En medio de la polémica por la decisión del Gobierno de avanzar en la expropiación de la emblemática cerealera Vicentin​, los interventores designados por el Estado ingresaron pasado el mediodía a la sede administrativa de la empresa, en Avellaneda, Santa Fe.

El subinterventor Luciano Zarich llegó junto al escribano oficial Carlos Gaitán y directivos de la empresa. Poco después comenzó una reunión en la que se elabora el acta acuerdo de traspaso formal de la cerealera.

De esta forma, el Estado nacional concreta “la intervención de la empresa que había sido dispuesta por el presidente Alberto Fernández​”, según informó el ministerio de Desarrollo Productivo.

El lunes, el presidente anunció la intervención de Vicentín y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera que en diciembre pasado entró en cesación de pagos.

 

Legisladores de Juntos por el Cambio proponen derogar el decreto de intervención

De entrada hubo una reacción de rechazo que unificó a los diferentes sectores de Juntos por el Cambio. La coalición opositora salió fuerte de inmediato con un comunicado en el que consideró la intervención y estatización de Vicentin como una medida “peligrosa, ilegal e inconstitucional”, y referentes tanto de la llamada ala dura como los que venían evitando confrontar cuestionaron el anuncio de Alberto Fernández con declaraciones y expresiones en redes sociales. Con el correr de los días aparecieron los matices.

“Deróguese el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso la intervención de la empresa Vicentin, en todos sus términos”, propuso en un único artículo -el otro es de forma- David Schlereth en un proyecto de ley tan breve como contundente que presentó en el Congreso, acompañado por la firma de otros diputados del PRO. Pero aun con esa dureza en la redacción, la iniciativa baja un cambio en el nivel de confrontación comparada con la denuncia penal contra Alberto Fernández impulsada por algunos de sus compañeros de bloque.

“Dada la gravedad institucional que ha causado la sanción del DNU N° 522/2020 que tiene por objeto la realización de una intervención manifiestamente irregular e inconstitucional de la empresa Vicentin, atento la inexistencia de presupuestos habilitantes fundados en verdaderas circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir el trámite ordinario previsto por la Constitución para la sanción de las leyes, no dudamos en sostener la nulidad absoluta e insanable del mismo”, aseguró el diputado en los fundamentos, en los que remitió a las expropiaciones de Ciccone y Repsol, con el acompañamiento de Gustavo Hein, Eduardo Cáceres, Juan Aicega, Federico Frigerio, Marcelo Orrego, José Luis Patiño y Francisco Sánchez.

 

Expropiaciones: ¿sigue Argentina el camino de Venezuela?

(Por Rosa Muñoz Lima)

“Es una respuesta a la preocupación del mercado, pero también una decisión estratégica para la economía”, aseguró el presidente Alberto Fernández. Se trata de rescatar a “una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra”, de garantizar su funcionamiento y sus puestos de trabajo, de dar “un paso hacia la soberanía alimentaria”, y de prepararse “para los tiempos que se vienen, donde los alimentos tendrán un rol preponderante en la economía mundial”, dijo e insistió: ”Nada más ni nada menos”.

Pero, entre la oposición, así como en medios y redes sociales argentinas, la intervención estatal al gigante agroexportador en bancarrota Vicentin, así como el envío al Congreso de una ley para su expropiación, ha desatado temores, debates ideológicos, oscuras previsiones y comparaciones con la Venezuela de Hugo Chávez.

¿Por qué se expropia Vicentin?

Vicentin, que ahora podría convertirse en empresa mixta, con capital público y privado, produce, procesa, acopia y exporta aceites de soja y de girasol, harina de soja, biodiésel, jugo concentrado de uva, vinos, miel y carnes. Y tiene activos en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

“Es el sexto exportador de productos agropecuarios en la Argentina, con toda la importancia que eso tiene en un país, en el que dos de cada tres dólares genuinos que se ingresan vienen de las oleaginosas y la venta agropecuaria”, precisa a DW Julián Leone, profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Se trata de “una empresa que exporta el 85 por ciento de su producción y es, además, el principal productor del mercado de biodiésel”, un mercado polémico pero muy importante de generación de divisas para Argentina, señala Leone.

Pero es una empresa altamente endeudada, con deudas de más de mil millones de dólares con distintos acreedores. Entre ellos hay bancos de capital nacional, como el Nación y el Provincia. Y hay también bancos privados. Además, la empresa acumula muchas deudas con los productores agropecuarios.

