Desde el tráfico de peces ornamentales hasta la apropiación de tierras, la corrupción engrasa el engranaje de todos los motores de los delitos ambientales, promoviendo la deforestación y la pérdida de biodiversidad en la Amazonía colombiana.

Los actores legales (individuos corruptos o redes, que suelen relacionarse con servidores públicos o autoridades estatales), actúan como facilitadores para garantizar el buen funcionamiento de la tala ilegal, el cultivo ilícito de coca, la apropiación de tierras, la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre en toda la región.

Madeleine Pérez Ojeda, fiscal especializada en delitos ambientales, hizo una presentación en la que detalla sus experiencias en la lucha de Colombia contra la deforestación, exhibida en el marco de una conferencia internacional denominada “Experiencias en la Lucha contra la Deforestación”. Pérez revela que “los actores legales, con sus dobles discursos y modos corruptos”, han tenido una influencia aún mayor en la deforestación en toda Colombia que los grupos ilegales.

Los “invisibles” corrompen a las Corporaciones Regionales Autónomas para el Desarrollo Sostenible (CAR)

Como se mencionó anteriormente, las CAR son organismos descentralizados y semiautónomos encargados de regular el uso de los recursos naturales (como la madera) y el comercio legal de fauna en toda Colombia. Estos organismos regionales son muy susceptibles a la corrupción.

En algunos casos, los agentes corruptos que trabajan para las CAR encargadas de evitar delitos ambientales en todo el país, por el contrario, han apoyado el tráfico de madera y vida silvestre.

Las evidencias indican que la CAR de la región amazónica, Corpoamazonia, no ha sido ajena a este comportamiento.

Riesgos de corrupción en las CAR a nivel nacional

A nivel nacional, las CAR han estado plagadas de irregularidades. En julio de 2018, la Fiscalía General de la Nación informó que tenía activas 256 investigaciones preliminares y 43 investigaciones disciplinarias sobre presuntas “irregularidades” cometidas por funcionarios de las CAR en todo el país.

En ese momento, el fiscal general Fernando Carrillo Flórez expresó públicamente su preocupación por la manera como algunas CAR habían estado gestionando las sanciones contra los delitos ambientales y la provisión de permisos forestales. Desde entonces, las investigaciones sobre la administración de estas agencias han continuado, ya que también han sido acusadas de prácticas de contratación irregulares.

Las CAR enfrentan una amenaza constante de ser infiltradas por las élites económicas o políticas regionales, que tienen un interés particular en saquear a Colombia. Numerosas fuentes revelaron que tales agencias se han convertido en bastiones políticos permeados por élites con un fuerte interés en beneficiarse de los delitos ambientales.

“Algunas CAR están vinculadas a los invisibles,” afirma un experto en el sector forestal de Colombia, quien habló bajo condición de anonimato. “Son senadores que representan a la región en el Congreso y actúan como patrocinadores políticos que protegen los delitos ambientales.”

Estas élites desafían las leyes que intentan generar un mayor control sobre el uso de los bosques, así como las propuestas legislativas para combatir la corrupción dentro de las CAR. Los proyectos de ley propuestos para aumentar la transparencia en torno a las formas en que operan las CAR han fracasado repetidamente para convertirse en leyes.

Esto incluye la Propuesta 278, que fue presentada al Senado en 2019 e intentaba cambiar la forma en que se manejan las CAR. En 2020, otro proyecto de ley que buscaba reformar las CAR y eliminar la reelección de sus directores para mitigar la corrupción no se convirtió en ley, pues el Senado no la aprobó.

Más recientemente, en abril de 2021, la Cámara Representantes de Colombia pasó una nueva propuesta al Senado, en un nuevo intento de reformar las CAR. Sin embargo, dada la larga lista de esfuerzos fallidos anteriores para hacer tales cambios, este intento no es particularmente alentador.

Los criminales e intereses “invisibles” también facilitan los delitos ambientales al presionar por prácticas de contratación irregulares. Esto abre puertas para que las élites pueden influir en el trabajo de las CAR y continúen beneficiándose de los delitos ambientales. La Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República han advertido que algunas CAR actúan como “fortalezas políticas.”

El investigador René López Camacho señala que las CAR, por ejemplo, contratan a abogados y veterinarios para monitorear los bosques. Es posible que algunos no estén calificados para llevar a cabo este trabajo. “¿Quién les da esos puestos? Un político, un ‘invisible’ que se beneficia de contar con un aliado adentro,” explica Camacho.

Riesgos de corrupción en Corpoamazonia

Corpoamazonia parece encajar en este patrón de prácticas irregulares. Los gobernadores y alcaldes en ejercicio en toda la región amazónica utilizan sus vínculos con los funcionarios de las CAR para continuar talando bosques sin enfrentar ninguna consecuencia.

