• Las comunidades indígenas yanomamis de Venezuela están sufriendo las crecientes invasiones de los mineros de oro brasileños, conocidos localmente como garimpeiros. Informes de grupos conservacionistas y de derechos humanos sostienen que los garimpeiros trabajan en conjunto con funcionarios venezolanos.
  • Una de las zonas más afectadas es la Reserva de la Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare, un área protegida de casi 8,5 millones de hectáreas que alberga a unos 15 000 indígenas, una gran variedad de animales y más de 500 especies endémicas de plantas.

En el sur de Venezuela, los nacimientos de algunos de los ríos más grandes del país serpentean por zonas remotas de la selva tropical amazónica cerca de la frontera con Brasil, donde los yanomamis, los yekuana y otras comunidades indígenas han vivido cientos de años. Durante la mayor parte de su historia, los yanomamis sobrevivieron sin demasiado contacto con el mundo exterior y se basaron en prácticas tradicionales de caza, pesca y cultivo.

Sin embargo, en las últimas décadas, han sufrido una creciente invasión de mineros brasileños, conocidos localmente como garimpeiros, que cruzan la frontera con maquinaria pesada para extraer oro y otros minerales. El resultado ha sido una deforestación generalizada, la contaminación de los principales ríos y la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas. Estos problemas parecen estar empeorando, según un informe de SOS Orinoco, un grupo venezolano que defiende el medioambiente.

«La actividad minera ilegal está aumentando a un ritmo alarmante y los impactos ambientales son cada vez más evidentes», dice el informe. «La acción injustificable de los garimpeiros representa una amenaza para la vida y la seguridad del pueblo yanomami».

Debido al aislamiento de la zona y al riesgo que conlleva para los forasteros que intentan investigarla, es casi imposible saber con exactitud cuántos mineros se han trasladado allí o hasta qué punto ha llegado la deforestación. Sin embargo, SOS Orinoco cree que podría haber miles de garimpeiros trabajando.

Una de las zonas más afectadas es la Reserva de la Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare, un área protegida de casi 8,5 millones de hectáreas ubicada en el sur del estado de Amazonas. En ella viven unos 15 mil indígenas, así como numerosos mamíferos y reptiles amenazados y más de 500 especies endémicas de plantas.

«Antes, las explotaciones mineras eran muy pequeñas», dice el informe. «Pero ahora, las zonas deforestadas, los cauces de los ríos alterados y la formación de lagunas son visibles en las imágenes satelitales, así como las pruebas del uso de monitores hidráulicos para remover la tierra».

Historial de violencia

Las comunidades yanomamis ocupan ambos lados de la frontera entre Venezuela y Brasil. En el lado brasileño han estado luchando contra la actividad minera desde al menos los años setenta, cuando la construcción de una importante carretera que atravesaba el territorio llevó forasteros y enfermedades a las comunidades. Los mineros comenzaron a cruzar la frontera en esa misma década y se enfrentaron a las comunidades yanomamis y a la aplicación de la ley en Venezuela durante los años noventa y principios de la década del 2000.

Cuando se fundó la Reserva de la Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare, en 1993, el gobierno venezolano luchó para proteger la zona de los mineros, en algunos casos arrestándolos y destruyendo sus campamentos.

Sin embargo, no implementaron una vigilancia más sistemática del área que podría haber evitado varios asesinatos en masa. El año en que se fundó la reserva, los mineros mataron a 16 yanomamis en un intento de exterminar una aldea. Quemaron las casas de los indígenas, lo que los obligó a reubicarse.

«Mientras toda la situación continúe, el impacto va a ser peor, no solo en cuanto al medioambiente, sino también para los derechos humanos», dijo Olnar Ortiz, coordinador nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal, una ONG que ayuda a las víctimas de la persecución injusta en Venezuela.

