Adolfo Pérez Esquivel

 

Luego de que la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) que encabeza el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel presentara un informe ante el juez Alejo Ramos Padilla en el que intenta vincular a periodistas con la realización de tareas de “inteligencia ilegal”, dirigentes políticos del oficialismo y la oposición salieron a cuestionar duramente el documento.

El diputado de la UCR y presidente del interbloque de Cambiemos en la Cámara Baja, Mario Negri, consideró que la Comisión Provincial por la Memoria se creó “para trabajar por la igualdad ‪y la defensa de los derechos humanos, no para ser una Conadep de la prensa”. Negri recordó que Pérez Esquivel apoya abiertamente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y sobre el informe que el premio Nobel le entregó a Ramos Padilla dijo que es “inaceptable”. “Se desvirtúa el sentido por el cual se creó la Comisión Provincial de la Memoria y se la quiere transformar en una herramienta de persecución a los periodistas de investigación”.

Negri coincidió con Graciela Fernández Meijide que en un entrevista con Clarín también dijo que es “inaceptable” que la Comisión “investigue el trabajo de los periodistas”.

El dirigente peronista Julio Bárbaro también se sumó a las críticas. Dijo que “investigar la tarea periodística es atacar la libertad de prensa” y agregó: “En este tema no creo que haya otras posturas posibles”. “Generalmente se ataca al periodismo cuando hay algo que se quiere esconder. Estos debates que surgen tienen que ver con la debilidad de la democracia argentina”, agregó Bárbaro.

“Lo de la Conadep de periodistas fue una mezcla de imbecilidad y demencia. El solo plantear esa frase implica una frivolización de un tema serio. Hay términos que merecen respeto”, destacó.

En el informe que presentó esa Comisión a Ramos Padilla, se menciona a los periodistas Daniel Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Guillermo Laborda, entre otros. Y se llega a hablar de una “posible interacción de inteligencia ilegal con periodistas y medios”. Sin embargo, el informe no incluye los descargos de los periodistas ni señala que en los chats del falso abogado Marcelo D’Alessio sólo se leen pedidos de información sobre causas judiciales en las que se investigan casos de corrupción en el Estado. Lo que no implica en absoluto “tareas de inteligencia”.

La legisladora de Cambiemos, Graciela Ocaña, fue otra de las que se sumó a los cuestionamientos. Dijo que “no se puede criminalizar las opiniones o la información periodística, como hizo la Comisión Provincial de la Memoria”. “Usar los recursos del gobierno o de la Justicia para presionar periodistas supone atacar la libertad de prensa y tratar de crear autocensura”, agregó.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, coincidió con Fernández Meijide y dijo que “los organismos de DDHH tienen misiones claras para los que fueron creados. Rechazo que se desvirtúen, y apelo a la defensa de la libertad de prensa y la labor periodística como garantes de la democracia”.

El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López también apuntó contra Pérez Esquivel, el informe y la labor del juez del caso Alejo Ramos Padilla. “La causa que investiga Ramos Padilla es una operación del Kirchnerismo, el juez no es el juez natural de la causa, no tiene jurisdicción ni si quiera territorial. Que ponga a la Comisión de la memoria a investigar el caso es un mamarracho más en el expediente que lleva el juez de Dolores”.

El periodista y ex secretario de Medios Públicos, Jorge Sigal, recordó que Pérez Esquivel es parte es integrante de la denominada Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) que emitieron varios documentos muy críticos contra Mauricio Macri y de defensa irrestricta a Nicolás Maduro y sus políticas en Venezuela.

La presidenta del Enacom, Silvana Giudice, consideró que “es grave que una investigación judicial encomienda a Pérez Esquivel el monitoreo de las notas periodísticas y el juzgamiento de sus autores.” Y pidió la intervención de la relatoría de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de los periodistas evaluados por la Comisión Provincial de la Memoria.

 

Fuente: clarin.com