• El 2022 no fue un buen año para el medio ambiente en México: el país continuó como uno de los más peligrosos para los defensores ambientales, la mariposa monarca se clasificó como especie en peligro de extinción, las comunidades forestales lidian con la presencia de grupos del crimen organizado y la falta de vigilancia hace que aumenten delitos como la pesca ilegal.
  • En la Península de Yucatán, megaproyectos como el llamado Tren Maya avanzan sin importar que durante su construcción se desdeñan las leyes ambientales. Además, crece la militarización en la región.
  • Entre las acciones positivas que se dieron este año resalta la creación de tres nuevas áreas naturales protegidas. México también actualizó sus Contribuciones Nacionalmente determinadas (NDC), aunque los expertos tienen dudas de cómo el país logrará el nuevo compromiso de disminuir en un 35% sus gases de efecto invernadero para 2030.

Hay datos que es necesario no olvidar. Tenerlos presentes permite dimensionar la magnitud del patrimonio natural que aún es posible hallar en México. El país tienen el privilegio de ser uno de los más biodiversos del planeta: es la nación con más especies de pinos, la que alberga al mayor número de mamíferos marinos, la que ocupa el segundo lugar en especies de reptiles y una de las cuatro si se habla de variedades de plantas vasculares. Esa diversidad que da identidad a un territorio se desvanece cada que pasa un año sin que el medio ambiente se mire como una prioridad nacional.

En toda su historia, México no se ha caracterizado por mirar a la conservación de su patrimonio natural como un asunto vital. Tan es así que en la década de los setenta y hasta principios de los ochenta desde el mismo gobierno se fomentó la deforestación, para impulsar la agricultura y la ganadería, con el Programa Nacional de Desmontes. Fue hasta la década de los noventa, y como respuesta al impulso internacional, que el país comenzó a diseñar leyes e instituciones dedicadas al medio ambiente.

En los últimos años, cuando el mundo vive una emergencia climática y los científicos urgen a detener la pérdida de ecosistemas y de especies, en la agenda nacional estos temas siguen sin tener protagonismo.

Mongabay Latam consultó a científicos, especialistas en derecho ambiental, bosques y mares, así como a integrantes de colectivos de jóvenes indígenas involucrados en la defensa del territorio para hacer un balance de cómo termina México el 2022 si se habla de temas ambientales.

Estas voces lamentan que en las políticas públicas se ignore el incremento de la violencia en contra de los defensores ambientales y del territorio. Además, identifican acciones que comprometen el futuro de varios ecosistemas, entre ellos el desdén del mismo gobierno federal por cumplir con las leyes ambientales, el aumento de la militarización en regiones como la Península de Yucatán y el abandono de las comunidades forestales.

Lo grave: violencia contra defensores

Filogonio Martínez Merino era originario del pueblo indígena chatino y vivía en Paso de la Reina, al sur de Oaxaca. Tenía 60 años cuando fue asesinado a balazos. Su muerte se dio el 26 de octubre de 2022. Un año antes, cinco de sus compañeros e integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) también fueron asesinados.

Después de que en 2021 asesinaron a cinco personas que pertenecían a Copudever, Filogonio Martínez fue uno de los integrantes de la comunidad Paso de la Reina que solicitó medidas cautelares al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno mexicano.

Esas medidas —que se limitaron a entregar teléfonos celulares— no evitaron que Filogonio Martínez fuera asesinado. Su caso muestra que en México la violencia en contra de las personas defensoras del ambiente no da tregua.

El informe más reciente de Global Witness, publicado en septiembre de 2022, colocó a México como el país más peligroso para quienes defienden el ambiente y el territorio: 54 personas defensoras fueron asesinadas durante 2021; 40% de ellas eran indígenas.

“En el país prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural. Hay una brutal impunidad ante estos asesinatos”, señala Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), organización que desde 2014 realiza un informe anual sobre las agresiones que sufren los defensores. El informe del 2022 lo presentarán en marzo de 2023.

En abril de 2022 se cumplió el primer año de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, tratado para América Latina con el que se busca, entre otras cosas, que los Estados protejan a los defensores ambientales y garanticen un entorno seguro para la defensa del medio ambiente.