“No es conveniente que los gobernadores y alcaldes de la región amazónica limiten la autonomía de las CAR,” afirma un académico especializado en temas forestales. “Ellos [gobernadores y alcaldes] tienen grandes extensiones de tierra, así como negocios en estas tierras. Quizá están deforestando, pero como son ‘amigos’ del director de la CAR, saben que no van a ser investigados. Es un círculo vicioso.”

Un funcionario de Parques Nacionales Naturales de Colombia en el departamento de Amazonas afirma que la Dirección General de Corpoamazonia tiene vínculos muy estrechos con clanes políticos en el departamento, incluidos miembros de las familias Benjumea y Acosta. Los miembros de estas familias de élite han ejercido cargos públicos como alcaldes y diputados durante unas tres décadas.

A pesar de haber ejercido poder político durante mucho tiempo en todo Amazonas, los miembros de estas familias han estado implicados en investigaciones de corrupción. Por ejemplo, en 2019 se reveló que la Fiscalía Anticorrupción había estado presente en una demanda iniciada dos décadas atrás contra el exalcalde de Leticia, Jhon Alex Benjumea Moreno, por venta irregular de tierras durante su mandato. Benjumea supuestamente vendió una parcela de nueve hectáreas de tierra pública en la capital de Amazonas por una fracción de su valor.

Los tentáculos de la familia Benjumea se extienden mucho más allá de la política y llegan al ámbito del tráfico de vida silvestre. El exdiputado Octavio Benjumea Acosta actúa como representante legal de un parque de vida silvestre, la Fundación Ikozoa Bioparque Amazonas, en Leticia.

Tanto el funcionario de Parques Nacionales como la experta en vida silvestre Ángela Maldonado confirmaron que en muchos casos el zoológico —en lugar de otras instituciones— ha recibido animales incautados por Corpoamazonia. Esto se ha producido en gran medida como resultado de la relación que existe entre la autoridad ambientalista y la familia Benjumea, según ambas fuentes. En lugar de proteger estas especies, Ikozoa supuestamente las vende, según confirmaron ambas fuentes.

Más adelante en la cadena, también hay evidencia de agentes corruptos de la CAR que facilitan la tala ilegal y el tráfico de vida silvestre en la Amazonía colombiana y por fuera de ella. Esta corrupción es evidente cuando los agentes de la CAR incautan cargamentos ilícitos de madera perteneciente a un maderero ilegal que trabaja en alianza con un “padrino político.” En estos casos, el llamado “padrino” supuestamente llama al director de la CAR correspondiente, para ordenarles a los agentes que devuelvan la madera a su “dueño.”

Además, según Rubén Moreno, algunos funcionarios corruptos de la CAR aceleran las autorizaciones que permiten el uso de bosques naturales, y a cambio reciben algún tipo de beneficio por parte de quienes solicitan dichas autorizaciones. Aceleran deliberadamente el proceso de autorización, saltándose los controles para verificar la información incluida en la solicitud, y sin visitar el territorio donde el solicitante tiene la intención de cosechar madera. “Los permisos de tala (se dan a) territorios fachada donde no hay nada”, afirma René López Camacho. “No se verifica si las solicitudes de tala de madera coinciden con la realidad.”

Antes de 2018, cuando entró en vigor un permiso de tránsito en línea conocido como Salvoconducto Único Nacional en Línea(SUNL), era común que los funcionarios corruptos de la CAR otorgaran permisos de tránsito en blanco a intermediarios y transportistas, quienes luego los completaban con datos fraudulentos para transportar y vender madera de origen ilegal.

Rubén Moreno cuenta que los funcionarios corruptos de la CAR emiten permisos de tránsito con información falsa para beneficiar a intermediarios involucrados en el comercio de madera. “El funcionario anota en el permiso un volumen de madera [a transportar] que es superior al autorizado. En lugar de escribir 20 metros cúbicos, escribe que se pueden transportar 200 metros cúbicos, y con esto se lava madera [ilegal]”, según un experto forestal.

En cuanto al tráfico de especies silvestres, se sabe que agentes de la CAR bajo la influencia de agentes externos se han hecho los de la vista gorda ante el tráfico ilícito de animales y el uso indebido de especies. Cada vez es más claro que los funcionarios corruptos que trabajan para la CAR y otras agencias —como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) — evitan deliberadamente rastrear a los animales que entran y salen de los zoológicos o parques naturales, en gran parte debido a la presión de las élites “invisibles.”

Fernando Trujillo dice que hay congresistas que han invertido en proyectos de exportación de peces ornamentales, los cuales son utilizados como fachada para el tráfico de vida silvestre. Como parte de esto, los políticos presionan a las autoridades ambientales regionales y nacionales para que accedan a dar permisos y eviten los controles, según Trujillo.

Infiltración de las instituciones: de arriba a abajo

A la par que los agentes corruptos de las CAR promueven la tala ilegal y el tráfico de vida silvestre en toda la Amazonía colombiana, los funcionarios de otras instituciones públicas también facilitan los delitos ambientales. Esto ocurre sobre todo cuando las élites políticas en el poder tienen un interés financiero directo en una actividad dada, o cuando se pagan sobornos a los funcionarios a cambio de favores.

