias surgieron: en un año los Kirchner dieron un salto sustancial en su fortuna que fue del 158%. Declararon bienes por $46.036.71.

Para la Justicia es un período “bisagra” ya que adquirieron propiedades que son “investigadas en diferentes causas hasta hoy”, indicaron fuentes judiciales.

Ese año Kirchner compró dos hoteles, Hotesur SA (US$ 4,9 millones) y Las Dunas (US$ 700.000), ambos investigados por lavado de dinero. Por este período y gracias al juez Oyarbide, los Kirchner fueron sobreseídos.

Ahora la Justicia se concentra en los movimientos patrimoniales del período 2009-2015,que cerró con bienes por $ 77 millones “donde podría haber omisión maliciosa o enriquecimiento ilícito”.

El fiscal Pollicita pidió la semana pasada a los bancos Santa Cruz, Nación y Galicia “toda la información bancaria vinculada a la familia Kirchner”, según confirmó Clarín.

¿Qué busca la Justicia en este punto? Determinar los movimientos de fondos entre una serie de cuentas y, principalmente, cómo se movieron “los plazos fijos”.

Para analizar la evolución patrimonial de Cristina Kirchner, se comenzaron a analizar cada uno de los plazos fijos que tuvo hasta el año pasado. Eran siete por $ 39.878.273.

Para esto se pidió a las entidades bancarias la información al inicio y cierre de cada uno de los plazos fijos, para saber “cómo se agruparon o cerraron” los mismos.

“Algunos pudieron haberse juntado al finalizar su fecha y traspasado a otra cuenta, los plazos fijos desde enero a diciembre, año a año para conocer bien su evolución”, explicaron fuentes judiciales. La sospecha es “cómo se movió el dinero y se declararon los plazos fijos hasta 2016”.

Además, se detectaron dos propiedades que desde 2012 no figuran más en la declaración de bienes,“ni se registró que hayan sido vendidas”. Se trata de dos inmuebles ubicados en la calle 25 de Mayo, en Río Gallegos.

Bajo observación hay fondos declarados como “saldo devengado no exigible por construcción” por $ 8,4 millones que según analizó la Justicia, es dinero proporcionado por Austral Construcciones, firma de Lázaro Báez.

“Así se ocultó una deuda millonaria con la empresa”, indicaron fuentes de la causa. Esa misma suma de dinero figura en una cuenta del Banco Santa Cruz y se busca reconstruir dicho circuito.

Otro punto bajo evaluación es la declaración de las participaciones accionarias. Pese a contar con la misma cantidad de acciones de Los Sauces SA (la inmobiliaria investigada por lavado de dinero), figuraron por el mismo paquete “valores diferentes, con una diferencia de $ 1,5 millón”, pudo saber Clarín.

Respecto a Hotesur SA, comienza a declarar de un año a otro el “valor llave” que era de $ 5 millones y declara mayor valor de acciones”, por un monto de $ 500.000. Todo es analizado por peritos contables.

La Justicia le pedirá a la OA y a la Unidad de Información Financiera (UIF) que revisen los informes patrimoniales vinculados a la ex Presidenta. Actualmente, la AFIP perita la declaración ganancial que Cristina rectificó: había declarado gastos por $ 70 millones y al corregirla, $ 3.191.091.

La senadora tiene ahora el patrimonio más “austero”. Declaró ante la OA $3.499.043,11: donó a sus hijos $ 74 millones. Esto es investigado por el fiscal Carlos Stornelli por posible “insolvencia fraudulenta” en medio de los embargos e inhibiciones que tiene la ex presidenta.

 

Por Daniel Santoro

Fuente: clarin.com

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