En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández anunció que el Gobierno avanzará en la reforma de la Justicia Federal. “Quiero anunciar otra transformación, la de la Justicia Federal”, sentenció el Presidente ante la Asamblea Legislativa.

“Vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré: venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependiente de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”, sentenció.

La relación que su gobierno mantendrá con el Poder Judicial ​se transformó en uno de los grandes dilemas para el presidente Alberto Fernández y en la génesis de los grandes conflictos dentro del oficialista Frente de Todos, que incluyeron reclamos públicos de los sectores del kirchnerismo más duro.

Aunque durante la campaña Fernandez no evitó cuestionar el funcionamiento del sistema judicial y fundamentalmente el uso abusivo de las prisiones preventivas, poco después de su llegada a la Casa Rosada se instaló la demanda de quienes exigen la liberación de los ex funcionarios y dirigentes kirchneristas detenidos.

Ese clamor que impulsaron desde el entorno de varios de los principales detenidos como el ex vicepresidente Amado Boudou, la titular de Túpac Amarú Milagro Sala, el dirigente piquetero Luis D’Elía y el exministro de Planificación Federal Julio de De Vido, terminó por instalarse cuando la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le exigió a Fernández un pronunciamiento.

“Señor Presidente, debe decidir de qué lado está: si con el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto, o con los presos políticos“, demandó la referente a través de una carta que le envió al jefe de Estado y que también hizo pública.

Bonafini decidió enviarle esa misiva al jefe de Estado luego de la reunión que éste mantuvo con las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora y otros organismos de DD.HH. y tras el cual aseguró que en la Argentina “no hay presos políticos” sino “detenidos arbitrarios”.

Aquella misiva se convirtió en el punto de partida para un problema in crescendo para Fernández y sus laderos en el Gobierno. A pesar de que días más tarde, el Presidente recibió a Bonafini en la Casa Rosada para tratar de resolver las diferencias puertas adentro, la polémica no tardó en reactivarse.

Y fue la propia ministra de Mujer y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, quien salió a rechazar la postura de Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y reiteró que los detenidos kirchneristas son “presos políticos”.

“El preso político, técnicamente, es el preso que está a disposición del Poder Ejecutivo, es el preso sin causa. Y yo no tengo a nadie a disposición del Poder Ejecutivo. Y obviamente que me molesta que digan que tengo presos políticos, porque no los tengo”, replicó el Presidente para, una vez más, tratar de cerrar la discusión.

El Presidente expuso su malestar ante las presiones y la controversia entre los oficialistas pareció disiparse, por lo menos en la esfera pública. Pero más tarde se instaló otro concepto para poner en tela de juicio el desempeño de la Justicia.

Cristina Kirchner, desde Cuba, denunció que fue víctima de “un proceso de lawfare con componentes mafiosos”. Adoptó el término para denunciar procesos de persecución judicial contra opositores políticos.

En este caso, el presidente Fernández se ocupó de exponer sus coincidencias y difundió un video a través de su cuenta de twitter para alertar sobre el lawfare y advertir que ese proceso estuvo detrás de muchas de las detenciones de referentes kirchneristas.

A pesar de las críticas, el Gobierno aclaró que las presuntas irregularidades debían ser analizadas y eventualmente resueltas por el Poder Judicial. Pero las alarmas no tardaron en encenderse con la presentación del proyecto para reformar las jubilaciones de privilegio de los jueces y la polémica estrategia con la que el oficialismo logró el quórum para darle media sanción en Diputados.

Aquella sesión en la Cámara baja coincidió con una reunión de la mesa de acción política de Juntos por el Cambio, en la que se resolvió denunciar la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y convocar una marcha contra el proyecto para intervenir la Justicia de Jujuy.

 

Fuente: clarin.com