Frente a la recomendación judicial de excarcelar a los detenidos que integran la población de riesgo por coronavirus, familiares de víctimas de la inseguridad se unieron para solicitar que no se les otorgue la prisión domiciliaria. “No solo son un peligro para la sociedad, sino para los familiares que estuvieron al frente de todo el proceso judicial velando por el cumplimiento de la ley”, indica a TN.com.ar Emmanuel Terrón, hermano de Matías Terrón, asesinado en Sarandí el 22 de junio de 2016.

Coincidieron en la necesidad de justicia y ahora, en la bronca. Todos perdieron a un ser querido y están indignados con la posibilidad de que queden libres: “Tenemos miedo de que los victimarios de nuestros familiares, sin ningún tipo de control, tomen revancha o venganza porque los gobierna el resentimiento”, explica Terrón que se puso al frente de la querella en el juicio por el crimen de su hermano.

Por su parte, Edgardo Aló, papá de Carolina, asesinada por Fabián Tablado – que está en libertad hace dos años- sostuvo: “Nosotros no tenemos la posibilidad de reunirnos en ninguna mesa de diálogo. La cárcel no es un hotel, no pidan los derechos que no les dieron a las víctimas. Yo les pido en nombre de Carolina y todas las víctimas del país que no los suelten”.

Gustavo Melmann, el papá de Natalia expresa a TN.com.ar su preocupación al enterarse que los culpables por la violación y crimen de su hija pidieron prisión domiciliaria: “Quienes violaron, torturaron y asesinaron a Natalia están tratando de tener arresto domiciliario especulando con la pandemia”.

Un pedido desgarrador a los jueces

Marta Poussif, mamá de Matías, recuerda que dos días antes de que mataran a su hijo, se enteró de que sería abuela. “Quiero pedirles a los señores jueces que piensen un segundo en el dolor que nosotros llevamos dentro. El saber que mi nietito solo sintió el beso de su papá a través de la panza es muy doloroso, por eso les pido que no les dejen en libertad”.

También se suma al reclamo el papá de Mara Mateu, violada y asesinada en Santa Teresita. Los autores, Adrián Svich y Diego Buzzo, cumplen condena en Barker y en Florencio Varela respectivamente.”Mara no tuvo la oportunidad de colgarse ningún cartel solicitando que no quería morir. Les pido a los señores jueces que actúen con responsabilidad pensando en las víctimas que están enterradas y los familiares que seguimos sufriendo esas pérdidas”.

Roberto Almeida es el esposo de Ana María Domínguez, asesinada en año 2000 en presencia de su hija que en ese momento tenía 7 meses. Él quiere destacar que sabe lo que es tener miedo porque durante mucho tiempo los asesinos estuvieron en libertad. “Mi familia y yo sabemos lo que es vivir con los asesinos sueltos. Le pedimos al Poder Judicial de la República Argentina y en especial, al de la Provincia de Buenos Aires que por favor tengan buen criterio a la hora de firmar los beneficios que correspondan y se tomen también, el tiempo que corresponda”.

En la misma línea, Gladys Cabezas, hermana de José Luis Cabezas exigió: “No nos contagiemos de impunidad, los que tenemos que estar en calle somos nosotros, no los delincuentes. Por favor señores jueces, no somos cómplices de ustedes”.

Del reclamo también participan Claudio y Analía, los papás de Carla Milens, asesinada en 2011 y por cuyo crimen no hay detenidos. También Karina Muñoz, mamá de Brenda; Graciela Pera, madre de Matías Díaz y Maria Esther Radiminski, la mamá de Alex Ayala, asesinado en Lanús en 2012.

Para finalizar, Emmanuel Terrón puntualizó: “No queremos que se nos tome más el pelo. Nosotros lo que exigimos es que se cumpla la Ley de Víctimas, a la que no está adherida la provincia de Buenos Aires. La ley obliga a que se les informe a los familiares de cualquier medida que se tome cuando los detenidos pidan cualquier beneficio, ya sea una salida transitoria o prisión domiciliaria”.

El comunicado de Familiares Atravesados por el Femicidio

Desde el grupo del que forma parte Gustavo Melmann afirmaron: “Queremos expresar nuestra disconformidad por las liberaciones que se harán entre los reos de la población carcelaria. Creemos en la buena fe del gobierno para que el efecto del coronavirus sea lo menos perjudicial para los que habitamos el suelo pero no estamos de acuerdo con la especulación para lograr la liberación de aquellas personas que ya han demostrado que son peligrosa para la sociedad”.

Fuente: tn.com.ar