La decisión de intervenir la compañía que tiene una deuda de 1350 millones de dólares habría sido de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que dejó en manos de la senadora Anabel Fernández Sagasti la concreción de esta idea. La integrante de la Cámara alta es de extrema confianza de la ex mandataria.

Gracias por adherir a nuestro proyecto“, le dijo la senadora al Presidente, una frase que demuestra que la idea partió del seno del kirchnerismo. Además, el interventor Gabriel Delgado fue secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación durante los últimos dos años del mandato de Cristina Kirchner y es un dirigente cercano a la exjefa de Estado.

El anuncio podría cambiar las relaciones de fuerza entre el Estado y los privados en el mercado alimenticio. En el caso de que la expropiación obtenga luz verde en el Congreso, los activos de la empresa pasarán a formar parte de un fondo fiduciario que será administrado por YPF Agro, una firma relacionada al campo de la petrolera de propiedad mixta entre el Estado y el sector privado.

En su discurso, el Presidente describió la medida como una “operación de rescate de una empresa de magnitud en el mercado”, y añadió que “favorece a la Argentina en este momento para lograr una soberanía alimentaria”.

En el Gobierno mencionan que la empresa llegó a esta delicada situación financiera producto de un “fraude financiero” y aseguran que la compañía “se descalzó financieramente cuando las tasas de interés (durante el gobierno de Mauricio Macri) subieron”.

Durante el macrismo el Banco Nación le otorgó préstamos a Vicentin por 18.182 millones de pesos. Solo en noviembre de 2019, con la empresa ya en cesación de pagos, la entidad le otorgó más de $5700 millones. El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó por esto a Javier González Fraga.

Días antes de que Alberto Fernández asumiera la presidencia, autoridades del Grupo Vicentin informaron que la empresa se encontraba en un estado de “estrés financiero” y que no podía hacer frente al pago de 350 millones de dólares.

La medida pone a resguardo a 4000 trabajadores y 2600 productores que le venden a Vicentin y que en los últimos meses no habían podido cobrar.

 

Alberto Fernández afirmó que la expropiación de Vicentin es “excepcional” y negó que haya sido una decisión de Cristina Kirchner

En medio de la polémica generada tras el anuncio, el presidente Alberto Fernández defendió este martes la intención de expropiar Vicentin, una de las principales exportadoras y procesadoras de granos, aseguró que fue una decisión suya y no de Cristina Kirchner​, y aclaró que es una situación “excepcional” que no se extenderá a otras compañías.

Además, negó que su gobierno tenga como política quedarse con empresas privadas, y afirmó que la decisión “no es comparable de ningún modo con cualquiera de esas medidas de la historia reciente en otros lugares del mundo” (El Presidente Fernandez intenta despegarse de la imagen chavista de las expropiaciones en Venezuela).

“Hay que tener en claro que lo de Vicentín es una decisión excepcional, el Estado no se puede hacer cargo de la economía privada. Se puede hacer cargo de una situación como esta. No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas; la excepcionalidad de esta decisión es absoluta”, afirmó Fernández en declaraciones a Radio Con Vos.

En ese contexto, negó que en la decisión haya participado la vicepresidenta: “Te escuchaba decir eso de que era una decisión de Cristina… No fue así, fue una decisión absolutamente estratégica. Una decisión que hablé con Matías Kulfas, con el gobernador de Santa Fe y Anabel (Fernández Sagasti se sumó porque tenía un proyecto de expropiación”.

 

Las dos razones que llevaron al Gobierno a la intervención

En su discurso, el Presidente subrayó entre los motivos detrás de la operación el resguardo del trabajo de los empleados y proveedores de Vicentin. Además, dijo que si la empresa continúa funcionado permitirá “lograr una soberanía alimentaria” en la Argentina pospandemia.

Sin embargo, Nicolás Wiñazki contó que el Gobierno tendría al menos otras dos razones para involucrarse en la gestión de la agroexportadora, las cuales no fueron mencionadas por el jefe de Estado durante los anuncios de este lunes a la tarde.

“En total secreto, Alberto Fernández quiso tomar la iniciativa para sacar un poco de la agenda a la pandemia. Lo admitieron fuentes oficiales, que dijeron: ‘Tenemos que aparecer gobernando más allá del coronavirus'”, contó el periodista.

No obstante, habría una segunda intención, de mayor importancia, detrás de la intervención del grupo. Al respecto, Wiñazki dijo que fuentes del Ejecutivo afirmaron que con Vicentin e YPF Agro, el Estado manejará el 30% del mercado de los granos en la Argentina.

“Dicen desde el Gobierno: ‘Vamos a ponerle el precio a los granos a través de estas empresas y no va a poder venir ningún gran holding ni cerealera a presionarnos para que estén a un valor más alto'”, expresó el periodista. En tanto, añadió que esa idea es bien vista por el oficialismo y por el “peronismo no K”.

