La abogada Silvina Martínez pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que revea la decisión de otorgarle a la funcionaria la posibilidad de volver a explotar el hotel y cobrar el alquiler de varias propiedades. Según la letrada, el juez Daniel Obligado mantiene un “tratamiento preferencial” a los pedidos que hace el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi. El magistrado dispuso devolver a la familia el control de Los Sauces y de la casa de Máximo Kirchner en Río Gallegos.

Hasta ahora, la causa contiene medidas cautelares que le impiden a los socios de la empresa Hotesur, Cristina Fernández y Máximo y Florencia Kirchner, recuperar los que consideran sus bienes y además hacer usufructo de ellos.

“Esta medida (contraria a la oportunamente dictada por el juez de instrucción y ratificada por las instancias superiores) no solo beneficia a la familia Kirchner permitiéndoles recuperar la administración y usufructo de todas sus propiedades, inclusive sus hoteles, sino que perjudica a los procesos judiciales en marcha donde se investiga no solo el enriquecimiento de la familia Kirchner sino también maniobras de lavado de dinero que involucran a dicho establecimiento”, denunció Martínez en una carta dirigida al tribunal. Y agregó: “Esta medida se toma luego de que la familia Kirchner reclamara ante la Justicia diferentes acciones en torno a la administración y usufructo de las propiedades y nuevamente el Tribunal parecería querer congraciarse con los procesados”.

La abogada advirtió sobre la “gravedad institucional” de la decisión, que “perjudicarán el proceso” judicial en curso. Además, subrayó que la maniobra “contaría con la inacción de la [Unidad de Información Financiera] UIF, quienes están a cargo de funcionarios del Poder Ejecutivo”.

Las medidas de intervención administrativa fueron impuestas, en su momento por los jueces federales de instrucción Claudio Bonadio Julián Ercolini. Además, fueron confirmadas por todas las instancias posteriores. Es decir: Cámara Criminal Correccional Federal y la Cámara de Casación.

Obligado es el mismo juez que autorizó la prisión domiciliaria del exvicepresidente Amado Boudou, condenado por haber querido apropiarse de Ciccone. También benefició a uno de los parteros del centro clandestino de detención de la exESMA, al médico Carlos Capdevila, con el argumento de que podría ser contagiado de coronavirus .

 

 

Fuente: lanacion.com.ar