Cristina Kirchner volverá al poder pero en esta oportunidad, como vicepresidenta de la Nación y no como presidenta. En Comodoro Py se da por descontado que sus futuros descargos tendrán un común denominador: más críticas al Poder Judicial, en especial a un conjunto de jueces y fiscales que tienen en sus manos causas sensibles para dirigentes y empresarios kirchneristas. El contraataque, además, incluyó la semana pasada, el planteo del electo presidente Alberto Fernández que habló de una profunda reforma judicial y del “fin de los operadores judiciales”.

A mí la historia ya me absolvió y me absolverá, a ustedes seguramente la historia los juzgará”, dijo con vehemencia la electa vicepresidenta al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) el lunes pasado cuando declaró en el juicio donde se encuentra imputada de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a defraudar al Estado al direccionar 51 contratos viales a favor de Lázaro Báez por $ 46.000 millones, versa la acusación.

Fue minuciosa al detallar quiénes son sus “enemigos” judiciales que en los últimos años, incluso cuando estaba al frente de Poder Ejecutivo, la investigaban por corrupción.

El planteo central fue el “lawfare”: causas armadas -según sus palabras-, para desprestigiarla como dirigente y a la gestión kirchnerista. Según su argumento, esto posibilitó avalar las medidas económicas de Mauricio Macri. Este concepto estructuró su descargo durante casi cuatro horas, donde no respondió -como contó Clarín– las 150 preguntas que las partes acusadoras tenían preparadas. En el marco de la indagatoria, estaba en su derecho de no acceder a ser interrogada, pero tampoco rebatió los argumentos de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que la condujeron a su primer juicio oral por corrupción y a quienes descalificó.

Sus palabras expusieron los cuestionamientos hacia la justicia: la denominó un “ariete” del gobierno de Cambiemos. Habló de extorsiones, presiones y causas armadas: los nueve procesamientos (7 por corrupción), las siete causas elevadas a juicios oral y los cinco pedidos de prisiones preventivas, son sólo “inventos sin fundamentos”, “todo fue armado” en base, una vez más, al lawfare.

Días atrás, Lázaro Báez había declarado bajo la misma metodología, realizó un descargo en el juicio en su contra por lavado de dinero y no respondió preguntas. Hubo un planteo coincidente con quien fue su socia comercial: dijo ser víctima de una persecución política, pergeñada por Macri e implementada por la Justicia.

El empresario K fue más allá, defendió a la electa vicepresidenta. “Soy una víctima de una campaña atroz. Esta campaña incluyó la prisión de políticos y empresarios sin pruebas ni motivos. Inventaron causas sobre causas, todos los días una nueva”, afirmó Báez y añadió: “Fui víctima de los servicios para acusar a Cristina Kirchner, pero no pudieron doblegarme”.

No hay pruebas, no hay sustento jurídico, ni documentación que corroboren las maniobras investigadas, nada, dijo. Sólo persecución según Cristina Kirchner y Lázaro Báez quienes supieron ser socios comerciales hasta 2015. Los unen 28 operaciones inmobiliarias, contratos de locación, fideicomisos para obras, contratos de explotación hotelera, cesión y permutas de terrenos, compra venta de propiedades, un terreno en condominio, préstamos económicos.

Esos circuitos comerciales, investigó la justicia, se celebraron mientras el matrimonio Kirchner estaba en la Casa Rosada y a la vez, mientras Báez era contratista del Estado. En Comodoro Py se los investiga conjuntamente, para saber si Báez que durante esos años compró 1.420 propiedades por U$S 205 millones, ofició de testaferro de los ex Presidentes.

El argumento de la persecución judicial, volvió a oírse pocos días antes que se produzca la asunción de Cristina Kirchner. En esta ocasión fue Cristóbal López quien acusado de haber defraudado al Estado por no pagar al fisco $ 8.000 millones sostuvo ante el TOF 3 que el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, los mismos que investigaron a Cristina, “son corruptos”.

López comparte está también procesado por lavado de dinero con la ex Presidenta y Báez y por blanqueo con el empresario santacruceño por una compra venta de un terreno en Comodoro Rivadavia. Además, los tres se encuentran acusados en la causa de los Cuadernos por la cartelización de la obra pública.

En ese contexto, remarcó que hubo un plan del “Poder Ejecutivo para presionarnos y llevarnos a la quiebra deliberadamente”. “Yo no me robé nada, ni un centavo. Estoy acá porque era la figura que necesitaba Macri. Nunca se nos permitió pagar”. Y rechazó haber adeudado a la AFIP $8.000 millones, como reclama el ente recaudador después de una pericia que mostró una deuda por encima de los 6.500 millones de pesos “que con intereses y punitivos supera los 8.000 millones ampliamente “, explicaron.

Con un planteo similar al de Báez, el dueño del Grupo Indalo dijo: “la causa en fue armada por un grupo de tareas comandado por el Sr. Abad de la AFIP que contrató a Ricardo Gil Lavedra para que le diga a Ercolini qué tenía que hacer”.

 

Por Lucía Salinas

Fuente: clarin.com