La abogada Silvina Martínez, denunciante de las causas Hotesur y Los Sauces, pedirá investigar penalmente al titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Félix Crous por “violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. Se debe a la renuncia del organismo a esas dos acusaciones contra la familia Kirchner.

La OA le comunicó la decisión al Tribunal Oral Nº 5 mediante un escrito “fundamentándose en que las causas ya fueron elevadas a juicio y que los recursos humanos de la Oficina Anticorrupción son insuficientes”, indicó Martínez en la denuncia a la que accedió TN.com.ar.

En el documento, que se presentará este viernes en tribunales, Martínez apuntó contra la OA porque “actualmente es un organismo desconcentrado dependiente de Presidencia de la Nación, y por esa circunstancia, al depender jerárquicamente de aquellos funcionarios a quien debe acusar en su rol de querellante en las causas mencionadas, es que se decide abandonar los deberes a su cargo y retirarse de las querellas”.

Además, aseguró que “por el decreto 102/99 la Oficina Anticorrupción debe constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado”.

La abogada abordó las acusaciones contra la vicepresidenta y afirmó que, en la causa Hotesur, “pudo comprobarse que Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, entre otros, habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.

Por otra parte, según Martínez, en la causa Los Sauces hubo “un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito por medio del cual se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada sociedad comercial”.

Entre los fundamentos de la denuncia, la abogada aseguró que Crous “incurre en el delito previsto por el art. 248 del Código Penal que reprime con prisión e inhabilitación especial, al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

“El abuso puede también materializarse a través de una omisión consistente en no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumbiere al funcionario”, manifestó en el escrito.

 

Fuente: tn.com.ar / LA NACION