Por presuntamente haber recibido aportes de Odebrecht y otras fuentes de financiamiento en sus campañas electorales, el expresidente peruano Ollanta Humala afronta un pedido de la Fiscalía a 20 años de prisión.

Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, están en la mira de la ley. Mientras que el expresidente peruano enfrenta un pedido de la Fiscalía a 20 años de cárcel por presunto lavado de activos a través de aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes de financiamiento en sus campañas electorales en 2006 y 2011, contra su compañera pesa uno por 26 años de prisión.

Con esta acusación, Humala se convierte en el primer exmandatario en recibir un pedido formal de judicialización en territorio peruano tras el desarrollo de las indagaciones fiscales sobre los sobornos, la cual lleva cuatro años en curso.

En su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio Público de Perú compartió la explicación del fiscal providencial penal Germán Juárez, quien argumentó que la acusación se basa en la recopilación de información entre Perú y Brasil.

Juárez señaló que se trata de 160 tomos y cerca de 388 cuadernos auxiliares que contienen datos de ayudas internacionales y que la petición contra la compañera del exmandatario se sustenta en el “concurso de delitos” en el que incurrió al percibir dinero “sucio”.

Las implicaciones del pedido judicial contra Humala y su esposa

La acusación fiscal emitida contra Humala y Heredia incluye también la petición de que el Partido Nacionalista, que fue fundado por ambos, sea disuelto por haber sido utilizado en los actos de lavado de activos.

La disolución de dicho frente político solo se produciría en el caso de que sea formalizada una sentencia condenatoria. Sin embargo, las autoridades reportaron que, durante la campaña realizada en el año 2011, en la que Humala venció a Keiko Fujimori, la firma Odebrecht le suministró tres millones de dólares a ese partido.

Al menos uno de los tres millones de dólares mencionados fue recibido por Heredia de acuerdo con lo que fue confesado a la Fiscalía por Jorge Barata, el exsuperintendente de la constructora en Perú.

El ingreso del dinero a las cuentas de Heredia se habría dado mediante supuestos pagos por contratos laborales que, tiempo después, serían identificados por la Fiscalía como vínculos ficticios.

Ante el triunfo de Humala, Odebrecht obtuvo la concesión del Gasoducto Sur Peruano, una obra por valor de 7.000 millones de dólares, junto a la firma peruana Graña y Montero y a la española Enagas, la cual fue posteriormente anulada por una orden estatal.

El proceso contra Humala y la huella de Odebrecht en Perú

Con el fin de poder garantizar la presencia de los imputados en el desarrollo de un eventual juicio oral, el fiscal Juárez afirmó que avalúa la mejor medida, si una comparecencia o la detención.

Frente a lo sustentado por el fiscal, el juez Richard Concepción Carhuancho decidió declarar como improcedente el recurso de tutela de derechos que había sido presentado por César Nakazaki, el abogado de Humala.

Pese a la declaración de improcedencia de su recurso, Nakazaki insistió en que apenas inicia una segunda etapa en la defensa de Humala y Heredia, y que únicamente aceptará que haya una acusación con “pruebas legales”.

Tras la presentación de la acusación fiscal, la Sala Penal cuenta con un periodo de 20 días para proceder a la convocatoria de una audiencia que marque el comienzo del proceso.

En Perú, el escándalo por los presuntos sobornos no ha salpicado solo a Humala, sino también a Pedro Pablo Kuczynski, quien gobernó entre el 2016 y el 2018, así como a Alejandro Toledo, quien fungió como mandatario entre el 2001 y el 2006.

El 17 de abril, el también expresidente peruano Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza mientras las autoridades intentaban detenerlo por presuntos delitos de corrupción igualmente vinculados con Odebrecht.

 

Por Eél María Angulo

Fuente: france24.com