Desde hace meses, es prácticamente imposible conseguir voces que hablen sobre la situación de Nicaragua desde dentro del propio país.

Pocos se atreven a expresar su opinión y, quienes lo hacen, solo hablan bajo la estricta promesa de que su identidad va a quedar en el anonimato.

En el último año se han aprobado leyes que criminalizan a quienes dan opiniones contrarias al Gobierno y hay miedo a las represalias.

Pero la cruzada del régimen de Ortega contra la libertad de expresión y la libertad de prensa no es reciente.

Se inició con su llegada al poder en 2007, se recrudeció durante la crisis ciudadana de 2018 y arreció alarmantemente en los meses previos a las elecciones del 7 de noviembre de 2021.

En este último tiempo fueron encarcelados los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora y los medios independientes Confidencial y 100% Noticias fueron asaltados y ocupados.

Según el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2021, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Nicaragua se encuentra, junto con Cuba y Venezuela, en la franja roja de países “sin libertad de expresión”, en los que la “prisión como medida de censura es el factor común”.

Para Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, el régimen de Ortega-Murillo, “presuntamente ‘legitimado’ por una elección claramente irregular e ilegítima, continúa ahora la presión sobre los últimos vestigios de periodismo independiente”.

“Acosa a reporteros y directivos de medios con persecuciones internas, los encarcela, les instala causas judiciales sin fundamentos, les requisa materiales, los fuerza al exilio”, agregó.

“El objetivo es claro: no solo silenciar a las víctimas directas, sino instalar un clima de autocensura”, finalizó.

Retirada de pasaporte, otra forma de acoso

Pero en Nicaragua también hay otras formas de acoso a la prensa, como la retirada del pasaporte a comunicadores.

Vladimir Vásquez, periodista del diario digital Confidencial, es el último caso. Cuando trataba de viajar a Estados Unidos, la autoridad migratoria nicaragüense le retiró su documentación.

Finalmente, decidió marchar hacia Costa Rica, donde ingresó de forma ilegal y donde su única identificación actual es una solicitud de refugio en aquel país. “Vladimir no es el primero al que le quitan el pasaporte”, dice a Deutsche Welle Enrique Sáenz, bloguero nicaragüense exiliado en Costa Rica.

“De esta manera, los obligan a salir por veredas hacia Costa Rica, sin documentos. Buena parte de los periodistas en el exterior han tenido que marcharse así”, argumentó.

“No disponer de un documento de viaje les impide salir de Costa Rica y los deja en condición migratoria irregular, obligándolos a pedir refugio. Ese ya es un castigo”, continuó Sáenz.

Mauricio Madrigal, jefe de prensa del Canal 10 de la televisión local, es otro periodista al que las autoridades retiraron el pasaporte en septiembre, cuando se dirigía a Miami a una reunión de trabajo.

“En la oleada represiva de la dictadura, los medios de comunicación y los periodistas han sido uno de los blancos preferidos”, prosigue Enrique Sáenz.

“Impedir la salida del país y quitar el pasaporte es la más reciente práctica represiva del régimen”.

Confidencial, un medio asediado en Nicaragua

Según un informe divulgado recientemente por el periodista Carlos Fernando Chamorro, desde que estalló la protesta ciudadana en las calles de Nicaragua en abril de 2018, al menos 70 periodistas nicaragüenses se han marchado al exilio.

El propio Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y una de las voces más críticas del Gobierno de Ortega, galardonado con varios premios periodísticos, se ha exiliado en dos ocasiones en los últimos tres años.

La última fue en junio de 2021, tras ser acusado por la Fiscalía de delitos de lavado de dinero, bienes y activos, y después de que el local de Confidencial fuera allanado.

“Desde su fundación, Confidencial se ha caracterizado por su profesionalismo e independencia. Según algunas mediciones, con los años se ha convertido en el medio de mayor credibilidad”, valora el nicaragüense Enrique Sáenz.

Por su parte, Carlos Jornet, de la SIP, afirma que el caso de Carlos Chamorro es “paradigmático”: “Le allanaron las oficinas de Confidencial y de los programas de TV, así como su domicilio particular, le requisaron equipos, iniciaron acciones legales en su contra hasta que debió exiliarse para poder seguir informando, en condiciones obviamente de alto riesgo y con serios problemas para sostener el medio y el acceso a las fuentes informativas. Es un ejemplo de cómo se busca exterminar la libertad de expresión de toda voz crítica a la dictadura”, dice Carlos Jornet.

Por José Muñoz

Fuentes: biobiochile.cl / DW