El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) abrió un proceso sancionador contra el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí.

Esto, por comprar suministros para luchar contra la pandemia de la covid-19 a una empresa en cuya directiva figuran miembros de su familia.

En la resolución, a la que ha tenido acceso el diario ‘El Salvador’, el TEG indica que se ha abierto el proceso “por la probable transgresión del deber ético regulado (…) en la Ley de Ética Gubernamental”.

Este establece que las personas sujetas a la misma deben “excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge o conviviente tengan algún conflicto de interés”.

El TEG recibió demandas contra Alabí que denunciaban que el titular de la cartera de Salud salvadoreña autorizó y compró botas para el personal médico por 225.000 dólares a la empresa Autodo S.A.

Esta, dedicada a la venta de repuestos para vehículos y en cuya directiva figuran tres primos de Alabí.

La presidenta de la empresa, Celina Quiñónez, también está vinculada al funcionario, según el portal de periodismo independiente salvadoreño Gato Encerrado.

Juicio contra ministro en El Salvador

El tribunal “estima que existen elementos para considerar una posible transgresión a la ética pública”.

Por ello, “resulta procedente ordenar a apertura del procedimiento administrativo sancionador”.

Otorga al ministro un plazo de cinco días hábiles “para que en ejercicio de su defensa formule las alegaciones y presente prueba de descargo respecto de los hechos y la infracción que se le atribuye”.

La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó a principios de la legislatura actual la conocida Ley Alabí, que blindaba las posibles investigaciones de posibles compras irregulares hechas durante la pandemia de la covid-19.

Alabí solicitó reformas a la normativa, que levanto la polémica en el país centroamericano, recientemente.

Debido a esto, la Asamblea Legislativa aprobó una modificación que excluye actos de “fraude, soborno, corrupción, robo falsificación o piratería”.

Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)

Por José Muñoz

Fuente: biobiochile.cl / Europa Press