Las decisiones fueron a cuentagotas, desde distintos organismos del Estado, pero todas direccionadas hacia un mismo lugar: las causas por corrupción contra el ex gabinete de Cristina Kirchner. La oposición desde distintos referentes políticos, sostiene que todo responde a un “plan de impunidad” para beneficiar la situación judicial de la vicepresidenta, procesada en ocho causas judiciales, todas ellas elevadas a juicio oral, enfrentando embargos por más de $ 12.000 millones, con las empresas familiares intervenidas hace cuatro años y con sus hijos enviados a juicio oral por lavado de dinero. De su situación frente a la Justicia “no se habla” aseguran en la Casa Rosada, desde donde se respaldaron las medidas adoptadas por la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).

En las últimas semanas, mientras comenzó el debate por la reforma judicial impulsada por el Gobierno y una marcada determinación de remover jueces en Comodoro Py que intervinieron en causas contra Cristina Kirchner, hubieron decisiones en organismos del Estado que como objetivo final, confluyen en no avanzar en casos de corrupción contra la gestión de Cristina Kirchner.

No fue lo único. Desde Juntos por el Cambio observan, además, un cambio de postura frente a las investigaciones en las que el organismo querella y que tienen como principales acusados a la vicepresidenta, sus ex socios comerciales y ex integrantes de su último gabinete. En lo que respecta a Lázaro Báez que está siendo juzgado por lavado, “en vez de requerir una condena de 16 años como se había estipulado antes del cambio de gestión, se requirió una pena de 8 años”, explicó una fuente del organismo .

Otro ejemplo, en un caso relacionado a los Cuadernos de las Coimas, la UIF  “no apeló el archivo de actuaciones respecto a Cristina Kirchner”. Al no contar con apelación de las querellas, quedó firme la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi, que no encontró pruebas suficientes para procesar en un tramo a la vicepresidenta.

Esta suerte de “amnistía administrativa” como incluso algunos funcionarios judiciales se animaron a calificar, llegó hasta la AFIP. En el marco de la causa Cuadernos y a pedido del fallecido juez Claudio Bonadio, se investigaron 850 contribuyentes, entre ellos Cristina Kirchner. Se debía analizar el entorno familiar y el crecimiento patrimonial de todos los imputados en el caso, durante doce años, algo que se trasladó a los empresarios y sus compañías.

 

Por Lucía Salinas

Fuente: clarin.com