Los Estados que han ratificado el Acuerdo de Escazú, entre ellos México, se comprometieron a prevenir, investigar y sancionar los ataques e intimidaciones que sufren los defensores, pero “eso no está sucediendo en el país”, destaca Alanís Ortega y reclama que exista un silencio sobre el tema, en especial de la Secretaría de Gobernación, dependencia encargada del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Rosa Marina Flores Cruz, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio, califica como “sumamente grave” la situación de los defensores en México. Para dar más peso a su afirmación, recuerda lo que sucede con el Proyecto Integral Morelos, el cual incluye dos centrales termoeléctricas y un gasoducto. Su construcción comenzó desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Opositores a este megaproyecto han denunciando ser víctimas de criminalización, amenazas y asesinatos. El caso más conocido es el de Samir Flores, sus asesinos le dispararon afuera de su casa en 2019. Hasta ahora sólo hay un detenido. Las amenazas en contra de las personas que se oponen al proyecto continúan.

“Este es solo uno de los casos”, dice Marina Flores, quien también es integrante de la Red Futuros Indígenas, colectivo que reúne a jóvenes de más de 20 pueblos indígenas y que miran la defensa del territorio como la defensa de la vida.

Marina Flores menciona que con el actual gobierno, “que se nombra progresista y cercano al pueblo”, se está creando una situación muy delicada en las comunidades que eleva el riesgo de los defensores de ambiente y territorio.

Con sus programas sociales, “este gobierno —dice Marina Flores— está generando una dinámica de clientelismo muy fuerte en los territorios”. Eso ha llevado a que se eleven los enfrentamientos entre quienes están en contra o a favor de los megaproyectos. Incluso, la misma gente de las comunidades es la que vigila a quienes se oponen a las políticas del gobierno federal. “Si a eso le sumas la militarización que se está dando en el país, el panorama se complica aún más”.

Lo preocupante: un tren que cruza la selva

En el 2022 se hizo más evidente la urgencia del gobierno federal por construir el llamado Tren Maya en la Península de Yucatán. En este año también se escucharon más voces en contra de este megaproyecto que, de acuerdo con los planes gubernamentales, tendrá 1 500 kilómetros de vías que atravesarán cinco estados del país y cuyo costo podría alcanzar los 20 000 millones de dólares, unos 8 millones de dólares más de lo que se había previsto.

Ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y comunidades demostraron que en varios tramos del proyecto las obras comenzaron sin que se contara aún con la aprobación de la Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). Eso llevó a que los tribunales otorgaran varios amparos que obligaban a las empresas y al gobierno a detener los trabajos hasta que se resolviera el asunto jurídico. Eso no sucedió. En todos los casos, las labores continuaron.

Gustavo Alanís, director de Cemda, también recuerda que en algunos tramos del tren se talaron zonas sin contar con todos los permisos ambientales, entre ellos las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal y, por lo tanto, se ignoró lo que señala la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “fue omisa. Debió haber clausurado las obras y exigido la restauración”.

Con la construcción de la refinería Dos Bocas sucedió algo similar: se taló una zona de manglar sin tener las autorizaciones ambientales, pese a que el Artículo 418 del Código Penal Federal señala que se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y una multa a quien ilícitamente desmonte o cambie el uso de suelo forestal.

“Al ser obras del gobierno tendrían que ser impecables, cumplir con todas la normatividad. Al no hacerlo, se están violentando los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de división de poderes”, señala la doctora Marisol Anglés Hernández, especialista en derecho ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En el caso del Tren Maya, la investigadora menciona que son muchas las implicaciones ambientales que se tendrán al presentar MIAs por cada uno de los tramos y no por todo el proyecto. “Eso es minimizar los impactos, cuando en realidad los daños son gigantescos”.

A principios de diciembre, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos señalaron que considerar el proyecto del Tren Maya como un tema de seguridad nacional, “no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales”.

En un comunicado, los expertos de la ONU también señalaron que las personas defensoras de los derechos humanos que han dado a conocer las irregularidades que rodean al megaproyecto enfrentan amenazas, ataques y acceso limitado a un tribunal independiente e imparcial.

Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, señaló que “la creciente participación del ejército en la construcción y gestión del proyecto también suscita una gran preocupación”.

A partir de marzo ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) iniciaron la construcción de todo el Tramo 5 del llamado Tren Maya, después de que se cambió la ruta y se canceló la licitación que había ganado Grupo México, empresa que ahora reclama una indemnización.

