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Cientos de personas se manifestaron en varias ciudades de Bolivia el lunes (15.03.2021), para protestar y pedir la libertad de la ex presidenta interina Jeanine Áñez y exigir el cese de la “persecución” judicial en contra de los opositores.

Las marchas se realizaron en La Paz, Cochabamba, Sucre y Trinidad y son las mayores protestas callejeras desde octubre de 2019, cuando manifestantes opositores se movilizaron para exigir la renuncia del entonces presidente Evo Morales, al que acusaron de haber montado un fraude electoral para relegirse por cuarta vez.

La detención de Áñez por el supuesto golpe de Estado contra Evo Morales reavivó la tensión política en el país, con llamados a protestas en la capital económica y bastión de la oposición. La expresidenta interina está acusada de sedición, terrorismo y conspiración durante la crisis política que acabó con casi 14 años de mandato del izquierdista Morales.

Dirigentes opositores convocaron a manifestaciones contra la captura de Áñez, presidenta transitoria (2019-2020), y dos de sus ministros en la ciudad de Santa Cruz, situada 900 km al este de La Paz.

Stello Cochamanidi, segundo vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, un poderoso grupo civil-empresarial de derecha, dijo que esperan una gran afluencia en una concentración en la plaza Cristo Redentor, lugar emblemático del movimiento derechista.

Ex ministra busca refugio en Perú

Mientras, la Cancillería peruana informó que evalúa una solicitud de refugio presentada por Roxana Lizárraga, ex ministra de Comunicaciones del gobierno de Áñez. Una petición similar fue presentada en favor de la empresaria activista venezolana de derechos humanos radicada en Bolivia, María Molina.

Añez fue conducida a un cárcel de mujeres en La Paz y dos de sus ex ministros fueron llevados a otro penal. Los tres enfrentan cargos de terrorismo y sedición en la crisis que precipitó la salida de Morales.

Una jueza ordenó prisión preventiva por cuatro meses para todos, mientras avanzan las investigaciones y el Ministerio Publico sustenta su acusación. Otra treintena de dirigentes cívicos, exjefes militares y exministros son buscados por la policía por participar en el supuesto “golpe de Estado”.

En tanto, el ministro de gobierno Iván Lima anunció otros cuatro procesos contra Añez y negó que haya persecución. “Vamos a presentar demandas por corrupción y masacres y la imputada (Áñez) no tiene privilegio constitucional para un juicio de responsabilidades”, dijo.

Áñez denunció arbitrariedades en su detención y ha pedido un juicio de caso de corte por su condición de ex presidenta.

 

El titular de la Organización de Estados Americanos difundió a través de su cuenta de Twitter los pronunciamientos de José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch, y del Instituto Casla (Centro de Estudios para América Latina), que alertaron sobre posibles violaciones al debido proceso.

El Instituto Casla, con base en Europa, indicó que el arresto de Áñez se trata de una “intimidación y persecución”, “sin garantías procesales, el derecho a la defensa y presunción de Inocencia”.

El informe añadió que “el gobierno de Luis Arce esta utilizando una falsa y peligrosa narrativa que le permite perseguir a sus opositores” y desestimó la postura de que la salida de Evo Morales del poder en 2019 se haya tratado de un “golpe de Estado”.

“El Instituto CASLA hace un llamado al gobierno de Luis Arce para que cese la persecución, acoso e intimidación contra ciudadanos que están siendo perseguidos y judicializados sin garantías constitucionales, violando el derecho a la presunción de la inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa”, instó.

Por su parte, Vivanco se había pronunciado el viernes sobre las órdenes de aprehensión que pesaban sobre Áñez y sus ministros antes de las detenciones. Según sostuvo, las medidas “no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo”, por lo que “generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”.

Vivanco también recordó que HRW pidió en 2020 que se retiren los cargos presentados contra el ex presidente Evo Morales por el mismo motivo. “Cualquier delito grave, incluyendo la conspiración para cometer un golpe de estado, exige una investigación seria e independiente que respete el debido proceso y lleve a los responsables a la justicia”, indicó.

Cuando fue detenida, Áñez pidió a la OEA y a la Unión Europea que envíen misiones internacionales de observadores para verificar el debido proceso. Por el momento, Almagro no dio señales de avances en ese sentido.

La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre por Lidia Patty, ex legisladora del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda). En su denuncia, Patty sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios ex ministros, ex militares, ex policías y civiles, habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.

 

Fuentes: dw.com / Rony ANALIZA  / CNN en Español / infobae.com