La persecución contra el expresidente Rafael Correa y su partido se ha profundizado en los últimos días en Ecuador. ¿Cómo funciona? ¿A quiénes apunta? Sputnik conversó en Quito con el escritor y periodista Orlando Pérez para alertar sobre la actual situación.

La calle ha recuperado la calma en Ecuador. La superficie que era campo de batalla es ahora normalidad de semana, con transporte, comercios, estudiantes, como si el país de la semana pasada no existiera. Pero existe, y la gente habla, comenta lo que vio, hizo, celebra que Lenin Moreno haya tenido que derogar el decreto 883 aunque aún no esté claro que lo reemplazará.

La calma es, sin embargo, superficial. La tormenta está ahora debajo del mar, invisibilizada, pero violenta. Arreció en los últimos días: la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y seis militantes del Movimiento Revolución Ciudadana se refugiaron en la embajada de México, la Policía irrumpió en la vivienda de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, que fue detenida, y del ex asambleísta Virgilio Hernández, cuyo paradero se desconoce. También el local de Revolución Ciudadana fue allanado en la madrugada del martes.

El objetivo político tiene nombre: el correísmo. Así lo dijo Moreno desde que comenzó la movilización que duró once días y convirtió al Ecuador en un teatro de crisis. Pero la persecución ya había comenzado antes, y, como afirma el periodista y escritor Orlando Pérez, se trata de un plan mayor, regional, que tiene su formato nacional.

Un diseño regional

“Hay un deterioro muy fuerte en cuanto a libertades, derechos, que no creo que sea patrimonio del Ecuador”, dice Pérez. El mapa regional arroja un escenario similar en Argentina, Brasil, Colombia y Chile, por ejemplo.

La reproducción de variables similares en distintos países en un tiempo contemporáneo permite inducir que existe un plan construido: “Viene desde EEUU, no quieren dejar que se reproduzca la década progresista de América Latina, y eso lleva a un deterioro en cuanto a la política de derechos humanos, de las libertades”.

En ese contexto se han instalado la persecución política, mediática y judicial. El caso de Brasil, con el encarcelamiento del expresidente Luis Inacio Lula da Silva, o de Argentina, con la persecución judicial a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, son casos de ese escenario montado para criminalizar, poner tras las rejas y desterrar políticamente a los principales dirigentes de los procesos progresistas pasados o por emerger.

“El correísmo, como el kirchnerismo, como el petismo [del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil], son una amenaza para los poderes fácticos como el Fondo Monetario Internacional. No van a permitir que un nuevo Lula da Silva, un nuevo Evo Morales, un nuevo Correa, una nueva Cristina emerjan con comodidad”.

La cabeza central del plan reside en EEUU y se aplica a cada escenario según las características propias: “Que venga dos veces Mike Pence al Ecuador, que estén altos mandos militares de los EEUU, te puede decir muchas cosas sin ni siquiera entrar en detalle”, dice Orlando Pérez, quien conduce el programa En Clave Política en el canal internacional Telesur.

La aplicación nacional

“En Ecuador, después de la asunción de Lenin Moreno, se nota que hay una inyección de un discurso represivo, atentatorio contra las libertades, hay casos paradigmáticos como el de Julian Assange y Ola Bini, este ciudadano detenido 72 días acusándole de cosas que no existían”, analiza.

El mandato de Moreno, iniciado en 2017, que debía continuar el proyecto de Rafael Correa, empezó con lo que Pérez llama “acciones para descabezar”. Primero fue el encarcelamiento del vicepresidente, Jorge Glas y luego siguieron las acusaciones sobre Correa. “Después estas se convierten en juicios, y vemos lo que ha pasado en las últimas semanas y meses, con una judicialización de la política, lawfare, con el objetivo de anularlos porque son una amenaza”.

