Diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio fueron denunciados ante el Tribunal Constitucional (TC) de Chile por infringir el artículo 60, inciso quinto de la Constitución, por “incitar la alteración del orden público”. Los parlamentarios denunciantes exigen la “cesación del cargo” de los diputados instigadores.

En medio del caos y la violencia que se vive en Chile —que ha dejado como saldo más de veinte muertos (mayormente quemados durante los saqueos), 6 800 empresas pequeñas y medianas y parte del metro de Santiago destruidos—, los diputados de la izquierda optaron por instigar a la violencia, y por ello podrían ser destituidos de sus cargos.

La evidencia presentada contra los diputados consiste en declaraciones, videos y tuits donde incitan actos vandálicos e invocan a la desobediencia civil, que incluye el rompimiento del toque de queda declarado por el presidente Sebastián Piñera.

Los diputados acusados son: Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz, Karol Cariola, Camila Vallejo, Marisela Santibáñez, Daniel Núñez, Boris Barrera y Amaro Labra, del Partido Comunista, y Gabriel Boric, Gonzalo Winter y Claudia Mix, del Frente Amplio.

Fueron diputados de Chile Vamos y del Partido Republicano quienes presentaron la acción contra sus colegas de izquierda ante el Tribunal Constitucional. Entre las pruebas que evidenciarían la culpabilidad de los acusados están sus propios testimonios. El diputado Gonzalo Winter, por ejemplo, anunció que no iban a parar «sin repartir la torta». Es decir, exige la «redistribución de la riqueza» tal como lo dicta el socialismo.

Los diputados acusados proponen un retroceso histórico. Ya en 1973, bajo el Gobierno de Salvador Allende, se empleó la “redistribución de la riqueza”, pues este ordenó la expropiación de tres millones de hectáreas (25 % de la tierra cultivable en el país) y todo aquel que se resistía, desde el propietario hasta los trabajadores de la tierra, era reprimido por grupos paramilitares vinculados a los sindicatos leales al Gobierno. Esto dejo como saldo 1 200 muertos.

En este sentido, vale recordar lo dicho el propio Diosdado Cabello, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela: los chilenos piden lo que «ya nos dio el presidente Hugo Chávez en Venezuela».

A juicio de los parlamentarios que presentaron el requerimiento, se “puede apreciar que el diputado Winter llama abiertamente a la rebelión en las calles, lo cual constituye una manifiesta incitación a alterar el orden público”.

El suceso más destacado es la participación del diputado Boric, que estuvo activamente en las marchas en pleno Estado de Emergencia. Desconoció no solo la autoridad de las fuerzas militares, sino del Ejecutivo que declaró estado de excepción. Además, se atribuyó una potestad que su cargo no le permite: les ordenó a los militares retirarse de la zona.

Según los legisladores oficialistas, “su acto constituye una abierta incitación a alterar el orden público”. De hecho, frente a la prensa, el diputado Boric fue consultado si condenaba las protestas, y su respuesta fue: «Lo voy a decir abiertamente (…) no condeno las evasiones en el Metro. No condeno las evasiones en el Metro porque gracias a lo que han hecho, gracias a eso hoy día se está discutiendo ese tema».

Y «ese tema que se está discutiendo» comenzó presuntamente con el aumento de los pasajes del metro y terminó en la exigencia de cambiar la Constitución y la destitución del presidente Piñera. De modo que los parlamentarios piden un quiebre tanto en el orden democrático como en la estructura republicana.

La misma acusación pesa contra la bancada del Partido Comunista en su totalidad, ya que a través de redes sociales emitieron un comunicado que incita abiertamente a alterar el orden público, no solo en respaldo de las evasiones masivas en el metro de Santiago, sino que además existe un acto por escrito de incitación y motivación a la desobediencia civil.

«Lo cual de por sí constituye un acto prohibido por la Constitución y que da lugar a la cesación del cargo de parlamentario», así lo indica el requerimiento presentado por la bancada oficialista, en coalición con el Partido Republicano (para leerlo completo ingrese aquí).

En caso de que el Tribunal Constitucional considere válido el reclamo de los parlamentarios de centro-derecha contra sus colegas de izquierda, estos no solo perderían sus cargos como diputados, sino que tampoco podrían ser contratados en sector público ni ser elegidos popularmente en los próximos de dos años.

 

Fuente: panampost.com