El estado de excepción en Ecuador, decretado el 3 de octubre por el presidente Lenín Moreno, es un mecanismo que le permite al Gobierno suspender o restringir temporalmente determinados derechos fundamentales con el fin de afrontar una situación extraordinaria, según indica la Constitución.

“Durante el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información”, dispone la carta magna en sus artículos 164 al 166.

La ley fundamental también aclara que el mandatario podrá adoptar ese régimen excepcional, hasta por 60 días, “en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”.

El presidente podrá decretar la recaudación anticipada de tributos, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, trasladar la sede del Gobierno a cualquier lugar del territorio nacional y disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social.

También puede disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y decretar el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos

“Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional [parlamento unicameral] podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional”, se afirma en el artículo 166.

El 3 de octubre, Moreno anunció el estado de excepción ante la huelga en el transporte público que impide la libre movilidad de la población.

“Para precautelar el orden, la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos y controlar a quienes pretenden provocar caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional”, dijo el presidente en una rueda de prensa televisada y transmitida por la Secretaría General de Comunicación.

El 3 de octubre se produjeron intensas protestas contra las medidas económicas impulsadas por el Gobierno en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El denominado “paquetazo” prevé, entre otras cosas, eliminar el subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del diésel y la gasolina, y mantener en 12% el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Gobierno también impulsará reformas laborales que facilitarán contrataciones y el trabajo a distancia, entre otras cosas, pero los empleadores aumentarán su aporte en un 2% mensual para las jubilaciones, explicó el presidente.

En cuanto al empleo público, Moreno dijo que los nuevos contratos de empleo del sector público se negociarán con remuneraciones un 20% más bajas, que los trabajadores aportarán mensualmente un día de su salario y que se les recortarán las vacaciones a 15 días por año, desde los 30 que tenían hasta el momento.

 

Fuente: sputniknews.com

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