En medio de la convulsión política desatada por el homicidio de un tiro en la nuca del joven mapuche Camilo Catrillanca (24) en Ercilla, en la IX Región de la Araucanía, a manos de un efectivo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, hoy comenzará a ser juzgado en esta apacible capital valdiviana el lonko Facundo Jones Huala.

El caso Catrillanca monopoliza la agenda pública. Concentra no solo la atención de los más de 1,7 millones de mapuches—casi del 10 % de la población chilena—, sino de gran parte del arco político y social que asiste con estupor a las gravísimas irregularidades que día a día revela la investigación. Estas incluyen la destrucción de pruebas (una tarjeta de memoria que grabó el operativo armado), la presunta orden de que los acusados mintieran en sus declaraciones judiciales, la teoría inicialmente impuesta de un enfrentamiento armado con la víctima y la detención arbitraria del principal testigo del hecho, un adolescente de 17 años, ahora convertido en testigo protegido, al que en un primer momento se lo acusó junto con Catrillanca de robar cuatro vehículos.  Este último hecho fue lo que originó la intervención policial.

Frente a este suceso —similar en su sensibilidad y repercusión sociales al Caso Maldonado, pero a la inversa en materia de responsabilidades penales—el saldo hasta ahora, por un lado, han sido la exoneración y prisión preventiva de los cuatro efectivos intervinientes (uno como autor y el resto por encubrimiento); el retiro forzado de dos altos miembros del Ejército responsables de la seguridad de la Araucanía y de la conducción de ese grupo especial, y el pedido de interpelación en el Congreso al ministro del Interior, Andrés Chadwick, del gobierno de Sebastián Piñera.

La reacción indígena, en tanto, provocó desde el 14 de noviembre, cuando Catrillanca se desplomó desde arriba de un tractor, innumerables marchas junto con ataques incendiarios que se sumaron a los más de 100 hechos de violencia registrados en la región. Este domingo, además, hubo un llamado a la desobediencia popular por parte de líderes mapuches para forzar la desmilitarización de la Araucanía y la exigencia de que se constituya una “Comisión de esclarecimiento histórico” que establezca un estándar respecto a cómo fue la ocupación del territorio mapuche por parte del colonizador.

En otras palabras, el conflicto por la represión a ese pueblo indígena, acicateada por algunas causas judiciales armadas como la de la “Operación Huracán”, y por la posesión de la tierra alcanzaron un punto sumamente álgido.

En ese contexto, si bien el juicio oral a Jones Huala (32) por el incendio a un fundo en la localidad de Río Bueno en 2013 y por la tenencia de un arma de fabricación artesanal—delitos por los que la fiscalía pide 15 años de reclusión— es un tema presente en los medios de comunicación de la Patagonia chilena, las convocatorias a movilizaciones de apoyo al lonco han sido, hasta ahora, bastante exiguas.

Según fuentes del Tribunal Penal Oral de Valdivia consultadas por Infobae no se prevén desbordes, a juzgar por las anteriores manifestaciones desarrolladas con normalidad. De todas maneras, tal como habitualmente ocurre dentro de ese tribunal, la Gendarmería de Chile controlará el acceso al edificio. Solo se permitirá la presencia de 20 personas como público más prensa, con prioridad para los familiares del lonco del Pu Lof de Resistencia Cushamen, como su madre, María Huala. Este último fue un pedido insistentemente tramitado por el consulado argentino, según informaron las fuentes consultadas, que siempre es tenido en cuenta en las audiencias. En tanto, carabineros custodiarán por fuera de la sede judicial.

Según pudo saber Infobae, los tres magistrados que lo juzgarán le exigieron al fiscal Sergio Fuentes Paredes acortar el debate y limitar la cantidad de testigos a unos 45 para que el proceso no insuma más de siete u ocho jornadas y no las 14 originalmente pensadas para debatir el grueso del material probatorio en una investigación compendiada en 9 cuerpos,que incluye una gran cantidad de pericias e informes policiales. De esta forma, el martes o miércoles de la semana próxima podría conocerse la sentencia, que será transmitida en vivo por internet desde la página del tribunal.

Karina Riquelme, defensora de Huala y abogada del Centro de Investigación y Defensa SUR (CIDSUR), una ONG dedicada a la asistencia jurídica de los pueblos indígenas, anticipó que impugnará gran parte de las pruebas de la instrucción que, según afirmó, fueron colectadas invocando leyes de excepción como la Ley N° 18.314 sobre conductas terroristas o la Ley N° 19.927 de Seguridad Interior del Estado chileno. Esas normas facultan a la Policía de Investigaciones (PI) y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) a actuar de oficio—sin necesidad de una orden judicial—ante presuntos actos criminales de supuestos grupos subversivos.

En el caso del fundo Pisú Pisué fueron formalmente imputadas seis personas. Y quedó acreditado en otros dos juicios previos por este mismo hecho que tanto la PI como la ANI intervinieron teléfonos y realizaron seguimientos sobre la machi Millaray Huichalaf que condujeron a que Jones Huala también fuera investigado.

En el primero de esos juicios, los otros dos acusados por el atentado junto al lonco, Fénix Delgado Ahumada y Cristián García Quintul, resultaron absueltos debido, principalmente, a que las víctimas no pudieron identificar a los autores que actuaron encapuchados.

En otro debate oral posterior por el encubrimiento de ese mismo hecho los acusados fueron los mapuches Tito Cañulef Neipan, Alex Bahamondes Garrido y la machi Huichalaf.  Sólo esta última resultó condenada a seis meses de prisión. Una de las víctimas identificó prendas y un bolso rojo utilizado en el ataque, que habían sido incautados en el hogar de Huichalaf junto a otros elementos como armas y municiones ajenas a los hechos investigados. La machi también había sido vista por los testigos días antes merodeando el fundo y camuflada como testigo de Jehová.  El tribunal concluyó que no podía desconocer los hechos. No obstante, se la eximió de cumplir la condena ya que luego del allanamiento a su hogar permaneció detenida junto al resto de los imputados durante más de siete meses.

Según el fiscal Fuentes, además del arma de fabricación artesanal en poder de Huala y de las prendas ya reconocidas, existen otros elementos de prueba que lo incriminarían y vincularían de forma directa al hecho. El representante del Ministerio Público Fiscal se los reservó para que sean debatidos a partir de pasado mañana en el juicio.  La jornada inicial está reservada para los alegatos de la acusación fiscal y de la defensa.

El tribunal deberá decidir si toma en cuenta la recomendación de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que le sugirió a la justicia chilena que, en caso de que Jones Huala resulte condenado, se le compute a su favor, el tiempo que el lonco permaneció privado de su libertad durante los dos juicios de extradición que enfrentó en el país.

Facundo Jones Huala permanece detenido en un ala especial reservada a presos mapuches en el penal de Temuco. La complejidad procesal que deberán evaluar los jueces Carlos Flores Valenzuela, Guillermo Olate Aranguiz y Héctor Hinojosa Aubel anticipa un final incierto.

 

Por Loreley Gaffoglio

Fuente: infobae.com

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