El Tramo 5 es solo uno de los tres que están a cargo de la Sedena. La participación de los militares no se limita solo a la construcción del megaproyecto. El presidente López Obrador ha señalado que será una empresa del ejército la que administre el llamado Tren Maya, además de los aeropuertos de Tulum, el de Chetumal y el de Palenque. Las utilidades que genere esta compañía, dijo el presidente en diciembre de 2020, se destinarán a “fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas”.

Durante una comparecencia en el senado realizada a principios de diciembre, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, defendió la construcción del Tren Maya al destacar que “en las comunidades se ve como una virtud que pueda cambiar su realidad, haciendo desarrollo sustentable”.

Para la investigadora Marisol Anglés, el Tren Maya es todo lo contrario a un desarrollo sustentable: es una obra que además de destruir la selva maya, ignora toda la evidencia científica que alerta sobre la fragilidad del suelo calcáreo de la Península de Yucatán.

El doctor Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM, resalta que el megaproyecto y los desarrollos de infraestructura que se realicen a su alrededor, entre otras cosas, contribuirán a modificar el flujo hídrico de la Península y eso tendrá efectos en toda la región, en especial en lugares como la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an y en especies que dependen de la dinámica hidrológica que hay en la zona.

“Cuando destruimos todo eso en aras del malentendido turismo, provocamos pérdida de biodiversidad”, advierte Zambrano.

Lo crítico: un sector ambiental sin recursos

Para 2022, el gobierno federal destinó al sector ambiental un presupuesto de poco más de 40 795 millones de pesos (poco más de 1 986 millones de dólares), cifra que no se compara con los más de 67 mil millones de pesos que tuvo en 2015. Fue justo en ese año cuando comenzaron a mermar los recursos gubernamentales para el medio ambiente.

En los últimos siete años, de acuerdo con cálculos realizados por Cemda, los recursos que México destina al sector ambiental se ha reducido en casi un 60 %. Ese bajo presupuesto, señalan varios de los entrevistados, ha tenido consecuencias en la falta de personal y de recursos para realizar acciones de inspección y vigilancia en áreas naturales protegidas y otras zonas de importancia ambiental.

Las 138.7 millones de hectáreas de terrenos forestales que tiene el país (71 % de la superficie terrestre nacional) también han padecido la falta de recursos. Para el 2022, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) contó con un presupuesto de poco más 2 440 millones de pesos (alrededor de 123 millones de dólares), cantidad que se diluye si se compara con los más de 29 mil millones de pesos que recibió Sembrando Vida, el principal programa social del gobierno de López Obrador.

La falta de recursos para el sector forestal se refleja, entre otras cosas, en el aumento de la superficie de bosques afectadas por plagas: en 2020 fueron 47 807 hectáreas, para 2022 ese número llegó a 56 251 hectáreas.

“Se ha erosionado de manera importante las capacidades institucionales del sector ambiental, porque se ha ido mucha gente con conocimiento técnico y por la falta de presupuesto”, señala José Iván Zúñiga, gerente de bosques de WRI-México.

Además de la disminución de recursos, el sector ambiental se ha enfrentado a una reestructuración que ha llevado a que la Semarnat absorba a dependencias como el Instituto Nacional de Cambio Climático (INECC) y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Esta última, además, cambió de secretario ejecutivo: después de 30 años, el doctor en ecología José Sarukhán dejó ese cargo y en su lugar se nombró al doctor en Estudios urbanos Daniel Quezada.

Al comparecer ante los senadores, la secretaria María Luisa Albores aseguró que la Conabio no desaparecerá, “se integra como Unidad Administrativa de la Semarnat, lo que da certeza presupuestal, laboral, jurídica y administrativa a su personal”.

Para investigadores como Luis Zambrano, lo sucedido con la Conabio es una muestra de “la destrucción de instituciones que costó mucho trabajo forjar… Lo que necesitamos son grandes instituciones que verdaderamente protejan el ambiente y no estén a las órdenes del capricho de una persona; instituciones que impulsen la investigación científica de alta calidad para tomar buenas decisiones”.

Lo lamentable: biodiversidad y comunidades forestales, en el olvido

A finales de julio de 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) clasificó como una especie En Peligro de extinción a la mariposa monarca que cada invierno migra a los bosques del centro de México.

Además de la monarca migratoria, hay decenas de especies en México que también están en riesgo de solo ser pasado. Una de ellas es la vaquita marina, que sólo se encuentra en el Golfo de California, y varias especies de ajolote como el Ambystoma mexicanum, endémico del Valle de México.

