El efecto de los escándalos de corrupción que han sacudido Brasil en los últimos años será medido en los comicios del próximo 7 de octubre, en medio del descontento de los electores después de cuatro años marcados por denuncias contra los políticos más poderosos del gigante latinoamericano.

El país sudamericano enfrentará sus primeras elecciones presidenciales tras conocerse la magnitud de la Lava Jato, una enorme trama de corrupción destapada en marzo de 2014 y que ha salpicado a políticos de prácticamente todo el arco partidario.

Las secuelas de esos escándalos serán un desafío para el Gobierno que resulte de las elecciones tras un sinfín de operaciones anticorrupción, confesiones “del fin del mundo” protagonizadas por importantes empresarios y “búnkers” repletos de dinero desviado de las arcas públicas.

La mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil, que ha extendido sus tentáculos a otros países de Latinoamérica, ha sentado en el banquillo a importantes parlamentarios y condujo este año a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue durante meses uno de los principales protagonistas de la campaña a pesar de estar entre rejas.

Lula fue proclamado como candidato del Partido de los Trabajadores (PT), pero la justicia electoral vetó sus aspiraciones con base en una ley que impide que condenados en segunda instancia, como es su caso, se postulen a un cargo electivo.

El malestar de los electores con la clase política brasileña tras los escándalos y el rechazo de una parte de la población hacia el PT después de 13 años de Gobierno de izquierdas ha sido capitalizado por el ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en los sondeos.

“Bolsonaro se ha beneficiado del escenario de los últimos cuatro años: se beneficia del antipetismo y de los que están contra todo”, dijo a Efe el profesor de ciencias políticas Owaldo Martins de la Universidad de Campinas (Unicamp).

El capitán de la reserva del Ejército, conocido por polémicas declaraciones machistas, racistas y homofóbicas, se ha erguido como el representante de la “nueva política” a pesar de sus 27 años como diputado y ha izado la bandera de la lucha contra los corruptos y contra el PT de Lula.

Las acusaciones por corrupción han continuado planeando durante la campaña electoral y han salpicado a algunos de los principales candidatos, que llegan a los comicios con denuncias bajo el brazo.

El abanderado del Partido de los Trabajadores y sucesor Lula, Fernando Haddad, segundo en los sondeos, fue acusado recientemente por la Fiscalía de haber recibido 2,6 millones de reales en sobornos de la constructora UTC Engenharia para pagar una deuda contraída durante la campaña electoral de 2012.

Una acusación similar recayó recientemente sobre el candidato socialdemócrata Geraldo Alckmin, denunciado por supuesta financiación ilegal durante la campaña de 2014 para su reelección como gobernador del estado de Sao Paulo.

Presentados como una tercera vía ante los electores, el laborista Ciro Gomes y la ecologista Marina Silva también han hecho hincapié en su expediente libre de denuncias por corrupción para ganar apoyos en medio del desaliento de los brasileños, pero sus opciones de llegar a una segunda vuelta se han reducido drásticamente.

Todos los candidatos han abordado el asunto durante la campaña, especialmente en los debates de televisión, y se han comprometido a combatir la corrupción y fortalecer las instituciones si llegan al poder para recuperar la “ética política”.

Los coletazos de la Lava Jato también serán evaluados en las elecciones para el Legislativo, donde los sobornos a congresistas se utilizaron durante años como moneda de cambio para la aprobación de proyectos favorables a determinadas empresas.

De acuerdo con la campaña “Unidos contra la corrupción”, un total de 38 parlamentarios candidatos a la reelección están imputados o condenados por delitos que se encuadran en la llamada “Ley de la Ficha Limpia”.

En la lista roja figuran viejos rostros de la política brasileña como el expresidente del Senado Renan Calheiros, el excandidato presidencial Aecio Neves o el senador Romero Jucá, un exbrazo derecho del presidente Michel Temer, también objeto de acusaciones por supuesta corrupción.

 

Fuente: panampost.com

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