“A pesar de la sed de justicia general, algunos señores de la guerra siguen libres”, afirmó AI en un informe elaborado a partir de entrevistas a jueces, fiscales, abogados y activistas, además de la revisión de un centenar de documentos judiciales. La ONG calificó dicho tribunal de deficiente, opaco y parcial en sus juicios.

Civiles sometidos a violencia, desplazamiento y muerte

“Desde 2002, la población civil ha soportado la mayor parte de las sucesivas olas de violencia y de conflicto armado en el país. Miles de personas han sido asesinadas y violadas, y más de medio millón continúan desplazadas”, recordó la directora regional de AI para África Occidental y Central, Samira Daoud.

“La puesta en marcha del Tribunal Penal Especial fue un rayo de esperanza para las víctimas, pero los avances son lentos”, continuó la experta, al añadir que “muchas víctimas aún esperan que se haga justicia por crímenes que se cometieron hace casi dos decenios”.

De momento, los jueces de instrucción mantienen diez casos abiertos y al menos a 21 personas arrestadas, si bien estos procedimientos adolecen de falta de transparencia y “se sabe muy poco sobre los hechos y crímenes que se investigan, o los avances en cada caso”.

 

Tribunales sin personal, infraestructura ni material

Entre los factores que condicionan la existencia de un mejor sistema de justicia se mencionan la difícil contratación de jueces internacionales “debido a la situación política y de inseguridad en el país”, así como la falta de personal, infraestructura y material en la mayoría de los tribunales ordinarios; que en 2019 tan sólo dictaminaron 20 causas penales.

“El derecho de las víctimas a obtener justicia, verdad y reparación en un plazo razonable (de tiempo) no debe sacrificarse en nombre de cálculos políticos”, sentenció Daoud. “La lucha contra la impunidad debe seguir siendo una prioridad máxima”, añadió.

Creado por ley en 2015 -aunque no estuvo operativo hasta octubre de 2018-, ese Tribunal Especial constituye un órgano híbrido, apoyado por la ONU, y encargado de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en el país desde enero de 2003.

 

Violencia sectaria entre musulmanes y cristianos

La República Centroafricana vive un complicado proceso de transición desde que en 2013 una coalición de grupos rebeldes, denominada séléka y procedentes del norte y el este de mayoría musulmana, tomaran la capital, Bangui, y forzaran la huida del presidente François Bozizé (2003-2013).

Este derrocamiento desató una ola de violencia sectaria entre grupos musulmanes y milicias cristianas denominadas antibalaka (“antibalas de AK47”, en lengua local), que ha causado desde entonces miles de muertos y cerca de un millón de desplazados.

La elección de Faustin Archange Touadéra como nuevo presidente en febrero de 2016 debería haber abierto una nueva etapa para la República Centroafricana, que, sin embargo, todavía tiene muchos problemas para controlar a los grupos rebeldes.

 

 

Fuente: dw.com  / VICE News