En primer lugar, cuando las élites que trabajan para las instituciones públicas tienen un claro interés en un delito contra el medio ambiente, las medidas adoptadas para detenerlo suelen ser escasas. Por ejemplo, Alejandra María Laina Agudelo, investigadora del equipo técnico sobre aplicación de la ley de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), organización no gubernamental dedicada al estudio del desarrollo sostenible y la conservación en Colombia, dice que unos funcionarios corruptos de varios ministerios tienen intereses en la apropiación de tierras en toda la región amazónica del país.

Según Laina, esto explica por qué en los últimos años se han tomado pocas medidas para combatir dicha actividad. “Sistemáticamente han trabajado para no hacer nada,” afirma, y agrega que agrega que los funcionarios de diversos ministerios “no están haciendo nada para evitar que a las comunidades indígenas les quiten sus territorios”. Ella atribuye esta falta de actividad a “los políticos involucrados” en la apropiación de tierras.

A la par, según Laina, los funcionarios del gobierno también han facilitado directamente esta actividad en los departamentos amazónicos. “Se han invertido recursos públicos en carreteras ilegales,” afirma Laina, y agrega que quienes construyeron rutas ilegales supuestamente habían “tomado prestada” la maquinaria utilizada por los gobiernos locales y regionales.

Una vez construida, esa infraestructura allana el camino para que los bosques se despejen más fácilmente, se ocupe tierra ilegalmente y se produzcan otros delitos ambientales.

Funcionarios y autoridades estatales han facilitado los delitos ambientales en toda la región a cambio de sobornos. Cocaleros colombianos han dicho que “a los soldados se les paga para que no erradiquen sus cultivos de coca o para que solo destruyan una parte, pero registran la erradicación como si hubiera sido completa. Esta dinámica es relativamente común en zonas donde el Estado tiene una débil presencia, como ha sido el caso en gran parte de la región amazónica.

Funcionarios de la policía, el ejército y la marina ubicados en zonas mineras permiten el ingreso de maquinaria a sabiendas de que será utilizada para la minería ilegal. También permiten el paso de suministros como combustible o mercurio y de los propios mineros ilegales, a cambio de sobornos. Al igual que ocurre en el fomento del cultivo de coca, estas autoridades también evitan llevar a cabo intervenciones dirigidas a la minería ilegal cuando se realizan pagos.

Por otra parte, agentes de policía en los puestos de control en carreteras y vías fluviales de toda la región reciben sobornos para permitir que los cargamentos de madera de origen ilegal pasen por dichos puestos. “Solo aceptan billetes de 50.000 pesos (US$13) o más,” dice un representante de la Mesa Forestal de la Amazonía, mesa conformada para permitir la cooperación de los sectores público y privado para poner orden en el sector forestal en toda la región.

Asegura que, en un viaje desde la ciudad costera de Buenaventura hasta la capital de Colombia, Bogotá, “un transportista puede llegar a su destino sin ningún permiso de tránsito, si lleva un millón de pesos (US$300) para sobornar a la policía.”

De hecho, diversos expertos forestales coinciden en que, para traficar madera, el pago de sobornos a policías y militares corruptos es un requisito previo. La policía intenta obtener ganancias incluso cuando se trata de madera de origen legal.

El representante de la Mesa Forestal de la Amazonía cuenta que hace aproximadamente cuatro años contrató a un camionero para que llevara un cargamento de madera de origen legal desde el departamento de Amazonas hasta Bogotá. Este transportista le cobró 4,5millones de pesos (unos US$1.200). Esta cantidad incluía un millón de pesos (casi US$300) para pagar sobornos en los retenes de la policía, porque “la policía puede requerir pagos incluso si el cargamento es legal,” dice el representante.

“Es posible que retengan un camión durante horas y digan que solo pueden dejarlo avanzar cuando llegue la autoridad ambiental pertinente para examinar [la madera]. Como el transportista no puede esperar tanto tiempo, decide pagar un soborno a la policía y seguir su trayecto.”

También se pagan sobornos para facilitar la apropiación de tierras en la región, muchas veces a los jueces. Alejandra Laina dice que a los jueces se les llega a pagar para que otorguen reclamos ilícitos de tierras en donde no deben hacerlo. Alejandro Reyes Posada, experto investigador y consultor que se ha dedicado al estudio de la apropiación de tierras, afirma que los jueces civiles han sido históricamente los que, de manera “ilegal”, han entregado tierras estatales en Colombia.

Según Mongabay, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) informó que más de 672.000 hectáreas han sido “legalizadas”, gracias a los jueces, pero “presumiblemente son tierras baldías que pertenecen a la nación”.

Por Katie Jones

Fuente: insightcrime.org