Hace tiempo ya que la relación entre el gobierno de Ecuador y Julian Assange está deteriorada. Luego de seis años de residencia en la embajada del país en Londres (Assange se refugió allí en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia), la situación judicial del creador de Wikileaks no tiene horizonte de resolución a la vista, y su plazo de estadía en el lugar sigue con estatus de “indefinido”. La tensión entre las partes quedó evidenciada por el capítulo más reciente de esta saga, en donde una jueza debió intervenir para dictaminar que las nuevas normas de convivencia que el país le impuso al australiano no violan sus derechos de asilo político. 

La embajada ecuatoriana en Inglaterra recientemente dispuso un cambio en las condiciones de vida de Assange. Entre otras cosas, le requirieron que pagara por su comida, Internet y lavados de ropa, además de que cuidara de su gato.

El protocolo, entregado a Assange el pasado 13 de octubre, regula las visitas, comunicaciones y atención médica al fundador de WikiLeaks.

Seis días después de esa entrega, el jefe de su equipo internacional de defensa, el español Baltasar Garzón, presentó el recurso legal ante la justicia ecuatoriana al considerar que esas normativas violaban sus derechos.

Según la explicación de Quito, estas nuevas normas estaban pensadas para mejorar la convivencia en el apretado edificio donde funciona la sede diplomática del país en Londres, en la cual Assange ocupa más de un tercio del espacio.

Más allá de las explicaciones del caso, lo cierto es que los oficiales de la embajada han tenido sus encontronazos con Assange. En marzo suspendieron su conexión a Internet luego de acusarlo de “interferir en los asuntos de otros países”, y ha habido quejas de que su práctica de skate y sus partidos de fútbol han provocado destrozos en el edificio.

Según la mirada del creador de Wikileaks, estas nuevas reglamentaciones “violaban sus derechos fundamentales”, y eran una estrategia encubierta para forzarlo a irse. Recordemos que, si bien Suecia ya rechazó seguir con la acusación por violación que había contra él, si sale de la embajada podría ser detenido por la justicia inglesa debido a que violó su fianza. A esto se le agrega el peligro latente de que Estados Unidos quiera extraditarlo por la revelación de información clasificada referida a crímenes cometidos en la guerra de Irak y Afganistán. De hecho, el actual Fiscal General de EE.UU. Jeff Sessions ha dicho que detenerlo es una “prioridad”.

Derrota judicial

A través de su abogado ecuatoriano Carlos Poveda, Assange hizo una presentación ante la Justicia de Ecuador para protestar por estas modificaciones, alegando que en efecto son una estrategia para desgastarlo y forzarlo a abandonar la embajada. “El Estado ecuatoriano tiene una responsabilidad internacional de proteger al señor Assange”, afirmó Poveda previo a su presentación ante la justicia.

Pero el fallo emitido en las últimas horas por la jueza Karina Martínez da por tierra con la estrategia de Assange. Según la magistrada, el Estado tiene la potestad de modificar los parámetros de residencia en la embajada, y que esto no constituye violación alguna a sus derechos como refugiado político. El abogado del australiano ya adelantó que apelará la medida.

Si bien el gobierno de Ecuador parece estar apretándole las clavijas a su célebre huésped, en público sigue siendo leal a él, y no le pone plazos a su estadía. El Procurador General de la Nación Iñigo Salvador declaró que si Assange “sigue las reglas de la embajada, puede permanecer allí el tiempo que quiera”.

 

Fuente: The Guardian

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