El informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos etíope (EHRC), independiente pero cuyo director es nombrado por el gobierno, acusó a una milicia informal de jóvenes de Tigré, así como a las fuerzas de seguridad locales, de cometer una “carnicería” contra trabajadores temporales agrícolas que no pertenecían a la etnia local y que habría dejado al menos 600 muertos.

La ONG Amnistía Internacional (AI) había informado previamente que “probablemente centenares” de civiles habían sido apuñalados o asesinados con hachas, el 9 de noviembre en Mai Kadra, la mayor atrocidad conocida desde el comienzo del operativo militar lanzado por el gobierno federal el 4 de noviembre contra las autoridades regionales del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF).

Por su parte, la EHRC acusa a una milicia informal de jóvenes del Tigré, denominada “Samri”, que contaría con el apoyo de fuerzas de seguridad locales vinculadas al TPLF, de haber, “antes de replegarse frente al avance del ejército federal”, atacado a campesinos ‘temporeros’ de origen étnico Amhara y Wolkait, que trabajaban en granjas de sésamo o sorgo.

“Durante toda la noche” los asesinaron con garrotes, cuchillos, machetes o hachas, o los “estrangularon con cuerdas”, saqueando y destruyéndolo todo, de acuerdo a la la EHRC, que afirma que tales hechos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad y de guerra”.

Apoyándose en testimonios y en declaraciones de miembros del comité creado para enterrar a las víctimas, “la EHRC calcula que al menos murieron 600 civiles”, pero “el balance de víctimas podría ser mayor, puesto que aún hay algunas personas declaradas desaparecidas cuando la EHRC fue al lugar y muchos cadáveres podían verse semi-ocultos en los campos alrededor de Mai Kadra”.

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado a reunión para dar tratamiento a la situación en Etiopía.

 

Etiopía devela masacres y cuenta por miles los refugiados en su conflicto con Tigré

Ya lo había dicho Amnistía Internacional, pero la Comisión Etíope de DD. HH. cifró hoy en más de 600 los civiles muertos en May Cadera. Una matanza que se enmarca en una violencia a menudo no verificada, entre el Gobierno local de la Región del Tigray y el Gobierno nacional, que controla las telecomunicaciones. A horas de que este último ataque la capital tigriña Mekele, crece la inquietud del Consejo de Seguridad de la ONU por una guerra con más de 40.000 desplazados.

Tal es la guerra y el cerco informativo a la región del Tigray, que hasta la violencia se confirma tarde. Amnistía Internacional había denunciado que el 9 de noviembre pasado hubo una masacre en May Cadera. Sin embargo, no ha sido sino hasta hoy, 15 días después, que la Comisión Etíope de Derechos Humanos (EHRC) ha señalado que al menos 600 civiles fueron asesinados esa fecha en dicha localidad tigriña.

Según este ente independiente, aunque designado por el Estado etíope, las fuerzas leales al Frente Popular de Liberación del Tigray (TPLF) serían las responsables de la matanza, cuyas víctimas habrían sido en su mayoría hombres, seleccionados por ser de las etnias minoritarias amhara y wolkaits.

“Si bien aún no es posible verificar el número exacto de muertos, heridos físicos y/o los que sufrieron daños materiales –dice en su informe la Comisión–, los miembros del Comité de Entierro creado después del ataque, testigos oculares y otras fuentes locales estiman que al menos 600 han muerto. Y dicen que es probable que el número (de civiles) sea aún mayor”, ya que su entierro “duró tres días”.

El partido que gobierna el Tigray, en lucha con el Ejecutivo de Etiopía desde el 4 de noviembre, rechazó el día 12 la primera acusación de Amnistía Internacional. Pero todavía no ha negado los macabros detalles que proporciona la comisión EHRC, que involucran al movimiento juvenil Samri en esta zona rural, próxima a la frontera con Sudán.

El grupo habría golpeado y apuñalado a las víctimas hasta la muerte, usando desde palos y cuchillos, hasta hachas y machetes. Aunque ciertos residentes escondieron a muchos en sus casas, otros habrían sido quemados y estrangulados con cuerdas, en una “masacre” que habría contado, de acuerdo a la Comisión, con “la policía y la milicia (local), que ayudaron y directamente participaron en la carnicería al disparar a los que intentaron escapar”.

Para EHRC estas “graves violaciones de derechos humanos” podrían ser valoradas como “crímenes de guerra y de lesa humanidad”. Su investigación de hecho cuenta con expertos sobre terreno, testimonios presenciales y pruebas de víctimas, al igual que las palabras de sobrevivientes, centros de salud, militares y autoridades.

“Ahora es una prioridad urgente que las víctimas reciban reparación y rehabilitación, y que los perpetradores involucrados directa o indirectamente rindan cuentas ante la ley (…) El crimen inimaginablemente atroz cometido contra civiles sin otro motivo que no sea su origen étnico es desgarrador. Sin embargo, nos consuelan historias de etíopes que ayudaron a sus compatriotas (…) Mantienen viva la esperanza de un retorno a la convivencia pacífica”, expresó a EFE el comisionado jefe Daniel Bekele.

Un panorama etíope más de ofensiva militar que de paz

Bekele invoca una paz que, aunque no imposible, dista aún de la guerra actual que inició hace ya más de tres semanas y prosigue de este modo, con la fuerza federal del Gobierno defendiendo su avance en la región y sosteniendo que hay “soldados” rindiéndose; y la fuerza local del Frente Popular afirmando su resistencia, así como la destrucción de la 21 división del Ejército nacional, en un asalto en Raya-Wajirat.