El que estas especies no logren recuperar sus poblaciones es una muestra de “nuestra completa incapacidad como sociedad y como gobierno para entender la importancia de conservar especies”, señala el doctor Zambrano.

Además, el investigador alerta que con megaproyectos como el Tren Maya “se está destruyendo el hábitat de muchas de las especies. Se están consolidando las bases para tener grandes extinciones en el futuro”.

En varias regiones del país en donde los bosques y selvas están siendo talados para sustituirlos por infraestructura urbana, turística o monocultivos, también se está dando la pérdida de las interacciones ecológicas. “En un ecosistema una especie puede estar interactuando con decenas de especies. Una sola perturbación en una especie puede tener efectos en cascada”, explica el doctor Alfonso Valiente Banuet, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.

Esta pérdida de cobertura forestal se está dando en regiones como Jalisco, Michoacán, Chiapas, Campeche o Quintana Roo, como Mongabay Latam lo documentó en la investigación periodística Sembrar Deforestación.

Hasta diciembre de 2022, la Semarnat ni la Conafor habían dado a conocer cifras oficiales y actualizadas sobre la deforestación en México. En el Sistema Nacional Información Forestal los últimos datos disponibles son de 2019 cuando la superficie deforestada alcanzó las 226 581 hectáreas.

Los análisis de la Universidad de Maryland y de la plataforma Global Forest Watch muestran que México perdió 300 000 hectáreas de cobertura arbórea en 2020. Para 2021 esa cifra disminuyó a 189 000 hectáreas. Estos datos fueron los que presentó la titular de la Semarnat en su comparecencia ante los senadores para asegurar que “nuestro país regresó a los niveles de pérdida de cobertura forestal que se tenía hace diez años”.

José Iván Zúñiga, gerente de bosques de WRI-México, señala que “el que se esté reduciendo la tasa de pérdida de ecosistemas forestales no indica que necesariamente vayamos mejor, sobre todo porque se siguen perdiendo ecosistemas de gran importancia, sobre todo las selvas del sur y sureste del país; en especial la Península de Yucatán y Chiapas”.

Además, Zúñiga observa otras situaciones preocupantes que se están dando en los territorios en donde hay bosque: “Las comunidades con recursos forestales cada vez se ven más afectadas por los problemas de inseguridad. No sólo sufren de tala ilegal, también hay una falta de control y acceso al territorio. La inseguridad está impactando el tema de la gobernanza dentro de las comunidades”.

Hay regiones en donde los grupos armados están obligando a las comunidades y ejidos a venderles las materias primas a un precio que ni siquiera paga el costo de producción. En otras zonas, esos grupos están tomando el control de los aserraderos. También hay comunidades que son extorsionadas. Y hay casos en donde estos grupos se encargan de talar el monte.

Además, en los últimos años, los apoyos y la atención gubernamental se concentra solo en aquellas pequeñas comunidades y ejidos que hacen manejo forestal comunitario. “Hay mucha desatención a las iniciativas comunitarias más grandes y avanzadas”, menciona Zúñiga. Lo ideal, dice, sería que se atendiera a todas las comunidades forestales.

Zúñiga recuerda que cuando se invierte en el sector forestal hay beneficios económicos, sociales y ambientales: “Son las mismas comunidades las que atienden las plagas, las enfermedades forestales, los incendios e impiden la tala ilegal. Mantienen el monte en buen estado”.

Lo que se ignoró: pesca ilegal e iniciativas de ley

México además de ser un país forestal también es una nación con un patrimonio natural marino que no es apreciado y, por lo tanto, conservado.

En el país “los mares están teniendo una presión muy elevada”, resalta Renata Terrazas, directora de Oceana México. Esta organización ha documentado que 40 % de la pesca que se da en los mares mexicanos es ilegal, debido a que no se respetan las vedas, se utilizan artes de pesca prohibidas y se realiza esta actividad en áreas naturales protegidas.

Hay un dato que muestra la situación crítica de las biodiversidad de los mares mexicanos: 40% de las especies de interés pesquero presentan algún grado de deterioro. Y aún así, “no hay autoridad que esté actuando… Hay un problema gigantesco con la falta de inspección y vigilancia”.

