La familia de Débora Pérez Volpin reclama avances en la causa penal en la que se investiga si las autoridades de la empresa de medicina prepaga Galeno y directivos de La Trinidad encubrieron a los médicos Diego Bialolenkier Nélida Puente, que participaron de la endoscopia que terminó con la vida de la periodista. El abogado Diego Pirota explicó en Arriba Argentinos que presentó una serie de medidas de prueba para que declaren los imputados en esta investigación, que es un desprendimiento de la principal.

Por esta causa están imputados el director general de Galeno Eduardo Cavallo, el director médico de La Trinidad de Palermo Roberto Martingano, las instrumentadoras Miriam Frías (única testigo que estuvo en el quirófano) y Claudia Esther Balceda (atendió a la policía cuando se dispuso el allanamiento en el sanatorio), el médico Sebastián Cecchi Gallo (limpió el endoscopio usado en el estudio) y la médica legista María Cristina Lavolpe (participó de la junta médica que se realizó tras la autopsia). Pirota pidió en su presentación que todos ellos sean citados a indagatoria, den explicaciones y “eventualmente se los procese por el delito de encubrimiento, cuanto menos”.

Sobre el punto por el que reclama las indagatorias de los imputados, el letrado recordó que Martingano (director médico de La Trinidad de Palermo) “reconoció que durante el estudio Débora no estaba conectada al aparato que mide la frecuencia cardíaca” y que entonces “no la estaban monitoreando”. En la presentación argumentó que “no caben dudas de la falta –intencional- de registros cardíacos de la paciente, inclusive, corroborada por los propios dichos del imputado Martingano”, en relación a las hojas faltantes del informe médico.

En la denuncia por presunto encubrimiento, la familia asegura que hubo “obstaculización” en la investigación de parte de la clínica y que entregaron un endoscopio diferente del que se usó en el estudio que terminó con la vida de la paciente. Pirota explicó que la pericia que ordenó la jueza María Fabiana Galletti sobre el endoscopio secuestrado en la clínica donde murió la periodista determinó que había sido adulterado.

En base a eso la magistrada pidió la intervención de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), el organismo que autoriza el uso de estos equipos en los sanatorios. Pirota manifestó que el organismo indicó, de acuerdo a información parcial, que el aparato “no está registrado en ningún lado” y que por lo tanto “no tenía autorización para ser usado”.

En la presentación que hizo ante la Justicia además se quejó de la demora de la institución en dar “respuestas concretas” a los pedidos de la Justicia en relación al endoscopio secuestrado en el sanatorio. “Se observa que el organismo continúa dilatando su respuesta concreta, a pesar de concurrir al Tribunal para exponer ciertas cuestiones generales sobre el procedimiento de control y registración de los equipos médicos que ingresan, y se utilizan, en el territorio argentino”, indicó Pirota.

Planteó que la información que tienen “se corresponde exclusivamente con el mérito de este Juzgado por interpelar al personal de la ANMAT que concurre a la mesa de entradas a ‘justificar’ su tardanza, que a la efectiva colaboración del organismo”. El abogado remarcó que la información que tienen “se corresponde exclusivamente con el mérito de este Juzgado por interpelar al personal de la ANMAT que concurre a la mesa de entradas a ‘justificar’ su tardanza, que a la efectiva colaboración del organismo. Sobre este punto reclamó a la Justicia que intime a la ANMAT para que aporte “toda la información que ha sido requerida requerida y la que pudiera ser de interés a los efectos de profundizar la investigación sobre el origen, ingreso, registración y trazabilidad” del equipo.

La conductora de Arriba Argentinos murió el 6 de febrero de 2018 en el sanatorio La Trinidad de Palermo mientras le realizaban una endoscopia, estudio que le habían ordenado hacer después de que se presentara en el sanatorio por un dolor abdominal. Por su muerte fueron juzgados Bialolenkier y Puente, en un proceso que estuvo a cargo de Javier Anzoátegui. El endoscopista fue condenado a tres años de prisión condicional y 7 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer su profesión mientras que la anestesista fue absuelta.

 

Fuente: tn.com.ar