Esta persecución se agudizó en los últimos días con “la detención y encarcelamiento de dirigentes de Revolución Ciudadana que no tiene ninguna justificación”. Sucedió mientras las movilizaciones enfrentaban una fuerte represión que dejó ocho muertos, según la Defensoría del Pueblo, y continuó después del acuerdo anunciado entre el Gobierno y el movimiento indígena.

Los instrumentos de la persecución

El proceso de descabezamiento se articula a través de tres instrumentos centrales: el poder mediático, el poder político y el poder judicial. “Los medios empiezan a construir unos delitos, como el caso de Paola Pabón [prefecta de Pichincha], le acusan de que sacó las volquetas, financió las marchas, se reunió con Maduro, eso sale en los medios”, analiza Pérez.

El señalamiento mediático, repetido a través de los grandes canales, se articula con los otros dos  poderes: “Pasa a los actores políticos que salen y denuncian, algunos van y ponen denuncias en la fiscalía, y después implementan los juicios en base a que un actor político y los medios construyeron eso”.

A veces la denuncia no viene de los medios sino del mismo presidente, como en este caso, en que ha señalado al correísmo de estar detrás de las movilizaciones  y lo ha acusado de intentar convertirlas en un golpe de Estado para destituirlo.

“El presidente de la República, la ministra de Gobierno u otras autoridades señalan desde su condición de autoridad de responsabilidades a correístas, e inmediatamente después ya hay juicio”, comenta Pérez. Sucedió esta semana: el presidente y los medios acusaron a un conjunto a dirigentes de Revolución Ciudadana que horas después vieron sus casas allanadas.

Ese mecanismo se explica porque los medios son parte del bloque de poder detrás del gobierno, y porque la justicia no actúa de la manera que debería, no tiene independencia del gobierno.

“Existe el abuso con la prisión preventiva, que es lo último que se puede hacer en caso de que un delito sea tan claro y evidente, pero cuando ni siquiera se han empezado las investigaciones como el caso de Paola Pabón, no está sustanciado ni estructurado el caso, y ya está presa, y prácticamente condenada en los medios”.

La amenaza

Rafael Correa es una amenaza política y electoral. Él, como dirigente, y los principales cuadros de su partido “como Gabriela Rivadeneira, Paola Pabón, Virgilio Hernández, que se han consolidado e instalado en el imaginario del correísmo y de sus adversarios también”.

Cada uno de ellos está perseguido. Se trata, insiste Pérez, de “descabezar a un movimiento que más allá de sus errores y virtudes, tiene una potencia en las encuestas. Si Correa se presentara ganaría la primera vuelta”. Tiene, según explica, un núcleo duro de alrededor del 25% de la población, “un sector que a lo mejor no sale a las calles, pero a la hora de votar, vota por él”.

No existe otro liderazgo de esa dimensión en el país. “Correa tenía un discurso muy popular, no muy populista, anclado en que hablaba quichua, se relacionaba con la gente de otra manera. No tenemos ese líder, no veo a ninguno”.

Esta situación ha puesto al bloque de Revolución Ciudadana en una situación de mucha dificultad: linchamiento mediático —”Correa fue el único que se enfrentó a los medios por el poder fáctico que son”—, pérdida política de liderazgos emergentes o ya consolidados, la lejanía geográfica de Correa que se encuentra en Bélgica sin poder regresar al país por la persecución judicial.

“Sufrió el impacto de esta arremetida, se llevaron al partido Alianza País [partido liderado por Correa hasta 2018], hubo traición de asambleístas que eran tan correístas como el propio Correa, buscan socavar la fortaleza moral al correísmo”, analiza Pérez.

La situación de persecución crece y cuenta con la planificación norteamericana y la ejecución local a través de diferentes poderes. Este cuadro extiende sobre el correísmo y golpea los espacios políticos contestatarios al gobierno. “Sospecho que no va a parar, no va a ser fácil para periodistas, para dirigentes sociales”.

 

Por Marco Teruggi

Fuente: sputniknews.com

Enlace original: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910161088999351-como-funciona-la-persecucion-politica-en-ecuador/