El drama de la familia de la nena que vive en el mismo barrio donde su violador cumple la domiciliaria

En los últimos días tomó dimensión pública la liberación de Pedro Olmos, un hombre de 67 años acusado de violar a una nena de 12 en abril de 2019. Desde hace tres semanas, el imputado cumple prisión domiciliaria a solo 30 cuadradas de la casa de la víctima. De acuerdo con Juan Carlos, uno de los hermanos de la menor, ni él ni su familia fueron notificados acerca de esta situación, y temen por posibles represalias de parte del agresor y de sus allegados.

“Le dieron la libertad sin avisarnos nada. El juez nunca se comunicó con nosotros. Nos enteramos a través de los medios”, aseguró el hermano de la nena en diálogo con TN.

En tanto, Gastón Santilli, abogado de la familia, dio detalles del contexto en el que se le concedió el beneficio a Olmos y cuestionó con severidad la decisión de la Justicia, a la que acusó de haber violado la ley.

“Él estaba preso con prisión preventiva por el hecho que ocurrió en abril de 2019, y tenía dispuesto un juicio abreviado con una pena pactada en 8 años. Antes, había estado prófugo durante 5 meses, con captura nacional e internacional, hasta que lo atraparon un día que volvió a su casa y lo escucharon Juan Carlos y sus hermanos”, relató el letrado.

Luego de su liberación a comienzos de abril, Olmos, que vivía al lado de la casa de la víctima, fue alojado en una vivienda ubicada a 30 cuadras del lugar sin tobillera electrónica. “Está a cinco minutos y sin ningún impedimento para que se presente en el domicilio y tome alguna represalia tanto con la menor, contra Juan Carlos o contra su familia”, expresó Santilli.

Además, sostuvo que la fuga del hombre tras haber sido denunciado por violación “no fue merituada en absoluto” a la hora de otorgarle la prisión domiciliaria. En este sentido, explicó: “Era algo que tendrían que haber hecho, porque nadie puede acceder a un beneficio de prisión domiciliaria o de morigeración de la pena si ya antes ha estado prófugo“.

En tanto, el letrado responsabilizó por la decisión al presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, que hizo lugar a un hábeas corpus presentado por el abogado de Olmos según el cual su cliente padece hipertensión crónica y osteoporosis.

Sobre este punto, se refirió al magistrado como “el mismo que autorizó el amparo colectivo” en el que defensores generales pedían la libertad de los presos que formen parte de los grupos de riesgo del COVID-19, y agregó: “Otorgó la libertad del abusador de una menor de 12 años -uno de los delitos más graves del código-, y días después dispuso que el beneficio tiene que ser para aquellos delitos leves y que tiene que ser avisado a la víctima. En nuestro caso, no solo se trata de un delito gravísimo, sino que no se nos dio ningún tipo de notificación”.

De esta forma, Santilli acusó a Violini de “violar por completo la ley de derechos de la víctima”, que en el artículo 5 inciso K establece que la misma tiene derecho “a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente”.

Por último, y en relación con los padecimientos alegados por la defensa de Olmos, denunció que las comorbilidades planteadas “no se han acreditado en su expediente”, y que “no se realizó ninguna pericia” para comprobarlas.

 

La explicación de Víctor Violini

Sobre el otorgamiento de la prisión domiciliaria acerca de 1400 reclusos desde el 8 de abril, fecha en la que se autorizó la medida para las personas dentro de los grupos de riesgo de coroanvirus que hayan cometido delitos leves, Violini sostuvo: “Si la pandemia ingresa a las cárceles, cosa que va a suceder, se va a tardar entre un mes y medio y dos meses en contagiar a todos los presos. Si tengo 50 mil infectados de coronavirus, ¿qué hago? ¿Los dejo morir? Les tengo que dar asistencia sanitaria, porque en los penales no hay posibilidades de internar a nadie”.

Además, defendió el otrogamiento del beneficio a Olmos. “La defensa presentó un habeas corpus explicando que el detenido no está alojado en el Servicio Penitenciario sino en una comisaría de Burzaco bajo condiciones de hacinamiento, sin tratamiento médico, que sufre neumonía, hipertensión y, que además, tiene osteoporosis, por lo que está postrado en una cama sin posibilidad de movilizarse por sí mismo”, explicó.

De esta forma, añadió que se concedió el habeas corpus, aunque se dejó el caso “en manos del juez de Lomas de Zamora, en el distrito donde está la comisaría, para que verifique el estado del interno”. “Si este hombre dice que va a estar en un lugar y está al lado de la víctima, el juez le debe decir que no puede estar en ese lugar”, concluyó.

Salida polémica: otro violador recibió la prisión domiciliaria, en San Miguel

Antonio Armando Di Palma estuvo seis meses detenido, acusado de abuso sexual agravado. Hace quince días cambió el calabozo por un ámbito más confortable: su casa. Un Tribunal Oral de San Martín y un juez de la Cámara Penal de ese Departamento Judicial lo beneficiaron con la prisión domiciliaria.

Los jueces le concedieron ese beneficio con la condición de que cambiara de domicilio y se instalara lejos de la casa de la víctima, en San Miguel.

Se trata de uno de los casos denunciados por Jaime Méndez, el intendente de ese distrito que, alertado por los vecinos, manifestó en su cuenta de Twitter que había veinte presos , entre los que figuraban vendedores de droga, abusadores y ladrones, que regresaron a los diferentes barrios.

