El Gobierno de Alberto Fernández emitió el pasado viernes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que califica a los servicios de Internet, telefonía — fija y móvil— y televisión paga como “servicios públicos esenciales”, lo que determina nuevas limitaciones hacia las empresas privadas en Argentina por considerar que estos sistemas de comunicación son herramientas básicas para asegurar otros derechos, como el trabajo y la educación.

Con esa premisa, esto “requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables”, dice el texto del Boletín Oficial. Así, sosteniendo que el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es un derecho humano, el Ejecutivo peronista subraya que esta idea se refuerza mucho más en el marco de la pandemia: la sociedad precisa estar conectada para concretar su desarrollo.

Bajo esta nueva calificación, el Estado “debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad”, teniendo presente que las tarifas elevadas pueden excluir del servicio a los sectores más vulnerables. En efecto, el Gobierno se compromete a aplicar políticas para que toda la ciudadanía disponga de las TIC.

En términos económicos, lo más importante del decreto es que, a partir de ahora, los precios impuestos a los consumidores serán regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Además, por la emergencia sanitaria del coronavirus y la angustiante crisis económica que afronta buena parte de los argentinos, los valores se congelan hasta el 31 de diciembre, como ya había ocurrido con otros servicios básicos.

De esta forma, aunque con algunas modificaciones, se regresa a la impronta impartida en 2014, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se sancionó la legislación conocida como Ley Argentina Digital. Bajo la administración de Macri, se modificaron varias de esas disposiciones, algo que recordó Alberto Fernández al dar el anuncio en sus redes sociales: “Estamos recuperando herramientas regulatorias que el Gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores está constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”.

Continúa la revisión del Legislativo

El DNU, que ya entró en vigencia, obtuvo este lunes un dictamen favorable en la instancia revisora de la comisión bicameral del Congreso, y ahora solo resta que sea aprobado por el Senado: “Con que una de las cámaras lo confirme, ya está”, le explica a RT el diputado Pablo Corro, titular de la Comisión de Comunicación e Informática. De hecho, el legislador confía en que “se va a aprobar sin dificultades”, porque el oficialismo tiene “amplia mayoría” en la cámara alta, mientras el macrismo intenta dilatar el proceso.

Un punto clave a analizar es si, efectivamente, existe tal urgencia que justifique haberse salteado al Poder Legislativo en primer lugar. Es que, en teoría, esta clase de disposiciones son excepcionales: solo se deberían usar si no se puede esperar a la sanción de una ley común y corriente.

Asimismo, un clásico problema de la política argentina es el uso excesivo de decretos de necesidad y urgencia: Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, emitió un promedio de casi 17 por año. Cristina Fernández de Kirchner, con dos gestiones consecutivas, no llegó a los diez anuales. Y Eduardo Duhalde, quien dirigió el país después de la crisis del 2001, tuvo una media de 110 decretos “excepcionales”.

Así, los legisladores deben definir si esta disposición es acorde. Entre tanto, el estado de emergencia sanitaria se mantiene vigente en el país sudamericano, algo que podría esgrimirse para justificar la decisión de agilizar los trámites burocráticos en pos de garantizar derechos.

Sobre el clima parlamentario, Corro considera que al tema de las telecomunicaciones “se lo come la grieta política”. Con ello se refiere a que hay dirigentes opositores que presentaron proyectos parecidos, pero que votarían en contra: “Conceptualmente, muchos están de acuerdo, pero por la presión de los medios concentrados, votan más en función de la grieta que de sus propios pareceres”.

Una vez convalidado por el Congreso, el decreto podría ser analizado, como última instancia, por la Justicia. Para Corro, sería difícil que el Poder Judicial ponga reparos a estas medidas, porque la ley del 2014 “estuvo todo un año en vigencia y no fue cuestionada”. Sin embargo, durante el Gobierno de Macri se colocaron nuevos jueces en la Corte Suprema. Además, es posible que algunas compañías afectadas inicien planteos judiciales.

Hacia la universalización

“Las tres grandes compañías telefónicas tendrían que haber cubierto toda la Argentina con 4G, y eso no ocurre”, subraya Corro. El entrevistado remarca que el año pasado fue muy malo en términos económicos para el país sudamericano, y por ello las principales firmas no habrían invertido como se esperaba. La aclaración es porque desde la oposición plantean que la nueva normativa ahuyentaría las inversiones, una teoría negada por el Gobierno.

Por su parte, el diputado dice que la conectividad en Argentina es muy desigual: “En Buenos Aires hoy te ofrecen 100 o 200 megas por segundo, pero más del 30 % de las conexiones domiciliarias en el país es menor a los seis megas, el mínimo que se necesita para tener una conferencia”.

Al cambiar las reglas del juego, falta determinar una reglamentación para garantizar el acceso a las TIC de manera universal: “Tiene que haber un servicio mínimo para todos, con un piso de conectividad, que es lo que hay que discutir ahora. Y después, para arriba, competir libremente”.

Una de las claves al definir estas pautas, dice Corro, es diferenciar a las grandes empresas que actúan en las ciudades, de las pequeñas firmas o cooperativas que llevan Internet a zonas más periféricas, porque no se les puede exigir lo mismo. Además, el próximo debate será sobre “el despliegue de infraestructura para desarrollar la conexión donde no hay”.

Críticas del macrismo y las grandes empresas

Como era de esperarse, las compañías más importantes del rubro lanzaron un comunicado conjunto expresando su claro rechazo a la decisión gubernamental: “Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector”, se lee.

Desde el macrismo también se lanzaron fuertes críticas apenas se conoció la noticia. En efecto, el diputado Fernando Iglesias opinó que el avance estatal sobre el sector privado evitaría el desarrollo tecnológico para alcanzar la conexión 5G.

Por otro lado, el docente y experto en comunicación Santiago Marino hizo hincapié en el embate mediático contra el decreto, encabezado por el Grupo Clarín, el más grande de Argentina.

Así, tras haber dado marcha atrás con la expropiación de la empresa cerealera Vicentín, resta por ver si el Gobierno de Fernández gana esta nueva batalla política.

 

Por Leandro Lutzky

Fuente: rt.com