Los colectivos armados venezolanos, en su intento por ocupar todas las zonas mineras del estado Bolívar, en Venezuela, se encuentran amedrentando a una comunidad indígena ubicada en el sector San Luis del Morichal, en el municipio Sifontes, con el objetivo de hacerse con el control del lugar.

La abogada y defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju, denunció -con imágenes- lo que ocurre en la zona: “Me llegan imágenes de la llegada de hombres armados y los llamados sindicatos mineros a la comunidad indígena de San Luis del Morichal (…) el motivo es controlar la zona y desplazar a sus pobladores para continuar destruyendo nuestra selva”, indicó a través de sus redes sociales.

Suju alertó que las acciones que vienen acometiendo estos grupos irregulares -considerados paramilitares a nivel internacional- solo han conllevado muerte y destrucción, no solo para los espacios naturales, sino para las comunidades indígenas.

 

Combate contra el oro de sangre

El pasado año 2020, la Asamblea Nacional de Venezuela alertó a la comunidad internacional sobre la venta de “oro de sangre” (llamado así por su costo en vidas humanas) por parte de Maduro.

Acusaron al régimen de valerse de sus sindicatos y grupos paramilitares para explotar los diferentes recursos que se consiguen en la nación sudamericana, entre ellos el oro. Esto como una vía para conseguir ingresos ante las sanciones de Estados Unidos.

Los responsables de esos abusos serían organizaciones conocidas como “sindicatos”, y también algunos grupos guerrilleros colombianos con presencia en la zona. Una denuncia similar la hizo el periodista Bram Ebus, en noviembre de 2019.

En ambos casos, explica HRW, esos grupos actuarían con el visto bueno del régimen de Maduro.

Posteriormente, por acción del Gobierno interino y el Parlamento, su venta, comercialización y distribución, quedó prohibida en todo el territorio venezolano, así como su importación porque contradice principios jurídicos.

La mayoría de naciones y empresas no compran el oro que comercializa el régimen, pero sus aliados internacionales, sí, principalmente Irán, quien a cambio del valioso mineral le suministra combustible a Venezuela, en medio de una agónica crisis de producción del diésel.

El ambiente también sufre

El informe de HRW cita a International Crisis Group que informó que entre los irregulares que actúan en la zona figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El régimen de Maduro ha anunciado iniciativas para atraer inversiones hacia la minería legal, así como medidas para combatir la minería ilegal.

Sin embargo, buena parte de la minería de oro en los estados en el sur de Venezuela, como Bolívar, es ilegal.

Una gran cantidad de oro, aún no cuantificado precisamente por su carácter ilegal, es sacado del país mediante contrabando.

HRW detalla también que las actividades en estas minas ilegales también tienen un impacto devastador en el medio ambiente y en la salud de los trabajadores y pobladores.

 

Fuentes: ntn24.com / cambio16.com / CNN / crisisgroup.org