El decreto que extiende la cuarentena por el coronavirus​ hasta el 16 de agosto sumó la prohibición en todo el país de las reuniones sociales. Este agregado, que obliga a dar marcha atrás a algunas provincias que ya habían recuperado ese tipo de encuentros, abrió la polémica.

El periodista Marcelo Longobardi consideró “inaceptable que se regule la relación entre padres e hijos”. Por su parte, el abogado Eduardo Gerome también se manifestó en contra mientras que el letrado Daniel Sabsay dijo que es “inconstitucional”. En tanto, expertos en materia de salud aseguran que, en este momento de la pandemia, hay que evitar las reuniones, especialmente en espacios cerrados.

“Yo estoy de acuerdo con que prohíban los eventos deportivos, culturales y religiosos. Es una obviedad y no se puede hacer. Ahora, que un decreto regule lo que pasa dentro de las casas de las personas, cualquiera sea el número de personas, es inaceptable. Conmigo no cuenten”, aseguró Longobardi por Radio Mitre.

Y agregó: “Se trata de violaciones a la libertad individual que son muy graves. Cualquier juez diría que es ilegal. No podés amenazar a una persona con dos años de cárcel porque su hijo vaya a su casa. ¿Qué es esto, Corea del Norte?“.

Consultado sobre este tema, el abogado Eduardo Gerome criticó la prohibición. “Me parece un avance indebido e innecesario sobre nuestras libertades. Las reuniones familiares son positivas para la salud anímica y mental, quitar esa posibilidad es condenar a muchas personas a cuadros de depresión”, sostiene Gerome.

Para el letrado, el Gobierno debe dar información y pautas, pero no tomar decisiones al respecto. “Incluso no me parece mal que limite la cantidad de personas que participen de una reunión. Sin embargo, no puede regular de una manera tan extrema”, insiste.

Según el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, “el problema no es la prohibición sino que esté vinculada con un tipo de delito penal”.

“Se está asociando la prohibición con el artículo 205 del Código Penal sobre la comisión de un delito contra la salud. Esto es inconstitucional porque la Constitución prohíbe al Presidente crear un DNU en materia penal. Además, el principio de legalidad dice que los delitos penales solo se pueden crear por ley”, advierte Sabsay.

 

Fuente: clarin.com