“Aplaudimos la resolución de Parlamento Europeo. En un momento de retroceso del estado de derecho en Guatemala, se ha hecho eco de las peticiones de las organizaciones de sociedad civil”, dice a DW Marta Ibero, directiva de la red EU-LAT, una plataforma europea que representa a 38 organizaciones.

Dos controvertidos proyectos de ley presentados al legislativo guatemalteco determinaron la urgencia esta resolución.

Por un lado, “se presentaba una enmienda a la Ley sobre Organizaciones no Gubernamentales para el desarrollo. Ésta limitaría considerablemente la labor de los defensores de derechos humanos y de la sociedad civil en general”, explica Ibero. Y también se quería aprobar una enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional, otorgando amnistía a personas que han sido sentenciadas por crímenes de lesa humanidad.

“Esto podría erosionar seriamente la fe en el Estado de derecho en Guatemala”, dice un comunicado firmado por las embajadas Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Holanda, Noruega y la delegación de la UE en Guatemala.

“Una amnistía general para anular los procesos y condenas en contra de militares responsables de desapariciones forzadas genocidio, tortura, violación y esclavitud sexual durante el Conflicto Armado Interno traería consigo un retroceso para la construcción de la paz y la justicia”, afirma Ibero.

Defensa de la CICIG

La invitación a que la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) abandone el país en diciembre, sin terminar su mandato que va hasta septiembre de 2019, encendió las alarmas de Bruselas. La UE reitera su confianza en este organismo de la ONU, en busca de acabar con la impunidad, flagelo del país.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz (1996), la UE ha destinado más de mil millones de euros a apoyar el desarrollo, la paz y las instituciones del país centroamericano . La CICIG cuenta con su expreso apoyo. En este sentido se pronunció también hoy la Eurocámara.

“La CICIG  ha hecho un trabajo excelente. Más de cien casos, más de 300 condenas, 34 reformas legales. Todo iba bien, pero cuando puso el foco en el presidente Jimmy Morales y su entorno dejó de ser útil”, afirmó la eurodiputada Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de derechos humanos.

A peor

“Desde que estuvimos en Guatemala la situación no ha hecho más que empeorar”, cuenta a DW Tilly Metz, eurodiputada de Luxemburgo, que integró la delegación oficial al país a finales de 2018.

La extrema pobreza, la inseguridad, la violencia contra las mujeres, el irrespeto de los tratados internacionales para la protección de la poblaciones indígenas, los 26 activistas asesinados en 2018: todo esto se suma al quiebre institucional que se detecta en el país.

“La presión sobre los embajadores europeos aumenta. Lolita Chávez, finalista del premio Sájarov 2017, sigue amenazada y no puede volver al país”, sigue Metz.

¿Sanciones?

Con todo, Guatemala está unida a la UE por el Acuerdo de Asociación, junto con otros cinco países de América Central. Ese acuerdo, como todos los que firma la UE con sus socios comerciales desde 1989,  contiene una cláusula democrática.

Aunque rara vez se ha echado mano de ese mecanismo, graves violaciones al Estado de derecho podrían llevar a suspender las relaciones comerciales y de cooperación. Siendo la UE responsable de un 40% de la cooperación que recibe el país y el quinto mayor destino de sus exportaciones, una suspensión se haría sentir.

“Pedimos en la resolución que se considere activar la cláusula democrática: como se trata de suspensión de fondos creemos que las élites entenderán el mensaje”, concluye Metz.

 

Fuente: dw.com

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