Bajo el mandato del expresidente Hugo Chávez, y más recientemente de su sucesor, Nicolás Maduro, el gobierno hizo en gran medida la vista gorda ante la deforestación y las violaciones de los derechos humanos por parte de los garimpeiros en el Alto Orinoco-Casiquiare. Es más, en algunos casos, parece estar alentando la actividad minera.

En 2016, el gobierno de Maduro anunció la apertura de las actividades extractivas, incluso en ecosistemas sensibles que habían recibido protección ambiental. Un área del centro de Venezuela, conocida como el Arco Minero del Orinoco, ha recibido la mayor atención de la comunidad internacional debido a la rápida destrucción ecológica producida allí a manos de grupos criminales y militares. La Reserva de la Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare, a unos 600 kilómetros al sur del arco minero, recibió menos atención a pesar de sufrir una situación similar por parte de los garimpeiros.

«En las montañas y a lo largo de la frontera brasileña, los garimpeiros que ocupan territorios yanomamis han hasta sobrevolado la zona con drones para la explotación del oro», dijo Ortiz.

Según el informe, en la actualidad, muchos yanomamis que trabajan y viven en las minas padecen enfermedades y cáncer como consecuencia del mercurio y otros productos químicos tóxicos que se utilizan para extraer el oro. Con la creciente deforestación y contaminación de los ríos, se hace cada vez más difícil llevar a cabo las prácticas tradicionales de caza y cultivo.

Crimen, corrupción y políticas medioambientales débiles

De acuerdo con el informe de SOS Orinoco, debido a que el Alto Orinoco-Casiquiare está tan aislado y es de difícil acceso, los mineros brasileños no tienen que competir con los grupos guerrilleros y las bandas como lo harían en el Arco Minero del Orinoco, pero operan con una impunidad similar y, en algunos casos, con la ayuda de funcionarios del gobierno.

Según el informe, muchos garimpeiros entran en la zona con helicópteros y avionetas y desmontan la selva para construir helipuertos, pistas de aterrizaje y una base de operaciones. A cambio de estos servicios, la Guardia Nacional supuestamente recibe una parte de los beneficios.

«Es una red muy organizada», dijo a Mongabay Martín, un miembro de SOS Orinoco que pidió permanecer en el anonimato. «No son mineros espontáneos. No son ‘aventureros’ ni nada parecido. Se trata de una industria que opera de forma muy muy eficiente —y con apoyo político—».

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.

Al parecer, el oro venezolano se transporta a Brasil a pie o en helicóptero. Una vez en Brasil, se blanquea en la cadena de suministro legal. Alrededor del 30 % de las exportaciones de oro de Brasil se extraen de manera ilegal, de acuerdo con un informe de 2021 de la Universidad Federal de Minas Gerais. El problema es que el oro es imposible de rastrear.

Como el gobierno venezolano no persigue a los garimpeiros, la carga recae por completo en Brasil. Hay aproximadamente 27 000 yanomamis que viven en el lado brasileño de la frontera, en una reserva de 9,7 millones de hectáreas. Miles de mineros continúan trabajando en la zona con poca o ninguna acción contundente de las autoridades por detenerlos.

Mientras que los tribunales de Brasil han ordenado al Gobierno que tome algunas medidas contra la minería ilegal de oro, el presidente Jair Bolsonaro también ha aflojado muchas protecciones ambientales y ha emitido decretos para aumentar la minería en su país, lo que sugiere que no habrá supervisión adicional del oro que ingresa desde Venezuela en un futuro inmediato.

«Una vez que el oro venezolano llega a Brasil, es casi imposible para las autoridades brasileñas determinar su verdadero origen», dijo Martín. «Pero lo que deberían hacer es disuadir la operación de los garimpeiros en Brasil para evitar que entren en Venezuela», comenta.

*Imagen principal: Indígenas de Amazonas, Venezuela. Foto: cortesía de SOS Orinoco. 

Por Maxwell Radwin

Traducción: Mabel Pedemonte

Fuente: mongabay.com