 

Vicentin: el campo, dividido tras la intervención

La Sociedad Rural se mostró “preocupada por la medida”, Coninagro destacó que “es clave sostener las fuentes de empleo”.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el sector agropecuario. Luego de que Alberto Fernández anunciara la intervención del grupo Vicentin, las entidades del campo apenas pudieron reaccionar.

Con el correr de los minutos algunos ex funcionarios y dirigentes agropecuarios comenzaron a opinar sobre la decisión del Gobierno, algunos a favor y otros en contra.

En diálogo con TN, el ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, dijo que se está creando un “gran monstruo de aporte estatal que va a intervenir muy fuerte en el sector alimenticio”.

Y agregó: “Esto puede tener una incidencia importante para el precio de las oleaginosas en la Argentina. No es un dato menor que el Estado, con una empresa detrás como YPF, entre en este mercado”.

En tanto, el último titular de la cartera de Agricultura durante el macrismo, Luis Miguel Etchevehere, relacionó esta decisión con las medidas tomadas por Venezuela durante el chavismo, y en su cuenta de Twitter la catalogó como “una muy mala noticia”.

Con Vicentín volvió Amado Boudou

(Nicolás Wiñazki)

Extraño anuncio presidencial el del lunes por la tarde: Alberto Fernández​ informó que su Gobierno pondría un interventor en uno de los mayores holdings de la agroindustria, Vicentín, para luego enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar esa empresa.

El plan general sobre Vicentín tiene un autor o, como mínimo, un primer difusor del plan estatal para el futuro de esa súper agroexportadora, a pesar de que en la Casa Rosada se evitó nombrarlo. Es Amado Boudou​. El domingo, poco antes del anuncio, el ex funcionario publicó una columna en el sitio K eldestapeweb.com, titulada “Algunas ideas para Vicentín”.

Aunque en un primer momento el artículo asegura que se conoció días atrás un proyecto público para estatizar Vicentín, lo cierto es que, si eso ocurrió, fue bajo silencio gubernamental, porque el anunció de Fernández sorprendió a los mercados y al propio funcionariado.

Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por el Tribunal Oral Federal 4, quien lo encontró culpable de haber cometido los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el proceso de compra fraudulenta de la fábrica de hacer dinero llamada Ciccone Calcográfica.

Los magistrados determinaron, en agosto del 2018, que Boudou debía ser detenido de forma inmediata. Fue a la cárcel.

Salió. Volvió. Gracias un polémico fallo del juez Daniel Obligado, el ex vice está hoy arrestado en su casa a la espera del dictado de una condena definitiva, algo que para muchos juristas en rigor ya ocurrió.

Ex vicepresidente, ex ministro de Economía y ex titular de la ANSES,  Boudou fue inhabilitado de forma perpetua para volver a ocupar cargos públicos.

Boudou escribió el domingo en eldestapeweb: “Hace algunos días conocimos una propuesta pública para solucionar la depredación llevada adelante por la empresa Vicentin en “equipo” con el Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. A trazo grueso la idea propuesta es convertir lo que queda de Vicentin en una empresa pública, es decir que en algún sentido la estructura pase a ser “de todos los argentinos” a cambio de la deuda que la empresa tiene con el Banco Nación (es decir con todos los argentinos). No menor es la situación de los 4.000 trabajadores cuyas actividades es indispensable preservar”.

Y siguió: “Que algún actor privado se quedara con la firma, dadas las acreencias del BNA sería una “privatización encubierta” en la cual solo se perjudicaría al conjunto de los argentinos”.

Boudou tenía demasiados detalles o planeó él mismo el plan Vicentín: “En definitiva que el Estado pueda tener una empresa como Vicentin en una actividad tan importante para los 40 millones de argentinos es similar a la propia existencia del Banco Nación. Ningún “competidor” privado tiene argumentos para que no exista mayor competencia en el sector. La deuda de Vicentín con el Banco Nación está documentada. Nadie como el Estado puede asumir compromisos creíbles y cumplibles con los restantes acreedores actuales de Vicentin. Desde el punto de vista técnico contamos con el INTA, una organización de gran prestigio, que viene acumulando conocimiento y formando cuadros de altísimo saber para nutrir la nueva empresa pública”.

Casi todos esos conceptos fueron repetidos por el Presidente en su anuncio, en el que se “invisibilizó” el aporte que Boudou hizo sobre este nuevo tema de debate nacional que impactará en la economía nacional con consecuencias aún desconocidas.

¿Conocía Boudou de antemano del plan “secreto” del Presidente para Vicentín y rompió el cerco informativo en su columna dominical?

 

Fuentes: tn.com.ar /  clarin.com.ar