Bastaron dos meses para que la justicia mexicana exonerara al General Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En 60 días la Fiscalía General de la República (FGR) revisó, investigó y analizó las acusaciones que le hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

¿Un derroche de eficiencia o pura simulación en beneficio de la impunidad? La investigación al gobierno estadounidense sobre el general le llevó casi ocho años y según ellos, tenían argumentos sólidos para declararlo culpable.

A través de un comunicado, la FGR concluyó que el militar en retiro nunca se reunió con integrantes de organizaciones delictivas, ni tuvo comunicación con narcotraficantes ni los protegió. Punto.

“Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.

En su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no encontraron datos de ingresos ilegales o algún enriquecimiento irregular.

Partidos políticos de oposición, legisladores, organizaciones de la sociedad civil y analistas han cuestionado duramente la determinación de la Fiscalía de liberar de todo cargo al poderoso General Cienfuegos.

Aseguran que se trata del peor golpe al discurso presidencial contra la corrupción que solo confirma el “peligroso” poder que tienen los militares.

A nadie sorprendió la decisión de una fiscalía “autónoma” pero que recibe órdenes desde Palacio Nacional. Es sabido el poder que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le ha otorgado al Ejército Mexicano. No iba a permitir el desprestigio a una institución a la que le ha confiado todo.

¿México militarizado?

Los militares están encargados de la seguridad pública, la construcción de sus obras “estrella”, como el “Tren Maya” y el nuevo aeropuerto de la capital del país y también tienen el control de aduanas y puertos. Ahora participarán en la logística del proceso de vacunación contra el Covid-19. López Obrador ha depositado toda su confianza en los militares.

Varios Generales activos trabajaron con Salvador Cienfuegos, incluido el actual secretario (ministro) Luis Crescencio Sandoval. De haber resultado culpable, tendría cómplices dentro la Secretaría de la Defensa Nacional, (SEDENA).

El presidente respaldó la decisión de la Fiscalía, durante su conferencia mañanera de este viernes: “Es una decisión que tomó la fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda. Nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos”

Acusó a la DEA de fabricar el caso contra el militar mexicano. “La fiscalía ha actuado porque se consideró que los elementos de prueba presentados por la DEA, no tienen ningún valor probatorio”, señaló AMLO.

Desde la detención de Cienfuegos, AMLO dijo que no permitiría que se debilitara a las Fuerzas Armadas. Insistió en que no se debería generar desconfianza ni desacreditar al Ejército. ¿Logró su objetivo?

El combate a la corrupción y la impunidad es el compromiso de López Obrador con los mexicanos. Pero este caso representa un enigma. Es tan oscuro que jamás sabremos si realmente se hizo justicia.

La historia de un militar que mancilló el honor el Ejército Mexicano

Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de los Ángeles, California, por los presuntos delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

El juez Alexander Mackinnon de la Corte Federal del Distrito Centro de California, negó la libertad bajo fianza del general mexicano. Se ofrecieron 750 000 dólares de fianza, pero fue rechazada la petición.

Los fiscales que llevaban el caso consideraron que si aceptaban la fianza había un alto riesgo de que huyera a México donde “lo protegerían los narcos y ex funcionarios corruptos”. Jamás pensaron que su principal protector sería el propio gobierno.

El 2 de noviembre fue trasladado a la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, donde continuaría su caso. En ese lugar han realizado los procesos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, del ex fiscal de Nayarit Edgar Vieytia y del ex secretario de seguridad de México, Genaro García Luna.

Sin embargo, de manera sorpresiva, el 17 de noviembre, la Fiscalía de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos en contra de Cienfuegos Zepeda y cedió a México la investigación. Indagatoria que la fiscalía mexicana realizó en “fast track”.

La Juez Carol B. Amon, quien llevaba el caso en la Corte Este de Brooklyn, concedió la petición formal del gobierno norteamericano para desestimar el caso, a pesar de insistir que las evidencias contra el General, según ella, eran “muy fuertes”.

Era previsible la intención del gobierno mexicano

Una vez ejercido el desistimiento, lo trasladaron a México, donde al pisar suelo mexicano, Salvador Cienfuegos fue considerado un ciudadano libre de cargos en su contra y se fue directo a su casa. La fiscalía le notificó que iban a realizar algunas investigaciones.

El poderoso General Cienfuegos, de 72 años, ingresó al Ejército Mexicano en 1964. Fue secretario de la Defensa Nacional y responsable del combate del narcotráfico durante todo el sexenio del presidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ocupó los cargos más importantes dentro de la SEDENA.

Ante la resolución mexicana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que se reservaba el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos contra el general Salvador Cienfuegos. Parece que aún no está cerrado este capítulo.

Aunque la posición del gobierno de AMLO es muy clara: al Ejército nadie lo toca.

 

 

Por Marissa Rivera

Fuente: panampost.com