El régimen de Nicolás Maduro amenaza con iniciar una nueva etapa de violencia en Venezuela al convocar a grupos paramilitares armados para que salgan en su defensa y dando señales de que pretende encarcelar al presidente interino Juan Guaidó.

Esas acciones ocurren en medio de la creciente presión ejercida por Estados Unidos, cuyas sanciones pronto comenzarán a golpear las finanzas del régimen y en momentos en que una devastadora interrupción en el servicio eléctrico en todo el país eleva al máximo el malestar de la población.

Acorralado por Guaidó, la comunidad internacional y ahora por la desesperación de la población en las calles, Maduro está usando la única tecla que le queda para tratar de mantener el control: incrementar el miedo de la población, dijeron expertos.

“Estos tipos [dentro del régimen] están entrando en un punto de desesperación”, dijo desde Miami el asesor político Esteban Gerbasi, quien ha estado siguiendo de cerca la evolución de los grupos paramilitares conocidos como “colectivos” en Venezuela, que han teminado convirtiéndose en violentas bandas de intimidación que ya dejan una larga secuela de muertos.

A los colectivos se les responsabiliza por la ola de violencia desencadenada por el régimen el pasado 23 febrero contra los esfuerzos de Guaidó por ingresar toneladas de ayuda humanitaria al país. Los incidentes dejaron un saldo de cuatro muertos y al menos 400 heridos.

Gerbasi explicó que los colectivos están formados por un alto número de reos violentos que operan desde algunas de las más temibles cárceles del país.

Los paramilitares de Maduro

En un mensaje que causó alarma en la sociedad, Maduro convocó a los colectivos a sumarse a la defensa de su régimen, frente a los ataques emprendidos por los “enemigos de la revolución”.

“Les hago un llamado a los colectivos, a todos, llegó la hora de la resistencia activa”, dijo Maduro la noche del lunes en la televisión estatal.

Y pocas horas después, el régimen anunció que había iniciado una investigación contra Guaidó, acusándole de ser el gran responsable de la interrupción en el servicio eléctrico que ha mantenido a millones de venezolanos a oscuras en los últimos cinco días.

El fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, dijo que Guaidó es el “autor intelectual de una operación de sabotaje” que dejó al país sin electricidad, causando pérdidas económicas a la nación que suman casi “350,000 millones de dólares”.

La justicia chavista tiene muy poca credibilidad en Venezuela, donde las cortes por años han sido utilizadas por el régimen bolivariano como instrumento de persecución política.

Pero el proceso judicial podría ser usado por Maduro para encarcelar a Guaidó, quien se ha convertido en una seria amenaza tras unificar a los partidos políticos de oposición y a la sociedad venezolana en un solo objetivo: salir lo más rápidamente posible del chavismo y formar un gobierno de transición.

“Pandillas de matones”

Hasta ahora el régimen de Maduro se había abstenido de encarcelar a Guaidó por temores de que tal medida propicie una intervención militar extranjera en el país, dijo desde Londres Diego Moya-Ocampos, consultor de riesgo político en IHS Markit.

“Ellos saben que existe una amenaza creíble del uso de la fuerza si es que arrestan a Guaidó, si es que cierran la Asamblea Nacional, y si es que siguen reprimiendo con fuerza letal”, dijo Moya-Ocampos.

La velocidad con que el régimen está perdiendo terreno en Venezuela, sin embargo, parece estar llevando a Maduro al punto de estar dispuesto a asumir ese tipo de riesgos. El mensaje del lunes sonó urgente y el llamado fue emitido como si el régimen estuviese en el umbral del colapso.

Gerbasi dijo que los colectivos constituyen hoy una de las mayores amenazas para los esfuerzos de rescatar la democracia en Venezuela, por tratarse de grupos independientes que controlan las operaciones delictivas de ventas de drogas, extorsión y secuestro del país con integrantes que suman decenas de miles.

Están fuertemente armados, dijo Gerbasi, y en muchos casos poseen grandes arsenales que están protegidos dentro de los grandes centros de reclusión del país.

Moya-Ocampos agregó que estas agrupaciones en el pasado han operado como matones al servicio del régimen.

“Hasta ahora están acostumbrados a confrontar a una población civil desarmada como si se tratara de enemigos combatientes”, dijo Moya-Ocampos. “Lo cierto es que son pandillas de matones dispuestos a disparar contra la población”, agregó.

 

Por Antonio María Delgado

Fuente: elnuevoherald.com

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