En medio, ninguna agencia u organismo puede verificar estas declaraciones ya que las conexiones telefónicas y de Internet no funcionan, y el acceso a la región está controlado y restringido desde que comenzaron los combates el 4 de este mes. De ahí que las noticias de violencia en Etiopía sean tardías y que los comunicados del Gobierno del primer ministro Abiy Ahmed Ali aclaren solo de forma unilateral.

Por lo pronto, este miércoles 25 de noviembre vence el plazo de 72 horas dado por Ahmed Ali el pasado domingo a los combatientes del Tigray. Si estos no cumplen con esta especie de ultimátum para deponer las armas, el gobernante ha prometido aplicar una tercera y “última” fase de su ofensiva, que supondría la toma de la capital de la región, la ciudad de Mekele, que cuenta con medio millón de habitantes y cerca de 200 trabajadores humanitarios.

No obstante, lo que empezó con el ataque del Gobierno central en represalia por el ataque del TLPF a una base del Ejército etíope en el Tigray, podría no terminar ahí, ni sellar las acusaciones que se imponen de lado y lado. A saber, que el TPLF dice que el Ejecutivo nacional quiere someter a la región para acumular poder, mientras que el primer ministro niega que su ofensiva tenga matiz étnico, porque persigue a los “criminales” que tendieron una emboscada a las fuerzas federales.

Y, de hecho, aunque un portavoz del Gobierno lo ha negado, el Frente de Liberación Popular, a través de su líder Debretsion Gebremichael, asegura que el ultimátum es un distractor para que las fuerzas gubernamentales se recuperen de las derrotas y que, en realidad, Mekele no está rodeada como dice el Ejecutivo, que buscaría con “ese último paso” llevar a “la traicionera camarilla del TPLF ante la Justicia”.

Un “trágico conflicto” con cada vez más refugiados 

Mientras suceden los cruces de palabras no comprobadas, aumenta la huida de los civiles que habitaban la región en disputa. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) contabilizó que ya son más de 40.000 los que han arribado a la vecina Sudán escapando del conflicto –solo 5.000 este último fin de semana–, y que otros 100.000 refugiados de Eritrea que siguen allí corren el peligro de quedar sin comida ni agua ni servicios esenciales, si no accede la ayuda humanitaria.

De este modo, Sudán se ha convertido en un actor más del “trágico conflicto” sobre el que media la Unión Africana (UA), pero también Eritrea, que sufrió el disparo de misiles lanzados desde la región, y Somalia, donde Etiopía desarmó a cientos de tigriños, presuntamente vinculados Al-Qaeda en esta zona del Cuerno de África.

Por la sangre derramada, la destrucción, el desarraigo y una internacionalización de los combates, este martes Estados Unidos, Francia y Reino Unido se pronunciaron a favor de la paz. Mientras Washington respaldó a la UA, los europeos advirtieron la discriminación étnica en la lucha y el peligro de “desbordamiento y propagación a la región”, como declaró el ministro de Exteriores británico Dominic Raab.

En esta misma línea, otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU trataron hoy el país a puerta cerrada, aún cuando esperan noticias de los enviados de la UA a Etiopía. En este sentido, Sudáfrica, Níger y Túnez pidieron tiempo para analizar la guerra, antes de que el Consejo considere cualquier acción.

Solo la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alcanzó a expresar que “la retórica agresiva de las dos partes con respecto a Mekele es muy peligrosa y amenaza con poner a los civiles, ya vulnerables, en situación de riesgo mayor”.

“Hemos visto a un coronel de Etiopía salir a decir ‘que no habrá piedad’ –declaró la alta comisionada–. Por otro lado, los líderes del TPLF han dicho que están listos para la muerte. Este es el tipo de retórica que es extremadamente preocupante y que puede conducir a graves violaciones del derecho internacional humanitario”.

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, quien en 2019 recibió el Nobel de la Paz, ya ha sentenciado que no negociará con el Frente de Liberación Popular del Tigray. Ahmed Ali planea recibir a los enviados de la Unión Africana, pero en paralelo es el primer responsable de esa afirmación que citaba Bachelet, hecha por el Ejército de Etiopía, que avisa a la población que se aparte del TLPF porque “no habrá piedad”.

La guerra entre el Gobierno federal y Tigray venía agravándose desde hace meses, con el retraso indefinido de las elecciones generales, con las que el 5 de octubre se daba por vencido el mandato de Ahmed Ali y por las que el Gobierno local decidió entonces celebrar sus propios comicios parlamentarios. Lo que para el dirigente del país, que desde 2018 ha destituido a muchos tigriños de cargos gubernamentales y ha arrestado a otros por abuso de derecho y corrupción, fue un desacato sin validez del “orden constitucional”.

Todo ello ha desembocado en una lucha entre ex compañeros de coalición, en una nación de 115 millones de personas con una extensa lista de grupos étnicos y una amenaza sembrada por el exprimer ministro Hailemariam Desalegn, quien solía creer que en este conflicto hay “forasteros bien intencionados” que tienden a no revelar los crímenes del TPLF y sobreestiman su importancia en la sociedad.

“El problema clave en el enfoque de la comunidad internacional hacia Etiopía es la suposición de equivalencia moral, que lleva a gobiernos extranjeros a adoptar una actitud de falso equilibrio y ambos lados”

 

Fuentes: dw.com / france24.com