En Argentina, algunos de los abusos permanentes del kirchnerismo generan más indignación que otros. La nueva iniciativa que limitó el número de pasajeros “habilitados” para retornar al país parece haber tocado alguna fibra, ya que generó fuertes (y justos) cuestionamientos. Por estas horas, nuevamente se vuelve a discutir el autoritarismo de una gestión que aprovechó la pandemia para vulnerar todas las garantías previstas en la Constitución. Ante este tétrico escenario, un grupo de legisladores de la oposición decidió impulsar un juicio político contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Álvaro de Lamadrid, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, presentó junto a siete parlamentarios del interbloque de Juntos por el Cambio un Proyecto de Resolución para que se promueva un juicio político contra el presidente y su vice por “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.

Esta mañana, el legislador señaló ante la prensa que el proyecto denominado “Ley de emergencia COVID-19”, que impulsó recientemente el Poder Ejecutivo, “busca concentrar en el presidente la suma del poder público”, para habilitarlo con el fin de “aplicar nuevas medidas y restricciones en el marco de la pandemia”. En la opinión del diputado radical, todo esto “atenta contra la independencia de los poderes” y es “inconstitucional” porque afecta las autonomías provinciales.

Para Lamadrid, los congresistas que respalden el proyecto oficial también serían responsables de los delitos en los que incurre la dupla presidencial. «Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria», manifestó.

Una iniciativa importante, más allá de conseguir o no los votos contra el Ejecutivo

Es frecuente la discusión sobre la utilidad práctica de impulsar herramientas como esta, cuando no se conseguirían los votos para consagrar su objetivo. Es decir, remover a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la exposición de estas discusiones, permiten habilitar un debate que el Gobierno busca silenciar: la inconstitucionalidad total de varias de sus iniciativas arbitrarias y de carácter tiránico en el marco de la pandemia.

Argentina está en vísperas de una elección legislativa importante y es necesario dejar en evidencia el autoritarismo del Poder Ejecutivo, pero también el rol de la bancada oficialista, cómplice de los atropellos. Como señalan los diputados que impulsaron el juicio político contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es necesario mantener presente el Artículo 29 de la Constitución Nacional:

“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

“Presidente Fernández, los representantes del pueblo quienes detentamos el honor de ocupar una banca en el poder legislativo exigimos que cumpla con la Constitución Nacional, que se respete el sistema republicano de gobierno, y que respete su juramento“, cerraron.

Además de Álvaro de Lamadrid, apoyaron esta iniciativa los diputados nacionales Mónica Frade, Gonzalo del Cerro, Héctor Stefani, Federico Zamarbide, Pablo Torello y Francisco Sánchez.

Fuentes: panampost.com / mtndigital.info