La revista Semana reveló recientemente un  escándalo de espionaje del Ejército de Colombia a periodistas nacionales y extranjeros, además de a políticos y defensores de derechos humanos. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y otras organizaciones nacionales e internacionales condenaron enfáticamente estas prácticas e instaron al Gobierno de Iván Duque a investigar y castigar a los responsables.

Los escándalos de espionaje se repiten cíclicamente en Colombia, comenta a DW la coordinadora del programa del CPJ para América Central y del Sur, Natalie Southwick. Las investigaciones terminan con el despido de unos pocos “responsables” y el problema se arraiga. “Falta transparencia en la investigación y asunción de responsabilidades” por parte del Estado, denuncia Souhtwick.

“Además de violar el derecho inalienable a la privacidad garantizada a todos los ciudadanos, estas acciones ilegales corroen la confianza necesaria entre las fuentes y los periodistas”, insistió hace unos días el presidente de la SIP, el jamaiquino Christopher Barnes. Y este no es un peligro ni nuevo ni colombiano. Ha sido una “práctica sin fin” en América Latina y el Caribe, escribe José Meléndez, corresponsal en Costa Rica del diario mexicano El Universal.

¿Quiénes y cómo espían a los periodistas en América Latina?

“El espionaje o la vigilancia sobre o contra los periodistas siempre ha existido, sin distinción de ideologías ni de épocas, al menos en las últimas cinco décadas, las de mayor monitoreo de la libertad de prensa en América Latina”, coincide el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti. Y enumera dictaduras militares de derecha: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil. O de izquierda: Nicaragua, Cuba. Así como Gobiernos de cualquier signo político en Guatemala, Venezuela (antes y después de Hugo Chávez) y Ecuador (antes o después del caso de Julian Assange).

Los sistemas de vigilancia son parte de la estrategia del Estado para vigilar y perseguir “excepcionalmente” a ciudadanos vinculados con el crimen organizado o el terrorismo, con el requisito de una orden emitida por “un poder judicial independiente, genuino, legítimo”. Pero incurren en prácticas ilegales cuando abusan de esos límites y usan los mismos mecanismos, junto a tecnologías eficientes y de muy bajo costo, para vigilar y perseguir a la oposición, activistas de derechos humanos, abogados de determinados casos y periodistas, advierte Trotti.

Además del caso colombiano, los expertos de la SIP y la CPJ destacan el de México, donde  periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos han denunciado la vigilancia sistemática del Gobierno de Peña Nieto, sus antecesores y posiblemente también del actual de López Obrador, a través del software maligno Pegasus.

Hay, adicionalmente, otros Gobiernos de la región como el de Honduras, Guatemala o Panamá, con equipos y contratos firmados para el acceso a herramientas de vigilancia parecidas, así como otros con intención de sumarse a esta tendencia, añade la coordinadora regional del CPJ, Natalie Southwick. Y ha habido también ataques cibernéticos a periodistas o medios de comunicación, como los ocurridos recientemente en El Salvador contra La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.

El espionaje a los periodistas, advierte el director de la SIP, no solo está dirigido a conocer sus fuentes, sino que tiene como fin último la persecución física: “actuar, en consecuencia, en contra del periodista y de sus fuentes”. Algunos Gobiernos, además, “tratan de hacer saber que están vigilando, para que los periodistas y sus fuentes se sientan más vulnerables”, agrega Trotti en alusión a lo que llama “el juego detrás de la vigilancia”.

Y esto ocurre no solo en países con regímenes autoritarios, como a veces se tiende a pensar, sino también en democracia: “en aquellos países donde hay mayor esfuerzo de los periodistas por investigar, por ejemplo, la corrupción del propio Estado”, dice el experto de la SIP. Se trata, en definitiva, de “imponer la censura y facilitar la autocensura, de funcionar como una herramienta de intimidación y silenciar a los periodistas”, resume la experta de la CPJ.

Así que la lista incluye no solo a la dupla de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori en Perú; sino también al Gobierno de Cristina Fernández en Argentina. O a un país tan bien considerado por su respeto a la libertad de expresión como Costa Rica, con varios expresidentes condenados por corrupción, y un relativamente reciente escándalo de espionaje al Diario Extra, denunciado por Reporteros sin Fronteras en 2014.

¿Cómo se protege a los periodistas latinoamericanos?

En América Latina, existen sistemas de vigilancia en todos los países. Pero no todos tienen estricta legislación o administración que especifique que esas prácticas deben ceñirse al marco establecido por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), que resalta la importancia del control de un poder judicial independiente.

Y esto está “atado a la debilidad de las instituciones judiciales y al autoritarismo del poder Ejecutivo” en la región: cuanto más ideológicamente dependientes sean las primeras y más fuerte el segundo, “más grande es la puerta para los abusos”, advierte Trotti, y vuelve a citar los ejemplos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Tanto la SIP, como el CPJ, RSF o cualquier otra organización gremial o defensora de derechos humanos a nivel nacional, regional o internacional, se centran en “crear una cultura de la denuncia a través de los sistemas nacionales, interamericanos o mundiales de defensa de derechos humanos”. Solo así, a través de instancias como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pueden corroborar las violaciones y llamar la atención de los Gobiernos sobre el tema, explica Trotti.

“Todo Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad de prensa y de expresión”, recuerda Southwick, desde el CPJ. Colombia, México, Ecuador, Paraguay, Honduras y, con menos desarrollo, Guatemala, son algunos de los países de la región que cuentan con sistemas oficiales de protección a periodistas contra amenazas y agresiones físicas y asesinatos. Han sido implementados por los propios Gobiernos por la presión de estas organizaciones internacionales.

Aunque, con la excepción de Colombia, estos mecanismos aún “carecen de recursos económicos, profesionales y humanos” para desempeñarse con éxito, constata el director de la SIP. De ahí que, hasta hoy, “la impunidad es una realidad en más del 90 por ciento de las agresiones y asesinatos a periodistas” en la región, lamenta Southwick.

En su contra, estas organizaciones han implementado programas de apoyo legal y médico, bibliotecas de información de seguridad o equipos de emergencia y respuesta rápida a casos individuales, enumeran los expertos. Pues, concluye Trotti: “la amenaza contra los periodistas es una amenaza de una gravedad letal para la libertad de prensa y el derecho del público a estar informado debidamente.”

 

Fuente: dw.com