Terrazas destaca que “hay algunos actores del gobierno que no alcanzan a entender la importancia del tema ambiental”. Como ejemplo menciona a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), dependencia que ha ignorado la creación de al menos 100 000 hectáreas más de refugios pesqueros para el 2024, un compromiso que el país estableció como parte de la Estrategia de Instrumentos para una Economía Oceánica Sostenible en México 2021-2024.  

Los legisladores también ignoraron varias de las urgencias que tiene México en materia ambiental. En 2022 se volvió a dejar en el olvido la nueva Ley de Aguas que garantice el derecho humano al agua, pese a que este año ciudades como Monterrey vivieron una severa crisis hídrica.

“No podemos seguir con una ley de aguas de 1992 que es totalmente obsoleta, incluso con el marco constitucional y que no le da importancia a las aguas subterráneas”, destaca la doctora Marisol Anglés, especialista en derecho ambiental.

Otra ley que no se ha querido modificar es la que regula las concesiones mineras. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que, durante los cuatro años que lleva su administración, no se han dado nuevas concesiones mineras. Esto no es suficiente para las comunidades, organizaciones civiles y personas de la academia que forman parte del colectivo “Cambiemosla Ya” y que desde 2019 impulsan modificaciones a la Ley Minera en México.

“Tenemos más del 70% del país mapeado con concesiones mineras. Entonces —remarca la doctora Anglés— no se trata de si ya no se dan más concesiones, se trata de reconducir la actividad minera a un ámbito más riguroso en controles sociales y ambientales, para que realmente se puedan garantizar los derechos al medio ambiente sano, al agua y a la salud de las personas”.

Lo bueno: más áreas naturales protegidas

Semanas antes de que terminara el 2021, el gobierno mexicano publicó el decreto con el que se declararon poco más de 111 160 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, en el estado de San Luis Potosí, como Área de Protección de Flora y Fauna.

En marzo de 2022, 14,000 hectáreas de la zona del Lago de Texcoco, en el Valle de México, se declararon Área de Protección de Recursos Naturales. Y en julio, 2249 hectáreas en Quintana Roo se decretaron como Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar.

Con estas tres nuevas áreas, México cuenta con 90 millones 958 mil hectáreas bajo algún mecanismo de protección. “Las tres nuevas ya tienen una plantilla de trabajadores”, aseguró la titular de la Semarnat durante su comparecencia ante senadores. Además, mencionó que ya se trabaja en sus planes de manejo.

“Las Áreas Naturales Protegidas se quedan en instrumentos de papel si no tienen plan de manejo”, señala la doctora Anglés.  Mientras que investigadores como Luis Zambrano consideran que los decretos no funcionan si a esas áreas no se les destina presupuesto suficiente.

A finales de 2021, la organización Oceana México publicó una investigación en donde evaluó el estado de 39 áreas marinas protegidas. Los resultados mostraron que todas tienen problemas de gobernanza, presupuesto y mejora pesquera.

La directora de Oceana México reconoce que al interior de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) existe voluntad por fortalecer las herramientas necesarias para proteger las Áreas Naturales Protegidas; “están abiertos a revisar los planes de manejo y buscar actualizarlos”.

Hay otra acción en donde se dio un paso, gracias a la presión de la sociedad civil. Después de más de un año de retraso y de que organizaciones ambientales recurrieran a tribunales, México actualizó sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), es decir, aquellos compromisos para cumplir con la reducción de gases de efecto invernadero.

“Es bastante positivo que México haya decidido aumentar a 35% la meta de reducción de sus concentraciones de gases de efecto invernadero”, señala Gustavo Alanís, director de Cemda. Sin embargo, también destaca que lo difícil será implementar las acciones que realmente lleven a cumplir esa meta.

En su comparecencia en el senado, la titular de la Semarnat explicó que se buscará cumplir con esa meta con una mayor inversión en energías renovables. Entre los proyectos que se contemplan están “la construcción del parque fotovoltaico más grande de América Latina, en el Santuario de El Pinacate”, además de aumentar la inversión en las hidroeléctricas que ya existen en el país.

Marina Flores Cruz, de la Red de Futuros Indígenas, plantea que si de verdad se quiere contribuir a combatir la crisis climática “el Estado debe garantizar la autonomía y autodeterminación de las comunidades para gestionar sus tierras, fortalecer el acceso a la tierra sin debilitar las formas agrarias colectivas con proyectos como Sembrando Vida, que lo que hace es incrementar las divisiones”.

Por Thelma Gómez Durán

Fuente: mongabay.com