El objetivo del Gobierno es “mantener bajo activos nacionales una empresa sumamente estratégica, no solo por su volumen de negocios, de unos 3.000 millones de dólares anuales, sino por el mercado del cual participa”, precisa el economista argentino.

Ese mercado, estratégico y “altamente carterizado, en el que diez empresas concentran el 91 por ciento de la exportación de oleaginosas”, explica la preocupación del Gobierno por que la empresa, una de las pocas de capitales nacionales, no terminara cediendo ante las deudas, con sus activos liquidados por bancos privados, y pasando a depender de capitales internacionales, opina el experto argentino.

¿Por qué se recela de la expropiación?

Pese a tener un motivo razonable para intervenir Vicentin, el historial de estatizaciones de la fuerza política hoy gobernante en Argentina deja mucho que desear, concede Leone. En un proceso como este, sea como sea, “el Estado va a tener que poner mucha plata”, dice. Pero, la pregunta es ¿para qué, con qué rentabilidad?

Lo sensato, en su opinión, sería “tener una empresa estatal contratante que se siente en la negociación como un par y tenga voz y voto en la formación del precio.” La ganancia estaría así en “la regulación del mercado de granos, con todo lo que significa la renta agraria en un país como el nuestro”, subraya.

Y recuerda que es justamente este el sector que garantiza la generación de oferta y, con ella, la generación de divisas, para evitar las bruscas fluctuaciones en el tipo de cambio que tanto han afectado a la economía argentina.

Sin embargo, ejemplos de expropiaciones anteriores -como la de YPF o Aerolíneas Argentinas- han terminado más bien saliéndole caras al Estado, si se suma lo que costaron las empresas y los intereses punitorios que se fueron agregando luego a estas operaciones, advierte el economista de la UBA.

En principio, la medida es “similar a la inversión del Gobierno alemán en la aerolínea Lufthansa”, de la que se ha convertido en socio mayoritario para evitar su bancarrota, comenta por su parte a DW Barbara Fritz, profesora de Economía en el Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI) de la Universidad Libre de Berlín.

La medida, en el caso alemán, se supone que es temporal. En Argentina, sin embargo, levanta no solo resquemores económicos sino también políticos. Como sea, para esta economista alemana, la comparación con Venezuela parece “exagerada”. Fernández pretende estatizar una empresa quebrada, no empresas lucrativas como las que se estatizaron en su momento en la Venezuela chavista, “con los resultados que ya conocemos”, insiste.

¿Qué no se sabe de la expropiación?

Como sea, quedan preguntas abiertas. Vicentin se declaró en cese de pagos y convocatoria de acreedores en diciembre. Pero el Gobierno “no esperó a que este proceso de concurso terminara y decretó un interventor estatal”, resume Leone. Y su argumento de que esperar más equivaldría a que la empresa se depreciara tiene “cierta lógica, pero no parece ser del todo legal”, confirma.

Y hay más preguntas abiertas, para el economista argentino, de cara al futuro de este gigante y complejo agroexportador, muy conocido por el comercio de oleaginosas, pero con otro tipo de activos.

“Si uno mira la generación de empleos de Vicentin en el sector de oleaginosas, de donde viene el problema del endeudamiento, son alrededor de 2.100 trabajadores. Mientras que si se mira a todo el grupo, con las vitivinícolas, los frigoríficos, entre otros, se llega a 6.000”, explica. Y en los borradores del proyecto presentado por el Gobierno, a los que Leone dice haber tenido acceso, aún no queda claro si el Estado lo expropiará todo o solo la parte endeudada.

En resumen, por el momento, la operación del Gobierno de Alberto Fernández en Vicentin puede leerse, para Leone, “como una desesperada forma de intervención en un mercado sumamente complejo y con el que el anterior Gobierno de esta misma línea ha tenido innumerable cantidad de conflictos.”

En este marco, se comprende la desconfianza de una parte de la ciudadanía en un Gobierno con diversos actores, entre los que se cuenta la ex presidenta Cristina Kirchner. No obstante, “no hay que olvidar que la situación macroeconómica de Argentina es hoy tan complicada, que probablemente un Gobierno conservador tampoco podría hacer las cosas muy diferentes,” observa Fritz y remite a las últimas medidas tomadas por el expresidente Mauricio Macri tras percatarse de que podría perder la reelección contra Alberto Fernández.

 

Fuentes: clarin.com / dw.com / LA NACION / La Gaceta