El Gobierno de Brasil prepara la implementación de un plan que combatiría el desarrollo de actividades delincuenciales y atacaría la corrupción en el país.

El endurecimiento de las acciones contra el crimen en Brasil estaría cerca, así lo explicó el ministro de Justicia de ese país, Sergio Moro, tras reunirse con la Cámara de Diputados y con varios gobernadores.

El esquema, que le apuntaría a la disminución de los hechos delincuenciales, implicaría también la ampliación de los márgenes de defensa de los oficiales de policía, los cuales podrían ser exculpados en los casos en los que maten a un delincuente bajo condiciones de sorpresa o miedo.

Y es que, según Moro, todo debe ser “atacado en conjunto”, ya que la delincuencia organizada estaría utilizando los tentáculos de la corrupción para lograr impunidad en los incidentes más graves, relacionados con el tráfico de drogas.

Las claves del plan del gobierno de Jair Bolsonaro

Uno de los ejes claves de dicho plan es la autorización del encarcelamiento de reos condenados en segunda instancia, a pesar de las especificaciones constitucionales que indican que eso solo es posible en los procesos en los que todas las apelaciones se agoten.

Ante la descripción del plan por parte de Moro se han desatado algunas inquietudes, ya que fue justamente Moro, mientras fungía como juez, quien envió a prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en abril de 2018, luego de que una corte de segunda instancia ratificara la pena por corrupción, pese a que todavía le restaba la implementación de varios recursos a su favor.

Sobre el tema, el alto funcionario argumentó que el uso de esta medida permitirá controlar las mafias y la corrupción, debido a que así los procesos penales podrían concluir en unos plazos mucho más “razonables”, despejando la permanente “sensación de impunidad” que agobia al país.

Pero más allá de los asesinatos y el entramado ilegal de hechos delictivos, el plan del Gobierno de Jair Bolsonaro le apunta a contrarrestar las operaciones de las llamadas “Cajas B” en la financiación de campañas electorales, las cuales representan claras infracciones a la legislación y empezarían a ser duramente sancionadas.

 

Por Eél María Angulo

Fuente: france24.com

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