 

Fuerte cruce entre Sergio Berni y Eugenio Zaffaroni por los presos

La polémica en torno a la liberación de presos por el avance del coronavirus no se detiene y en las últimas horas se produjo un feroz cruce entre el exjuez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, y el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni.

Todo comenzó el martes, cuando el exmagistrado dijo que con las excarcelaciones y domiciliarias la Justicia buscaba “evitar una masacre”, en referencia a evitar una propagación del virus en los penales de todo el país. “Nadie habla de soltar violadores u homicidas“, aclaró.

Rápidamente Berni salió al cruce y cuestionó su frase. “Escuché a un jurista muy reconocido, que nadie puede poner en duda su capacidad teórica, diciendo que esta es una medida para evitar masacres. Masacres son las que tenemos todos los años en la provincia de Buenos Aires cuando los delincuentes nos matan mil bonaerenses. Esas son verdaderas masacres”, sostuvo Berni en diálogo con radio Mitre.

El funcionario bonaerense, que anteriormente había dicho que si fuese por él “no saldría uno solo”, trazó un paralelismo entre la realidad de los internos y las personas que a diario deben luchar contra el COVID-19. “El virus no ataca solo a los presos, también a los médicos y policías que trabajan las 24 horas desde hace 37 días y no por eso fuimos a nuestras casas”, lanzó.

Este miércoles Zafforoni le contestó a Berni al asegurar que sus declaraciones se enmarcan en un “discurso de populacherismo vindicativo que llenó las cárceles” e insistió que en las cárceles deben reducir su ocupación para evitar una propagación del virus.

“La mayor parte de nuestros presos no están condenados, es decir que están en prisión preventiva, por lo que no sabemos si son culpables o no. Nadie dice que se vaya a largar a homicidas seriales y violadores. La mayoría están presos por delitos contra la propiedad, muchos sin violencia física”, explicó el magistrado, en diálogo con radio Futurock.

Y continuó: “Hay que ver eso e ir reduciendo la cantidad de presos, para que queden en la cárcel los de mayor agresividad. El día que pase la pandemia, si con la medida alternativa no se cumplió la pena, que el detenido vuelva a la cárcel. No es ningún perdoncito ni una amnistía lo que se hace, sino se le dice que se quede en su casa, con control. Es una medida de emergencia”.

 

Indignación por la liberación de presos: récord de firmas, convocatoria a cacerolazos y mensajes en redes

A pesar de las limitaciones que impone el aislamiento por la pandemia de coronavirus a la posibilidad de manifestarse, el rechazo social a la liberación de presos se expresaba con fuerza esta tarde en todo el país a través de las plataformas digitales. Así, una petición en Change.org alcanzaba el récord de firmas; se había convocado a dos cacerolazos y se multiplicaban los mensajes en redes sociales de parte de referentes políticos, judiciales, artísticos y sociales.

Miles de personas se muestran en contra de las excarcelaciones que ya se produjeron -salieron 753 presos de las cárceles bonaerenses y más de 200 de las federales-. Pero también las que se planean de ahora en más. La medida, que cuenta con el aval del oficialismo, busca liberar un porcentaje aún no precisado de los detenidos, para evitar los contagios masivos. En el sistema carcelario, la propagación del virus se produciría entre 8 y 10 veces más rápido de lo común, señalan.

En Facebook, Twitter y WhatsApp circulaba una convocatoria para realizar dos cacerolazos, hoy y mañana, a las 20.

 

Mientras que en la plataforma de peticiones online Change.org, una carta digital titulada “No a la salida de presos” alcanzaba el récord de velocidad de firmas, con 328 mil adhesiones en tres días. El promedio, informaron desde la ONG, es de entre 30 y 40 mil.

La última petición que logró un ritmo de apoyo similar pedía la destitución de los jueces de Casación Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, por bajarle la pena a un hombre que había violado a un chico de 6 años. Ambos renunciaron en 2015.

La misiva está dirigida al presidente Alberto Fernández, quien avaló anteayer que se dispongan las excarcelaciones de presos comunes frente a la pandemia. Así como al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Seguridad de la Nación y la Provincia, Sabina Frederic Sergio Berni; de Justicia, Marcela Losardo; y el juez bonaerense Víctor Violini, quien le otorgó la prisión domiciliaria a un violador.

Desde distintas organizaciones mostraban su rechazo. El Observatorio de Víctimas de Delitos repudió “la política de liberación y búsqueda de impunidad de detenidos por jueces que utilizan la pandemia del Covid-19 como pretexto”.

Mientras que el colectivo Actrices Argentinas rechazó ayer, a través de un comunicado publicado en Twitter, la posibilidad de que, en el marco de la pandemia de coronavirus, se le conceda el beneficio de prisión domiciliaria a acusados o sentenciados por “femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género”.

Por su parte, la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, quien fue baleada en 2010 durante una salidera bancaria en La Plata, expresó: “Ni paranoicos ni del Pro, son familiares de víctimas. No elaboren enemigos donde no los hay, donde solo hay un reclamo justo que no acuerda con el buenismo con delincuentes”, en referencia a los referentes que se muestran críticos de la medida.

 

Fuentes: tn.com.ar / lanacion.com.ar / 168HorasTV / Agarrá La Pala